En varios países del mundo se han generado conflictos entre la protección de los parques nacionales y la conservación de la vida silvestre por un lado, y la defensa de los derechos de los pueblos que viven en esas áreas por otro. El modelo hegemónico oficial de conservación tiene una visión de la naturaleza como compuesta por hermosos espacios, pero vacíos. Ignora que el uso sustentable que la mayoría de las comunidades locales hacen en estas zonas es la mejor garantía para la conservación. El problema es especialmente importante en países con una alta densidad de población rural. Además generalmente los mismos gobiernos que crean áreas protegidas, luego las abren de par en par a la minería, las represas, las industrias, el turismo, las carreteras y otros proyectos de “desarrollo”. En anteriores ediciones del Boletín hemos abordado esta cuestión (ver Boletín nro. 3 sobre la India, Boletín nro. 8 sobre Tailandia y Boletín nro. 14 sobre Venezuela).
Los pueblos indígenas que habitan en el interior y en las márgenes del Parque Nacional Nagarahole, conocido también como Parque Nacional Rajiv Gandhi, en el Estado de Karnataka, se ven enfrentados a una situación dramática. Al mismo tiempo la naturaleza y la vida silvestre también están amenazadas en esta autodenominada “área protegida”, ubicada en el sur de la India.
Nagarahole es una de las siete áreas protegidas por las cuales el Banco Mundial está financiando con U$S 68 millones al Gobierno de la India para el llamado Proyecto de Eco-Desarrollo. El mismo supone la transformación de una superficie total de 6.714 km2, en la que se incluyen otras áreas protegidas y reservas de tigres, ubicadas en los estados Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajastan, Kerala y Bengal occidental, afectando a una población de 48.800 personas de pueblos tribales. El Departamento Forestal y el Gobierno de Karnataka actulamente están procurando que más de 6.000 indígenas, que habitan 58 poblados al interior del Parque, abandonen su territorio. Si bien han vivido en la zona durante décadas, las autoridades ahora los consideran ocupantes ilegales. El mencionado proyecto también afecta al 25% de la población que vive en las márgenes del Parque, que en el futuro no tendría acceso al mismo. Se les prohibe entrar a la selva para recolectar alimento, cazar piezas menores, construir casas, utilizar los caminos, transportar materiales y –lo que es más importante- realizar sus prácticas culturales y rituales religiosos. Tanto el Departamento Forestal como el Gobierno de Karnataka cuentan con una larga historia tras de si en materia de violaciones de los derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas en Nagarahole.
Sin embargo el proceder de las autoridades no es aislado, sino que el Banco Mundial lo apoya. A través de manifestaciones tales como que “la población local, cuando sus derechos tradicionales y acceso se ven limitados por el establecimiento de áreas protegidas, a menudo tienen escasos incentivos para utilizar los recursos naturales de un modo sustentable” (Documento de Información del Proyecto, mayo de 1996) y prestando el dinero para el Proyecto, el Banco Mundial estimula un nuevo desplazamiento forzado de pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, y el empobrecimiento de las ya crecientemente amenazadas selvas. Irónicamente el Banco Mundial habla de “desplazamiento voluntario” en lugar de decir que se trata de un desplazamiento forzado.
ONGs ambientalistas locales, preocupadas por la situación, entienden que el mentado objetivo del Proyecto de conservar la biodiversidad es en realidad una cortina de humo para allanar el camino para la expansión de la agricultura industrial y de las plantaciones forestales en el Parque Nacional Nagarahole, tal como ha sucedido en otros casos en la India y con anterioridad en varias partes del propio Parque. Hoy en día tan sólo el 30% de su área total puede ser considerado bosque primario. El resto ha sido destrozado por las plantaciones y el madereo.
Con el Proyecto de Eco-Desarrollo el Gobierno indio está violando varias normas y compromisos contraídos relativos a los pueblos indígenas, los reasentamientos forzados, la política forestal y el cambio climático, así como convenciones de Derechos Humanos y los Convenios 107 y 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas. Lo que es más, también han sido violadas las leyes y normas de procedimiento vigentes en la India atinentes a los Parques Nacionales. En cuanto al Banco Mundial, ha ignorado el trámite fijado por su propio Panel de Inspección. Aún teniendo en cuenta que el tiempo de que dispusieron las comunidades locales para prepararse para recibir la visita del Panel de Inspección enviado por el Banco en setiembre de 1998 fue muy corto, lograron presentar a los visitantes un Plan Popular de Alternativa frente al proyecto oficial. Empero su propuesta fue finalmente ignorada por completo. Por último pero no por ello menos importante, cabe señalar que este tipo de proyectos no contempla los últimos conceptos en materia de conservación y protección de la naturaleza, según los cuales el reconocimiento del conocimiento tradicional y de las habilidades propias de cada cultura, así como de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales constituye un elemento primordial.
Las comunidades locales, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil organizada, tales como el Centro Indio por los Derechos Humanos y la Ley, con sede en Bombay, el Tribunal Indio de los Pueblos para los Derechos Ambientales y Humanos y CORD (ONG de apoyo a los pueblos indígenas de Karnataka) continuarán en su lucha contra estas “soluciones” impuestas que, en realidad, distan de ser soluciones para transformarse en una amenaza a la permanencia de sus medios de vida y a la conservación de la naturaleza.
Por mayor información sobre acciones futuras y sugerencias, por favor dirigirse a:
Jaroslava Colajacom, Campaña pro Reforma del Banco Mundial – Italia, email: jaro@cambio.it; riforma-BM@cambio.it; http://www.crocevia.org/cbm/
Fuente: Jaroslava Colajacom.