El ciclo de represión en India se manifiesta en nuevas reformas a la Ley sobre los bosques, que no solo le darían mucho más poder a la burocracia forestal sino que también pondrían fin a la Ley de los Derechos sobre los Bosques, además de legalizar la entrada de grandes empresas a los bosques.
A medida que se acercan las elecciones generales que definirán un nuevo parlamento en la India, se amplía la ofensiva del gobierno de extrema derecha del Bharatiya Janata Party (BJP, Partido Popular Indio), contra los bosques y las comunidades de los bosques en la India. A principios de este año, este gobierno - que favorece descaradamente a las empresas - no defendió la histórica Ley de los Derechos sobre los Bosques de 2006 (FRA, por su sigla en inglés), en ocasión de una decisión adoptada por la Suprema Corte. Esto generó una situación en la que alrededor de 10 millones de habitantes de los bosques de la India enfrentan ahora la posibilidad de ser desalojados de sus tierras (1). El gobierno a propuesto ahora nuevas enmiendas a la Ley sobre los Bosques de la época colonial, que no solo harían que la burocracia forestal sea más poderosa que nunca sino que también pondría fin por completo a la Ley de los Derechos sobre los Bosques, además de legalizar la entrada de grandes empresas a los bosques.
La Ley de los Derechos sobre los Bosques (FRA) es una ley fundamental que reconoce numerosos derechos de los Adivasis (pueblos indígenas) y de otras comunidades tradicionales que viven en los bosques. También empodera a las asambleas de las aldeas, las Gram Sabhas, para gobernar sus propios bosques y otros bosques de los que dependen. La FRA ha sido atacada desde su inicio, no solo por la industria de plantaciones de árboles y de la minería, por nombrar algunas, sino también por la industria de la conservación. (2)
El 7 de marzo de 2019, el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (MoEFCC) envió el proyecto de enmiendas a la Ley sobre los Bosques de la India de 1927, durante la época colonial, (IFA) a los gobiernos de varios estados para que enviaran sus comentarios, aunque aún no se ha publicado oficialmente para comentarios públicos. Grupos activistas consideran que las propuestas de enmienda a la ley IFA crearían una versión peor que la de la época colonial: perpetúa la misma injusticia histórica contra las comunidades de los bosques que la FRA había tratado de revertir. (3) Se trata de un intento de recolonizar el actual régimen colonial preponderante, en lugar de democratizarlo para que la Ley pueda satisfacer las necesidades ambientales, de derechos y medios de vida de las comunidades, a través de su principal institución que son las Gram Sabhas, dicen los grupos.
Mayor coerción, mayor control estatal
De acuerdo con las enmiendas propuestas, el Estado nombraría Funcionarios de Asentamientos Forestales que “determinarían” toda clase de derechos sobre los bosques. A menos que sean declarados, sancionados y registrados de manera explícita, por escrito, los derechos de las comunidades se extinguirían. Las enmiendas no prevén ninguna función para instituciones comunitarias como las Gram Sabhas en todo el proceso de reconocimiento de derechos; sin embargo, la FRA sí prevé tal función. Además, incluso en los casos de derechos debidamente registrados, estos pueden ser “adquiridos” en interés de la conservación y luego “conmutados”, lo que significa que es posible pagarles a los titulares de derechos, independientemente de la naturaleza, escala y ubicación de los derechos sobre los bosques.
En lugar de eliminar los casos de delitos forestales, como lo piden varios grupos de la sociedad civil, se criminalizarían todos los usos posibles de los bosques por parte de las comunidades (a menos que los funcionarios forestales lo permitan). Entrar en un bosque sin permiso constituiría un “delito forestal”. Las personas pueden ser detenidas por la simple sospecha de la posibilidad de que cometan un delito, y pueden irrumpir y registrar sus casas, todo ello sin ninguna orden judicial. Estas disposiciones violan los artículos 21 y 22 de la Constitución de la India, como lo señalaron numerosos grupos activistas. (4)
Las enmiendas propuestas introducen una nueva categoría jurídica llamada “bosques productivos”, que abre espacio a la privatización a gran escala. Estos nuevos “bosques productivos”, que pueden ser registrados en cualquiera de los tipos de bosques, pueden utilizarse para actividades consideradas “sostenibles”, como la tala, las plantaciones de monocultivos comerciales y el comercio de servicios de los ecosistemas, en especial el comercio de carbono en el marco de REDD-plus.
