En Guatemala, como en varios otros países del Sur, las comunidades indígenas y el ambiente pagan un alto costo por la expansión de los agrocombustibles. Deforestación, desplazamiento forzoso, amenazas, detenciones ilegales y hasta el asesinato signan este avance.
La organización Salva la Selva denuncia una situación que viene ocurriendo en los últimos tres años en un área conocida como “Finca Los Recuerdos”, donde el Ingenio Guadalupe, una de las empresas productoras de etanol del país, ha estado deforestando en tierras indígenas para plantar caña de azúcar con destino a la producción del referido combustible.
En medio de una crisis alimentaria y del aumento de precios de los alimentos, el 30 de junio de este año, 60 familias Keqchi de La Isla, Caserío el Morador Semano, Corazón de Maíz y Teleman Punto 15, en Panzos, intentaron recuperar parte de su tierra para cultivarla y producir alimentos.
En respuesta, según consigna Salva la Selva, “fueron atacados por paramilitares asociados a la compañía. Durante este ataque, les dispararon desde un helicóptero, resultando herido un hombre de 35 años, padre de tres niños, quien tuvo que ser hospitalizado. Al día siguiente, las familias y representantes de la organización campesina CUC, realizaron una protesta pacífica durante la cual volvieron a ser atacados por los paramilitares, a quienes acompañaban dos representantes del Ingenio Guadalupe. Hubo disparos, amenazas de muerte, y dos mujeres resultaron detenidas de manera ilegal.” En la zona de Coatepeque también ocurrieron ataques similares por la expansión de la palma de aceite para la producción de biodiesel.
De acuerdo a las informaciones facilitadas por el CUC, y por la organización internacional de derechos humanos Rights Action, esos eventos son representativos de lo que está pasando en toda Guatemala. Miembros del CUC denuncian lo siguiente: “Hacemos ver que el gobierno no tiene medidas claras para enfrentar la crisis alimentaria y de altos precios, y lo hacemos responsable de la reacción y acciones que tome la población ante el agravamiento de la crisis”.
Hasta ahora las medidas que se han adoptado han ido en apoyo de los intereses de los grupos del agronegocio, para que éstos, tal como se denuncia, “obtengan de forma ilegal tierras que pertenecen a comunidades indígenas, y donde la violencia cometida por paramilitares e incluso por las fuerzas de seguridad del Estado se utiliza para desplazar a comunidades”.
La destrucción ambiental y la violación de los derechos humanos es promovida por el sistema financiero mundial: en enero de este año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó una financiación que habilita al gobierno guatemalteco a desarrollar una estrategia nacional de agrocombustibles. Eso inevitablemente se traducirá en más deforestación, más apropiación de tierras, más desplazamientos forzosos, más violación de los derechos de las comunidades indígenas...
El BID es uno de los mayores financiadores de la expansión de los agrocombustibles en Latinoamérica y está preparando créditos privados por valor de $3 billones. Rights Actions exhorta a realizar una acción ante el BID, denunciando la situación y reclamando la suspensión inmediata de todo apoyo y financiación a la producción de agrocombustibles en Guatemala mediante una carta que finaliza diciendo: “La producción de agrocombustibles en Guatemala ha incrementado la deforestación, la desertificación y acelera el cambio climático. También incrementa el hambre, y viola los derechos territoriales de las comunidades indígenas, incrementando la represión violenta. Por favor, suspenda inmediatamente su apoyo a los agrocombustibles en Guatemala.” (accesible en http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=283).
Artículo basado en información obtenida de: “Empresa de agrocombustibles reprime violentamente a indígenas en Guatemala”, Salva la Selva, http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=283