La aprobación de la Ley de Reconocimiento de los Derechos sobre los Bosques de Tribus Registradas y otros habitantes tradicionales de los bosques de 2006 es un hito en la difícil y prolongada lucha de los Adivasi y otros habitantes de los bosques del país. Por primera vez en la historia de los bosques indios el Estado admite formalmente que durante mucho tiempo se han negado derechos a los habitantes de los bosques, y la nueva ley sobre bosques intenta no solamente enmendar esa “injusticia histórica” sino también dar prioridad al papel de las comunidades de los bosques en el manejo forestal.
La Ley, que indignó por igual a los “conservacionistas”, la burocracia forestal y las empresas de la pulpa y el papel de la India, necesitó para aprobarse dos largos años y una campaña nacional de los movimientos por los bosques del país, respaldada por un comité parlamentario conjunto que recomendó cambios radicales en el borrador original. Las objeciones a la Ley y en especial a la versión del Comité Parlamentario Conjunto (en adelante el Comité) fueron desde los temores (a que la ley distribuyera tierras boscosas entre las familias tribales, por ejemplo) hasta las declaraciones concluyentes (por ejemplo que la vida silvestre y la gente ya no pueden coexistir y que todos los tigres morirían). En la versión del Comité de esta Ley se cambió la fecha límite [de ocupación y uso de esas tierras] de 1980 a diciembre de 2005, se incluyeron todos los habitantes tradicionales no tribales de los bosques, se reconocieron los derechos de los habitantes de los bosques tribales y tradicionales en zonas declaradas como protegidas, se revisó el proceso de identificación de dichas zonas protegidas para garantizar un proceso más transparente y se aumentó el tope de tierras de 2,5 a 4 hectáreas. Pero lo más importante es que se prescribió que no podría haber ninguna desviación del uso de las tierras boscosas sin el consentimiento del gram sabha (asamblea de la aldea).
Tal como podía esperarse, el gobierno se negó a pasar al Parlamento la versión del Comité, alegando graves diferencias en cuatro puntos principales: fecha límite, inclusión de los no tribales, derechos de los gram sabhas y el asunto del tope. El Ministerio de Asuntos Tribales no quería la inclusión de los no tribales en la Ley, en tanto sectores del gobierno respaldados por grupos de presión conservacionistas no querían ningún cambio en el año límite porque con eso se destruirían los bosques. Tras meses de idas y vueltas, el gobierno aparentemente aceptó el informe del Comité y la ley finalmente entró a la Lok Sabha [Cámara Baja] el 15 de diciembre de 2006. Que el gobierno no andaba en nada bueno quedó demostrado cuando el ministro de Asuntos Tribales eliminó dieciséis enmiendas importantes de la ley que él mismo había presentado a la cámara. El proyecto modificado fue aprobado por la Lok Sabha y a pesar de que hubo extensos debates en la Rajya Sabha [Cámara Alta] a causa de las enmiendas de último minuto, ésta aprobó el mismo proyecto truncado el 18 de diciembre, luego de que el ministro de Asuntos Tribales diera algunas garantías sobre las Reglas.
A pesar de la traición del gobierno y de sus intentos de erosionar los contenidos positivos del proyecto, la ley tal como la aprobó el Parlamento indio marca un cambio radical respecto de las anteriores leyes sobre bosques del país, y los habitantes de los bosques pueden beneficiarse con ella.
La nueva ley reconoce el derecho a tierras para granjas, cultivo y pastoreo (ocupadas y en uso a partir de diciembre de 2005) y a productos forestales no madereros (parcialmente, dado que por el momento estos derechos se limitan a pescado y productos ‘de origen vegetal’). La ley acepta que existen habitantes legítimos de los bosques que no son tribales (aunque en forma restringida), reconoce el derecho a la compensación en caso de desplazamiento forzoso anterior y prescribe la necesidad del consentimiento de la gente para toda futura notificación de zonas de conservación ‘inviolables’ o restricción de derechos en las Zonas Protegidas. Lo más importante es que la ley dice que entre los derechos reconocidos de los habitantes de los bosques se incluye la conservación de los bosques y la biodiversidad y que la participación de la gente fortalecerá los esfuerzos de conservación (el proyecto decía la responsabilidad y la autoridad de la gente).
En otra sección muy significativa, la ley dice que todos los bosques usados tradicionalmente por las comunidades, sin importar su ubicación ni categoría, se tratarán de ahora en adelante como recurso forestal comunitario y que los habitantes de los bosques pueden actuar en forma decisiva en la conservación de dichos recursos.
Aunque que la Ley de Derechos sobre los Bosques contiene estos elementos positivos, también está atestada de bastantes ambigüedades y ‘agujeros’. Además ha sido redactada de modo de dejar una importante sección de habitantes de los bosques fuera de su alcance. Por ejemplo, solamente aquellos que hayan residido en zonas de bosques durante 75 años podrán ser considerados ‘otros habitantes tradicionales de los bosques’ (además de las tribus registradas), y solamente aquellos que ‘residan principalmente en zonas de bosques’ podrán reivindicar derechos en virtud de la Ley.