En el caso de que surjan posibles conflictos por la propiedad y el control de los bosques entre el Estado y personas o aldeas, el Estado puede quedarse con estos bosques.
Reformas políticas: los movimientos usan la FRA para parar la deforestación
Este giro de los acontecimientos no fue inesperado. Las reformas políticas neoliberales promulgadas o propuestas en los últimos cinco años buscan deshacer las reformas democráticas como la histórica Ley de los Derechos sobre los Bosques (FRA) de 2006 y las Enmiendas a la Ley de Protección de la Vida Silvestre de 2006, iniciadas durante el anterior gobierno de la Alianza Progresista Unida (UPA). Ambas leyes, en particular la FRA junto con la Política Forestal Nacional de 1988 y la PESA de 1996 (Ley de extensión de Panchayat a las áreas tribales), buscaron proporcionar un marco de políticas que trajera cierto alivio a las asediadas comunidades de los bosques de la India y marcó importantes alejamientos del modelo colonial de manejo de los bosques basado en la coerción y la extracción.
La FRA, en particular, busca reemplazar el infausto raj - el régimen feudo-colonial de la burocracia forestal - por un control y gobernanza descentralizados y localizados. A largo plazo, esto permitirá bosques biodiversos mejor cuidados, en lugar de un bricolage de talas madereras, monocultivos comerciales y los llamados parques de vida silvestre “libres de humanos”, todo lo que desplaza implacablemente los bosques y sus complejas ecologías constituidas por habitantes humanos y no humanos. No es de extrañar que el Estado no estuviera dispuesto a implementar la FRA. Los funcionarios forestales de todos los rangos, los medios de comunicación de propiedad de empresas y las grandes ONG conservacionistas se opusieron a la FRA desde el primer día. A la inversa, los nuevos movimientos críticos de las industrias extractivas y del estrangulamiento estatal sobre los bosques comenzaron a movilizarse cada vez más en torno a la implementación de la FRA. Los nuevos movimientos recogieron antiguos legados y convirtieron leyes estatales como la FRA y PESA en ámbitos de nuevas luchas.
En las últimas dos décadas surgieron fuertes movimientos tribales y campesinos contra la minería y la introducción forzada de la industrialización en zonas costeras y de bosque en Odisha. En Niyamgiri, Dongria Kondh, una típica comunidad del bosque se movilizó exitosamente contra un proyecto de minería de bauxita propuesto por el tristemente célebre grupo Vedanta, que de lo contrario habría destruido sus bosques y sus medios de subsistencia. Al igual que en Niyamgiri, los agricultores de Jagatsingpur invocaron con éxito la FRA en su larga lucha contra la adquisición forzada de tierras por parte del Estado para establecer una enorme fábrica del gigante coreano de acero Posco. En Mahan, Madhya Pradesh, las comunidades del bosque organizadas bajo la bandera del Mahan Sagharsh Samiti (MSS) lograron detener un proyecto de extracción de carbón, propiedad conjunta de Esaar e Hindalco, que amenazaba destruir más de 486.000 hectáreas de los antiguos bosques de la especie Shorea robusta y desplazar 54 aldeas que dependen de los bosques, con sus 500.000 residentes. (5) Las comunidades de los bosques, entre ellas la comunidad indígena Madia Gonds, del distrito Gadchiroli, en Maharshtra, se han opuesto durante mucho tiempo al proyecto de establecer una cadena de minas de hierro, que destruiría aproximadamente 15.000 hectáreas de bosques densos y afectaría otras 16.000 hectáreas. En la zona vecina de Korchi, la fuerte resistencia de la comunidad forzó el retiro prematuro de un proyecto de minería de hierro. (6) En los distritos de Sarguja y Raigarh, en Chattisgarh, las comunidades se movilizaron contra la minería de carbón. (7) En otras zonas de Chattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Jharkhand y West Bengal, las comunidades y sus movimientos asumieron el control de sus espacios en los bosques, obstaculizando, y a veces deteniendo, las actividades de tala del departamento forestal. (8)
El Estado responde con más deforestación
Aunque la resistencia popular ha estado haciendo uso de leyes estatales como la FRA y PESA para frenar la deforestación y se han formulado disposiciones jurídicas para el control comunitario de los bosques, esto no pareció haber disuadido al estado indio de su propósito de seguir avanzando con la deforestación organizada.
