A medida que las manifestaciones del cambio climático se hacen cada vez más apremiantes, se intensifica la guerra para ver quién logra formular sus causas, efectos y soluciones. En todos los ámbitos, populares y políticos, una de las cuestiones políticas clave de nuestra época será cuáles voces se harán oír y cuáles no. En la esfera de la política internacional hoy el género brilla por su ausencia en los debates sobre cambio climático. De hecho, en los dos principales acuerdos internacionales sobre calentamiento global, la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, faltan las palabras “mujeres” y “género”. A esta invisibilidad del género se oponen tanto el saber como la defensa feministas recientes, señalando en particular la importancia de dar una dimensión de género al análisis de la vulnerabilidad y la adaptación al calentamientot global.
El trabajo feminista sobre la vulnerabilidad se basa en investigaciones previas sobre los factores que hacen que determinadas poblaciones corran más riesgos en las catástrofes naturales como inundaciones y sequías, condiciones meteorológicas extremas que podrían volverse más frecuentes a consecuencia del calentamiento global. Por ejemplo, en aquellos sitios donde las mujeres tienen menor acceso a alimentos y salud que los hombres, ya empiezan con una desventaja al enfrentarse a catástrofes naturales y presiones ambientales. Puesto que son las principales encargadas de cuidar a niños y ancianos, posiblemente tengan menor movilidad. Las restricciones culturales a la movilidad de la mujer pueden agravar el problema. En el ciclón de Bangladesh de 1991 murieron muchas más mujeres que hombres porque las advertencias tempranas aparecían en espacios públicos donde la entrada de las mujeres está prohibida y las mujeres no se decidían a dejar sus hogares por temor a que fuera impropio.
Más que confiar en generalizaciones amplias, la teoría y la práctica feministas han identificado cartas de riesgos sensibles al género, donde las mujeres pueden marcar sus puntos vulnerables en términos de los cultivos que plantan, los recursos que controlan o no, su acceso al riego, a los mercados, a la información, etc. En este sentido, el análisis de género es una herramienta para explorar diversos contextos y lograr soluciones efectivas en lo local, en lugar de buscar una comprensión única de la vulnerabilidad.
Hasta ahora, gran parte de la literatura sobre género y vulnerabilidad al cambio climático se ha centrado en mujeres del medio rural del Sur global a pesar de que en pocas décadas la mayor parte de la población del mundo vivirá en ciudades. El huracán Katrina ilustra el hecho de que el Norte tampoco es inmune a las condiciones climáticas extremas, y el grado de vulnerabilidad de las personas de Nueva Orleáns se correlacionó estrechamente con [los factores] género, pobreza, raza, edad, clase y las intersecciones entre éstos. Puesto que es probable que en los años venideros aumenten los riesgos asociados con el cambio climático, una cartografía y una recolección de información de los riesgos que tengan en cuenta el género constituirían herramientas útiles para las comunidades tanto rurales como urbanas del mundo entero.
También queda mucho por hacer para que los sistemas de alarma temprana tengan más en cuenta las cuestiones de género. Según Maureen Fordham, de la red Gender and Disaster Network, este campo está dominado más que nada por expertos del sexo masculino y tradicionalmente se hace énfasis en enfoques científicos y técnicos ('duros') para identificar los peligros y solucionar los problemas, sin prestar mucha atención a la importancia de las redes de mujeres y otros grupos de ciudadanos en la creación de sistemas de alarma informales. La esfera de la gestión de la catástrofe también está dominada por hombres, y a menudo la respuesta al desastre deja de lado las necesidades de las mujeres en materia de información y servicios.