Estas son inquietudes que los movimientos por los bosques del país pretenden resolver mediante la prolongación e intensificación de la campaña por el proyecto de Ley de Derechos sobre los Bosques. Conscientes de que la sinceridad del gobierno en relación con la Ley es sospechosa, los movimientos también han resuelto ‘instrumentarla’ por su propia cuenta.
¿Cómo ocurrió esta Ley? ¿Por qué un Estado que adhería tenazmente al principio de 'dominio eminente' (que significa que el Estado es dueño de todos los recursos naturales sobre los que las personas no tienen derechos propietarios) e ignoraba las justas demandas de los habitantes de los bosques debería volverse ahora sensible a los derechos de la gente? ¿Por qué debería admitir que las personas tienen cualquier derecho sobre los bosques cuando hasta ahora, desde 1850 (toma colonial de los bosques) en adelante, todas sus políticas y leyes han apuntado a dejarlas afuera, primero para que los bosques fueran productivos comercialmente y luego para conservar la vida silvestre?
Estas son preguntas que necesitamos discutir en los meses venideros. No todas pueden responderse, en primer lugar porque el proceso legislativo aún no está completo (las Reglas no están prontas) y en segundo porque en India el proceso político que determinará la cuestión del control sobre los bosques recién está surgiendo. El tiempo y el curso de las luchas aclararán muchas cosas.
No obstante, una cosa está clara. La Ley, sin importar cuán bien intencionada, no resuelve nada por sí misma y el mero hecho de su existencia no hará que el Estado entregue a la gente los derechos sobre los bosques en una bandeja de plata. El Departamento Forestal y su coercitivo aparato burocrático y sus amigotes como la mafia de la madera no van a esfumarse, ni tampoco las Grandes ONG Conservacionistas dejarán de hacer escándalo cada vez que la gente realmente obtenga algún derecho. La amenaza del desarrollo persistirá y tanto los bosques como la gente seguirán siendo destruidos como siempre en aras de represas, fábricas, carreteras y minas. La Ley no cambia nada hasta que las luchas por los bosques le pongan dientes y la conviertan en un arma.
Este es el momento en que las luchas por los bosques se ven y se definen en el contexto político mayor. El sabotaje a la Ley por parte del gobierno demuestra que hubo un intento consciente de erosionar el control comunitario sobre los recursos forestales, que calza bien en el plan mayor que se hace manifiesto en otras cosas que hace el gobierno: cambiar la reglamentación ambiental existente para que las minas, las empresas, las represas y las grandes industrias puedan construirse con facilidad. El impulso para adquirir por la fuerza tanto tierras agrícolas fértiles como terrenos comunales para las Zonas Económicas Especiales y las grandes empresas estaba ahí. Las concesiones mineras en zonas de bosques otorgadas a empresas privadas aumentaron enormemente en los últimos meses.
Ahora los movimientos indios por los bosques necesitan oponerse a esta entera agenda que pretende vender al capital las vidas y los recursos de la gente. La Ley de Derechos sobre los Bosques brinda a las comunidades un espacio político en el gobierno de los bosques. Para los movimientos se trata de un arma importante para afirmarse a sí mismos y enfrentar tanto la autoridad forestal actual como las fuerzas del capital, que se meten en los bosques por la puerta grande. También es necesario enfrentarse a otras fuerzas anti-personas que están activas en los bosques: grupos de conservación de la vida silvestre ‘de línea dura’, fuerzas feudales, comerciantes, etc.
Los movimientos han estado ocupados en volver a captar tierras en los bosques de algunas regiones. Este proceso debe fortalecerse y tales programas de acción tienen que extenderse a otras zonas. Hay que destruir las llamadas estructuras participativas creadas por el Departamento Forestal, como el manejo conjunto de bosques (Joint Forest Management), de modo que el capital, sea estatal o privado, respaldado por las instituciones financieras internacionales no encuentre nuevos puntos de apoyo en los bosques.
La aprobación de esta limitada ley nos promete la construcción de una alianza de movimientos. A partir de ahora los movimientos por los pueblos de los bosques lo serán también por una nación verdaderamente democrática y plural, basada en la justicia ambiental y social. El nexo Estado-capital debe ser enfrentado en lo operativo y en lo ideológico, tanto en lo nacional como en lo internacional, con la participación de todas las fuerzas progresistas activas en otras esferas sociales, culturales y políticas.
Por Soumitra Ghosh, National Forum of Forest People and Forest Workers (NFFPFW) y Campaign for Survival and Dignity (CSD), India. Correo-e: soumitrag@gmail.com