Según estadísticas oficiales recabadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático, en el período 1980-2019 se destinaron 1,5 millones de hectáreas de bosques a diversos fines. De este total, más de medio millón fueron para minería, el resto para energía térmica, líneas de transmisión, represas y otros proyectos. (9) Tan solo en los últimos tres años (2015-18) el gobierno de la India ha otorgado “zonas de tala” para realizar extracción maderera en más de 20.000 hectáreas de bosques (10), la mayoría de ellos densos.
En el marco de la FRA, el proceso de destinar bosques a diversos propósitos incluye obligatoriamente el consentimiento de la comunidad para completar el proceso de reconocimiento de los derechos sobre el bosque, lo que ha significado que tales zonas de tala se han emitido habitualmente a partir de consentimientos obtenidos en gran medida a fuerza de coacción y fraude. (11) El gobierno considera a esos desenfrenados “cambios” en tierras de bosques como agentes de una deforestación “organizada” y “gestionada”, y aparentemente no registra las emisiones causadas por esas actividades en su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, recauda enormes sumas de dinero de los usuarios comerciales de los bosques, de acuerdo a su polémico protocolo de Forestación Compensatoria (CA, por su sigla en inglés), que obliga a las industrias y otros usuarios de los bosques a pagar para “compensar” la destrucción que causan con nuevas plantaciones y servicios ecosistémicos. (12) Después de la promulgación de la Ley de Forestación Compensatoria de 2016 (Ley de la CAF), los fondos acumulados por la Forestación Compensatoria llegarían ahora a los departamentos forestales estatales con mayor facilidad y, según los grupos de activistas, estos se utilizarían cada vez más para socavar el control comunitario de los bosques. Ignorando por completo la oposición generalizada a la nueva ley CAF y en una abyecta violación de la FRA, el estado indio trata de institucionalizar y legitimar la venta de los bosques del país.
El ataque a la FRA: las reformas neoliberales
Si bien los esfuerzos para diluir la Ley de los Derechos sobre los Bosques comenzaron durante el mandato del anterior gobierno de la Alianza Progresista Unida (UPA), los ataques sistemáticos e implacables a la legislación se efectuaron recién después de que el actual gobierno del BJP llegara al poder en 2014. En el mismo año se lanzó la estrategia REDD plus, que exigía una mayor mercantilización de los bosques de la India en nombre de la mitigación del cambio climático. En 2015, el gobierno presentó una receta para privatizar los bosques de la India, que tuvo que ser archivada debido a las protestas generalizadas. En 2016 se aprobó la infame Ley de Forestación Compensatoria. En 2018 se lanzó la Política Nacional de Bosques, que dispuso, entre otras cosas, el ingreso sin trabas del capital empresarial a la silvicultura, además de legalizar la gestión conjunta de los bosques (JFM, por su sigla en inglés), un sistema de “gestión forestal participativa” en el que el Departamento Forestal crea y controla comunidades para la protección de los bosques.
