La Reserva de la Biósfera Maya en la región del Petén ha estado en el centro de una fuerte controversia en la que han estado involucradas comunidades campesinas, ONGs guatemaltecas e internacionales, el gobierno nacional y empresas petroleras. El problema comenzó en 1997, cuando el gobierno hizo un llamado a licitación para la explotación petrolera en un área de 300.000 hectáreas pertenecientes a esa Reserva, parte de la cual comprende un territorio que ha sido tradicionalmente utilizado por las comunidades locales. En febrero de 1999 un conjunto de organizaciones guatemaltecas emitieron una fuerte declaración denunciando la situación y exigiendo una solución definitiva al problema (ver Boletín 21 del WRM).
La empresa Basic Resources International, que tiene un contrato petrolero, está siendo duramente cuestionada por la ilegalidad del contrato y por los impactos ambientales de sus operaciones. Hasta el momento ha perforado 32 pozos en la "Laguna del Tigre", que es parte de la Reserva de la Biósfera Maya y ha construido 120 Km de oleoductos. La refinería "La Libertad" está situada cerca a la zona protegida.
El Congreso Nacional está revisando el contrato 2-85, debido a probables perjuicios económicos para el país. El secretario de Medio Ambiente de la Presidencia, Haroldo Quej Chen; el comisionado presidencial para el medio ambiente, Jorge Cabrera; el procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango; los diputados de la comisión ambiental del Congreso de la República y la población civil del Petén, agrupadas en las organizaciones ACOFOP, SUCHILMA, COCHICLE, CLOROFILA (asociaciones de madereros, xateros y extractores de pimienta y chicle las tres primeras, y ecologista y ambientalista la última) se han pronunciado exigiendo el cese de operaciones de Basic del Petén.
Basic Resources ha resuelto pasar a la ofensiva frente al creciente cuestionamiento contra sus operaciones en Guatemala. Rodolfo Sosa, presidente de la empresa, acusó a Oilwatch y a Hivos de dirigir una campaña en contra de las actividades de su empresa, con el fin de detener sus actividades, y de ser "los enemigos de Basic" y ha respondido con una campaña publicitaria donde pretende mostrar que las actividades de la empresa son respetuosas del ambiente.
Pero sectores de la sociedad guatemalteca han reaccionado. En enero del 2000, la organización Colectivo Madre Selva señaló que la zona "está sufriendo los efectos que la actividad petrolera provoca: apertura de carreteras, explosiones de dinamita, lodos químicos, gases venenosos, contaminación de aguas, suelos y aire, colonización de las áreas y degradación ambiental, social y de la salud". En marzo un grupo de ciudadanos y organizaciones solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que niegue el "amparo definitivo" que pide Basic Resources, argumentando que dicha compañía está causando daños irreparables al ecosistema del Petén y que la Reserva de la Biosfera Maya es un patrimonio no sólo de los actuales guatemaltecos sino también de generaciones venideras. En caso de que la Corte aprobase el "amparo" pedido por la empresa, significaría el otorgamiento de 192.233 hectáreas adicionales para la exploración y explotación de petróleo dentro del Parque Nacional. Los denunciantes sostienen que el proceso es ilegal, dado que cuando se suscribió este contrato ya existía la Ley de Areas Protegidas y la Ley de la Reserva de la Biosfera Maya.
Artículo basado en información del Boletín Resistencia (Oilwatch) No.4, junio 2000