El pueblo indígena adivasi ha vivido en la India desde tiempos inmemoriales. Hoy en día constituyen una minoría étnica designada peyorativamente como “tribales”. Este pueblo, si bien es descendiente de los primitivos pobladores de la India, a lo largo de la historia se ha visto crecientemente expulsado hacia áreas marginales, zonas de pendiente y bosques. Hace sólo unas pocas décadas los adivasi todavía vivían como esclavos, careciendo de todo derecho político o civil, obligados a trabajar en fábricas pertenecientes a personas de nacionalidad india y europea. Hoy en día sus derechos territoriales siguen siendo ignorados. Lo que es más, son víctimas de la violencia y de todo tipo de abusos para expulsarlos de los bosques donde habitan.
Informes provenientes de las comunidades locales consignan que durante los meses de marzo y abril 2001, la policía y miembros de los Van Suraksha Samities (Comités de Protección de Bosques) atacaron a un grupo de adivasi desarmados en el distrito de Dewas en Madhya Pradesh. A causa de la agresión cuatro aldeanos perdieron la vida.
Este no es el primer caso del que se tiene conocimiento en Madhya Pradesh respecto de este tipo de violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de los bosques. El 23 de setiembre de 1999 funcionarios forestales abrieron fuego en la aldea de Kadudiya, provocando la muerte del adivasi Roopsingh Bhilala. Hay informes sobre numerosos casos a partir de mediados de marzo de este año en los cuales funcionarios forestales y de la policía, al igual que miembros de las Fuerzas Armadas Especiales, han atacado poblados adivasi, demoliendo sus casas, saqueando sus tierras y agrediendo a los residentes, incluidas las mujeres. Entre las atrocidades cometidas en detrimento de los adivasi se informa también de casos de secuestro y contaminación de alimentos y agua con herbicidas. A pesar de una numerosa protesta pacífica que tuvo lugar el 29 de mayo de 2000, la administración de Dewas no ha adoptado medidas para frenar este tipo de abusos. No se ha iniciado ningún juicio contra los agresores y la población local sigue sometida a la represión. Por otra parte, no se ha otorgado compensación alguna a los aldeanos afectados y a sus familias.
Los pobladores locales y activistas de Dewas rechazan las acusaciones de las autoridades en el sentido de que están armados y de que incitan a la población a la violencia. También rechazan las acusaciones de que se encuentran implicados en la extracción ilegal de madera. En realidad, las recientes atrocidades son consecuencia de la resistencia con que han enfrentado las prácticas depredadoras y corruptas de algunos funcionarios del Departamento Forestal, que, según se ha informado, practican la extracción ilegal de madera a escala comercial. Los activistas locales han señalado que vienen alentando a la población a no dejarse sobornar por los funcionarios forestales para seguir llevando a cabo las actividades tradicionales en materia de obtención de medios de vida que por derecho les corresponde. Los activistas sostienen que la reciente campaña de violencia por parte de los funcionarios locales no es más que una reacción frente a la oposición de la población a sus prácticas corruptas y a la represión desatada por los recientemente constituídos Comités de Protección de Bosques, formados según las pautas del Manejo Forestal Conjunto establecido hace pocos años, con el apoyo de varias organizaciones, entre las cuales el Banco Mundial.
Artículo basado en información obtenida de: Tom Griffiths, Forest Peoples Programme, 18/4/2001,