A pesar de la FRA y sus disposiciones que conllevan un empoderamiento de las comunidades, el acceso de éstas a los bosques siempre ha sido restringido y criminalizado: el Estado continúa acosando y persiguiendo a las comunidades y los movimientos que intentan implementar la FRA por su cuenta, y se interponen causas penales no solo contra activistas de las comunidades y miembros de las Gram Sabha que reivindican sus derechos y poderes contemplados por la FRA sino también contra personas marginadas que no conocen la ley. Los informes (2014, 2015) del Departamento Nacional de Archivos Criminológicos (National Crime Record Bureau) sobre delitos ambientales en la India revelan que el 77 por ciento de un total de 5.846 casos registrados en 2014, están relacionados con violaciones derivadas de la Ley sobre los Bosques de la India, de 1927, y de la Ley de protección de la vida silvestre. La mayoría de los casos fueron contra comunidades y pueblos tribales. (13)
Esta secuencia de eventos encarna un interminable ciclo de represión por parte del Estado, cuyas instancias más recientes son la muy discutida orden de desalojo de febrero de 2019 por la Suprema Corte de la India y las enmiendas propuestas por el gobierno a la Ley sobre los bosques de la India. El 13 de febrero de 2019, la Suprema Corte, al tiempo que atendía una petición pendiente desde hacía mucho tiempo contra la FRA (el argumento era que conceder más derechos sobre los bosques implicaba un aumento de la deforestación, y que los titulares de derechos eran en gran parte “invasores” de bosques estatales) presentada por ciertas ONG conservacionistas y funcionarios forestales retirados, ordenó que en todos los casos de “rechazo definitivo” de las reclamaciones de derechos sobre los bosques contemplados en la FRA, los demandantes debían ser desalojados en forma sumaria. De ser llevada a cabo, esta orden significaría el desalojo de unos diez millones de habitantes de los bosques. Después de fuertes protestas de todos los sectores de la sociedad, el desalojo fue suspendido temporalmente. Inmediatamente después, el gobierno presentó el proyecto de enmiendas a la Ley sobre los bosques de la India que, de hecho, pone fin a la FRA y otorga a los funcionarios forestales autoridad exclusiva para privatizar los bosques y negarles a las comunidades derechos sobre los bosques, aparentemente en aras del interés por la mitigación del cambio climático, la silvicultura para la “producción” y la conservación. (14)
Soumitra Ghosh
All India Forum of Forest Movements (AIFFM)
(1) Ver Boletín 242 del WRM: Mujeres indígenas Baiga en India: “Nuestra historia debe ser escuchada”, febrero de 2019.
(2) Por más información sobre la FRA y otros movimientos de los bosques en India ver boletín 209 del WRM: “Las luchas por los bosques de la India – la búsqueda de alternativas”
(3) Comunicado conjunto de Community Forest Resources-Learning and Advocacy (CFR-LA), All India Forum of Forest Movements (AIFFM), Mahila Kisan Adhikar Manch (MAKAAM) y Akhil Bharatiya Mazdoor Kisan Sangharsh Samiti (ABMKSS), también comunicados aparte de AIFFM y Campaign for Survival and Dignity (CSD)
(4) ibid
(5) Ver (en inglés) https://www.greenpeace.org/
(6) Solo en Korchi se propusieron 12 contratos mineros que causarían impactos en 1.032,66 hectáreas. Ver Neema Pathak Broome. N.P, Bajpai. S y Shende. M(2016): Reinventando el bienestar: pueblos de Korchi taluka, India, resisten la minería y abren espacios de autogobierno Ver también esta nota (en inglés) y esta (en inglés)
(7) Ver Sethi. N: Five coal blocks in Chhattisgarh might see land conflict, 15 de enero de 2015.
(8) Entrevistas con activistas de All India Forum of Forest Movements (AIFFM).
(9) http://egreenwatch.nic.in/
(10) Según información presentada en el Parlamento, Telangana encabezó la lista con 5.137,38 hectáreas, seguido de Madhya Pradesh, con 4.093,38 y Odisha con 3.386,67 hectáreas.
(11) Mahan Gram Sabha to be Held ‘Behind a Curtain’ as Police Seize Signal Booster, Solar Panels and Other Communication Equipment, Comunicado de prensa de Greenpeace India.
(12) Ver boletín 217 del WRM, “La deforestación financia más plantaciones: el nuevo Proyecto de ley del Fondo de Forestación Compensatoria en la India”, septiembre de 2015
(13) Observaciones de Geetanjoy Sahu, School of Habitat Studies, Tata Institute of Social Sciences (TISS): comunicación por correo electrónico
(14) Ver https://www.business-standard.