Dado que los acuerdos internacionales sobre cambio climático ignoran casi por completo las cuestiones de género, no sorprende que se haya prestado tan poca atención al hecho de que estos mismos acuerdos puedan tener resultados discriminados por género. En su crítica a la posición del Protocolo de Kyoto sobre el comercio del carbono, Larry Lohmann, de la organización británica The Corner House, señala que del Protocolo resultan sistemas de contabilidad del carbono que marginan los aportes de fuentes no empresariales, no estatales y no calificadas en relación con la estabilidad climática y están creando nuevas formas excluyentes de derechos de propiedad. Prefieren proyectos de captura de carbono a gran escala, que pueden tener consecuencias negativas tanto en lo ambiental como en lo social. Por ejemplo, en Minas Gerais, Brasil, la empresa Plantar S.A. ha solicitado fondos de carbono para la expansión de sus monocultivos de eucalipto. Estas plantaciones, además de ocupar tierras fiscales que deberían corresponder a los campesinos pobres, disminuyen el abastecimiento de agua y reducen la biodiversidad en alto grado.
Es probable que ese tipo de plantaciones tengan varios efectos discriminatorios para la mujer. Por ejemplo, las mujeres no podrán acceder a las plantaciones para recoger leña y los pocos empleos que generarán, como por ejemplo guardias forestales, serán para los hombres. Puesto que en muchos lugares las mujeres dependen de las plantas silvestres tanto para la alimentación como para la domesticación de semillas, la pérdida de la biodiversidad podría disminuir su capacidad de sustento. Tampoco es probable que estas plantaciones resuelvan las necesidades energéticas a largo plazo de las mujeres pobres. Según Margaret Skutsch, de la red Gender and Climate Change Network, el Mecanismo para el Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto efectivamente ha cerrado la puerta a las soluciones no empresariales y a pequeña escala tales como los sistemas que promueven el control local de los bosques existentes y el mejoramiento de su capacidad de captar carbono y producir leña en forma sustentable.
En general se han hecho pocos esfuerzos por analizar la forma en que las relaciones de género afectan las causales del cambio climático. Por ejemplo, en el Norte, que carga con la mayor responsabilidad por el calentamiento global, el sector del transporte es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero. Con la posible excepción de EEUU, es menos probable que las mujeres del Norte tengan auto y más probable que utilicen el transporte público. Además, en Europa los autos conducidos por mujeres tienden a ser más pequeños y más eficientes energéticamente porque no se los considera un símbolo de categoría social. Este último punto subraya la necesidad de observar las dimensiones de género de los deseos del consumidor en tanto afectan la utilización de la energía. La publicidad es muy discriminatoria; en los avisos de automóviles de EEUU, por ejemplo, el típico conductor de vehículos deportivos utilitarios o camionetas es un hombre, solo o con sus amigos, que sale a conquistar la naturaleza hostil. Si aparecen mujeres son siempre atractivas y hermosas, para añadir un elemento de “sex appeal”. Así las nociones de masculinidad y femineidad se despliegan estratégicamente para crear y sustentar una cultura dilapidadora y sedienta de combustible, desde la promoción de vehículos todo terreno como “juguetes para muchachos” a la cruza civil-militar del Hummer (propagandeada como la "camioneta todo terreno de estirpe militar") como poderoso símbolo de la hombría estadounidense.
Dar al cambio climático una dimensión de género exige también observar de cerca la delgada línea entre las inquietudes justificadas sobre las amenazas planteadas por el calentamiento global y el despliegue estratégico de discursos alarmistas para generar apoyo al Protocolo de Kyoto y también servir otros objetivos más problemáticos. Aquí hay que observar muy bien los discursos discriminatorios implícitos y explícitos que refuerzan las percepciones negativas para con las mujeres y los pobres.
Un buen ejemplo es el intento de incriminar a las mujeres en relación con la amenaza demográfica. Las predicciones apocalípticas de un crecimiento demográfico que exceda la capacidad locativa del planeta son populares desde hace mucho tiempo en círculos ambientalistas del Norte, en especial en EEUU, donde existe una relación de larga data entre el grupo de presión por el control de la población y el movimiento ambientalista más corriente. Quienes pretenden que la culpa del calentamiento global pase del consumo y los patrones de producción del Norte a los pobres del Sur se sirven a menudo de argumentos demográficos alarmistas.
