El municipio de Chichicastenango se encuentra en el departamento de Quiché, uno de los más poblados del país y que posee mayor número de idiomas mayas como el Uspanteco, Ixil, Sacapulteco, Quekchí y Quiché. Para llegar a este municipio se tiene que conducir por una carretera que atraviesa altas pendientes, con curvas cerradas y profundas barrancas, algunas de éstas cubiertas aún por bosques mixtos, compuestos principalmente de pinos y encinos. La ubicación de este municipio es en el altiplano occidental del país, por lo que su clima es templado y frío. Además de ser un importante centro religioso, es un punto estratégico para el comercio de artesanías, verduras, frutas, textiles, tejidos y animales, entre otros. Es aquí donde se desarrolla uno de los mercados más grandes del país.
Los bosques de Chichicastenango han sufrido fuertes procesos de degradación y en la actualidad sólo es posible encontrar bosques en buen estado de conservación en la parte norte del municipio. El resto de los ecosistemas boscosos se encuentran fragmentados, formando asociaciones de árboles con cultivos agrícolas.
En ese contexto, resulta relevante analizar el conflicto surgido en los últimos meses en torno a la autorización de licencias de corte entre la Alcaldía Indígena de Chichicastenango y el Instituto Nacional de Bosques (INAB).
Según la ley, sólo las alcaldías municipales pueden extender permisos de corte, estableciendo que el volumen no puede exceder los 10 metros cúbicos al año y que las operaciones de corta sólo se pueden hacer dentro del perímetro urbano.
Amparándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Alcaldía Indígena ha tomado en sus manos la extensión y autorización de los permisos y licencias de corte, que el INAB considera una intromisión en sus funciones, como en este caso sería la extensión de un documento legal que en teoría debía ser extendido por ese Instituto.
La Alcaldía Indígena argumenta que el INAB autoriza permisos de corte de forma desmedida, con muchos errores en su procedimiento, tales como la falta de verificación y seguimiento al número de árboles que se autoriza talar. Además manifiesta el desconocimiento por parte de las autoridades sobre el derecho y normas que rigen a la sociedad indígena.
Este conflicto ha sido presentado al Comité Ejecutivo de Justicia del Quiché, una instancia de diálogo, consenso y que busca la propuesta de soluciones concretas a los problemas de justicia. El Comité ha asumido un papel de mediador y facilitador entre las dos partes involucradas para llegar a un acuerdo. Así se han realizado ya varias mesas de diálogo donde participan actores de la sociedad civil, operadores de justicia, instituciones gubernamentales relacionadas al tema ambiental y de áreas protegidas y autoridades locales, con el objetivo de llegar a una solución.
Como resultado se encuentran ya varios acuerdos y conclusiones preliminares entre las dos partes, y la apertura al diálogo y discusión de un tema que tiene todo que ver con el bienestar presente y futuro del ambiente de Chichicastenango. Se espera que este proceso resulte en definitiva en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en un mejor manejo de los recursos boscosos de la región.
Por: Carlos Salvatierra, Colectivo MadreSelva, Guatemala, correo electrónico: Salvatierra@rocketmail.com