Las represas hidroeléctricas siempre has generado enormes impactos sociales y ambientales. La construcción de tales megaproyectos es una importante causa de pérdida de bosques, a la vez que genera graves violaciones a los derechos humanos. Tal como lo estableció el informe de la Comisión Mundial sobre Represas, la construcción de represas ha causado el desplazamiento de entre 40 y 80 millones de personas en todo el mundo. Ya se llevan construidas más de 40.000 represas y la de Mamberamo en Papúa Occidental va camino a convertirse en una más en esa larga lista.
El área de Mamberamo fue declarada en los años 90 como área de desarrollo industrial y agrícola. La energía requerida para las actividades previstas sería obtenida a partir de represas hidroeléctricas, siendo una de ellas la planificada sobre el río Mamberamo. En caso de ser implementado, el proyecto costaría unos 6.000 millones de dólares e inundaría una de las áreas con mayor riqueza biológica del mundo. Este proyecto no sólo devastaría un ambiente increíble, sino que además impactaría dramáticamente sobre las vidas de 35 tribus nómades que habitan en el área.
La construcción de la represa ya ha comenzado. En 1997, funcionarios del gobierno llegaron a la aldea de Lau, ubicada a orillas del río Mamberamo y transmitieron un claro mensaje a los pobladores locales: toda la gente de la aldea debía mudarse a las montañas aledañas porque su tierra sería inundada por una enorme represa. De acuerdo con un artículo publicado en el periódico británico The Guardian, el jefe de la aldea Lau dijo al coordinador de WWF durante su visita al lugar: "Preferiría ser baleado en la cabeza antes que ser reasentado en otro lugar".
La primera etapa del plan de "desarrollo" fue completada en 1999, cuando una empresa surcoreana (Kodeco Mamberamo Plywood) puso en funcionamiento un aserradero y estableció una plantación de palma aceitera. El subsiguiente madereo industrial extensivo del bosque tropical primario existente en las 691.700 hectáreas de la concesión ya está poniendo en riesgo a la población de dos especies amenazadas de extinción: las tortugas verdes y el ave de paraíso. La tierra deforestada por Kodeco será utilizada para el establecimiento de un parque industrial de gran envergadura, que incluye fundiciones, aserraderos, agroindustrias y plantas petroquímicas, que obtendrían su energía de la represa.
El plan ha desatado una ola de protestas por parte de las poblaciones locales, en particular a través de la institución tribal del Gran Mamberamo. De acuerdo con su jefe, Wimpie Dilasi, el proyecto y en particular la represa sólo generarán miseria a todos los niveles.
De acuerdo con un informe publicado por el periódico indonesio Kompas, el Gobernador de Papúa Occidental, J.P. Salosa, sostuvo que el proyecto de represa hidroeléctrica, con un costo de 6.000 millones de dólares, cuyas tres unidades generarían 10.000 megavatios, sería financiado por el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. La ONG Down to Earth envió una carta a Tom Walton, ccoordinador de Desarrollo Ambiental y Social del Banco Mundial, quien respondió que el Banco "no está financiando y no tiene planes para financiar al megaproyecto Mamberamo”. El Sr. Walton considera que "una evaluación social y económica llevada a cabo correctamente mostraría que el proyecto es una mala idea, independientemente de la fuente de financiamiento". Sin embargo, aún se ignora si el Banco Asiático de Desarrollo comparte esas ideas y si financiará o no el proyecto.
El gobierno indonesio está claramente ignorando las conclusiones y recomendaciones elaborados por la Comisión Mundial sobre Represas, entre las que se cuenta la necesidad de ganarse la aceptación pública. En ese sentido, el informe dice: "La aceptación surge del reconocimiento de los derechos, de tomar en cuenta los riesgos y de proteger los derechos de todos los grupos de personas afectadas, en particular de los grupos indígenas y tribales, de las mujeres y de otros grupos vulnerables. Se utilizan procesos y mecanismos de toma de decisiones que faciliten la participación informada de todos los grupos, y conducen a la aceptación demostrable de las decisiones principales. En el caso de proyectos que afectan a grupos indígenas y tribales, esos procesos se guían por su consentimiento libre, previo y basado en información adecuada". En este caso, ninguna de esas recomendaciones han sido cumplidas.
Artículo elaborado en base a información obtenida de: Down to Earth Newsletter, mayo de 2001; Glen Barry, Forests.org; Eben Kirksey, The Guardian.