Por ejemplo, el profesor Chris Rapley, director de la British Antarctic Survey, apareció hace poco en los titulares de la prensa británica cuando declaró que sin una reducción significativa de la población había pocas esperanzas de combatir efectivamente el cambio climático. El mensaje implícito es que hay que controlar la fertilidad de las mujeres. Tal forma de razonar contribuyó en el pasado a la instrumentación de medidas draconianas de control de la natalidad profundamente nocivas para la salud y los derechos de las mujeres.
El alarmismo demográfico aparece también en las imágenes de olas hambrientas de refugiados del calentamiento global desembarcando en nuestras costas, como en el estudio encargado por el Pentágono en 2003 que describe la hipótesis de un cambio climático abrupto, donde la reducción de la capacidad locativa en zonas superpobladas provoca cada vez más guerras, enfermedad, hambre y finalmente migración hacia el Norte. Este tipo de narrativa amenazadora incorpora a las mujeres a un retrato amenazador general de los pobres del Tercer Mundo y refuerza la autoridad de las agencias nacionales de seguridad por sobre las iniciativas civiles para combatir el cambio climático.
Una forma de oponerse a tales maniobras militares es concentrarse en la forma en que los mismos militares tienen un papel significativo, si bien no tenido en cuenta, en el calentamiento global. El Departamento de Defensa es el principal consumidor de combustible en EEUU y da cuenta del 1,8% del total del combustible para transporte de la nación. No es poca contribución al calentamiento global, dado que EEUU es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. En todos los demás lugares los militares consumen cantidades desproporcionadas de energía; se calcula que los militares de todo el mundo usan en conjunto la misma cantidad de productos del petróleo que Japón, una de las mayores economías del mundo. En el caso de EEUU, la ironía es que actualmente los militares están usando enormes cantidades de combustible para alimentar una guerra en Irak que se está peleando, al menos en parte, para garantizar el futuro control estadounidense de las reservas de petróleo.
Echar un vistazo, con el género en mente, tanto al militarismo como al cambio climático plantea varias preguntas interrelacionadas. Desde el punto de vista del género, ¿cuál es la política para establecer prioridades estratégicas y presupuestales? ¿De qué forma las ideologías de masculinidad y las redes de hombres poderosos modelan las políticas de defensa, protegen a los militares de la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero y determinan que gastar en defensa convencional es una prioridad mucho más importante que invertir en energías y tecnologías limpias?
¿De qué modo la cultura militar masculina repercute sobre las elecciones de los consumidores, mediante productos como la camioneta Hummer, y sustentan formas de vida dilapiladoras de energía?
¿De qué modo un estado de guerra socava las libertades democráticas, expulsa a las mujeres de la vida pública y reduce el espacio para un debate participativo sobre la manera de encarar el calentamiento global?
¿De qué forma el militarismo multiplica o intensifica la vulnerabilidad de la mujer al cambio climático? En el caso de catástrofes naturales inducidas por el calentamiento global, por ejemplo, ¿aumentará el riesgo de violencia sexual si los gobiernos confían en las instituciones militares para brindar ayuda y mantener el orden?
Por el lado más positivo, ¿cómo pueden los movimientos de mujeres por la paz y el medio ambiente contribuir a una visión más amplia de la justicia climática y soluciones más practicables que reduzcan las emisiones al tiempo que aumenten los ingresos y el poder de las mujeres y los hombres pobres?
Estas son apenas algunas de las preguntas que tenemos que plantearnos si queremos provocar una transformación en el escenario del cambio climático formando una oposición feminista y a favor de la justicia social.
Por Betsy Hartmann, ZNet Commentary, 10 de abril de 2006
-- Betsy Hartmann es la directora del Programa sobre Población y Desarrollo del Hampshire College en Amherst, Massachussets. Junto con Joni Seager es coautora de la reciente publicación “Mainstreaming Gender in Environmental Assessment and Early Warning” (PNUMA, 2005) y coeditora, con Banu Subramaniam y Charles Zerner, de “Making Threats: Biofears and Environmental Anxieties” (Rowman and Littlefield, 2005).