Si bien los pueblos indígenas y las comunidades rurales son quienes sufren directamente la destrucción de la selva por parte de intrusos, la mayoría de los gobiernos nacionales los describen como ocupantes clandestinos y responsables de la destrucción del bosque y de la extinción de la flora y la fauna, por lo que los amenazan con el desalojo o con acciones directas para expulsarlos de sus tierras. A menudo este tipo de abusos está vinculado con concesiones forestales otorgadas a empresas madereras --lo que constituye una absurda paradoja si el propósito de las autoridades fuera proteger la selva-- o con la intención declarada de proteger especies en peligro, considerando que la conservación de la naturaleza solamente es posible en ausencia de seres humanos. Ambos tipos de abusos se están dando en Kenia y los siguientes son sendos ejemplos ilustrativos al respecto.
Los Ogiek --un pueblo cazador-recolector y productor de miel, que habita desde tiempos inmemoriales en la Selva Mau y sus áreas adyacentes-- ha sido amenazado una vez más por las autoridades para que abandonen sus tierras ancestrales. En 1991 el estado reconoció parcialmente sus derechos territoriales para una porción de los bosques de Tinet, lo que en realidad no derivó en un mejoramiento de su situación. Hoy en día los Ogiek --que son alrededor de unas 5.000 personas-- han sido empujados a una región marginal de lo que fueron los bosques de Mighty Mau y Mt. Elgon. Esta es la consecuencia de un proceso que se inició en tiempos de la colonia y continuó luego de que el país se independizara.
Los sucesivos gobiernos han ignorado sistemáticamente los derechos territoriales ancestrales de los Ogiek y han asignado grandes extensiones de áreas ocupadas por bosque a las élites en el poder. Además, parte de los bosques remanentes fueron otorgados en concesión a empresas madereras, lo que llevará a su rápida destrucción. Aunque Kenia ha ratificado varios tratados internacionales vinculados con la protección de los derechos de los pueblos indígenas --tales como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos-- no han sido respetados a la hora de formular e implementar políticas concretas.
Un segundo ejemplo de abuso vinculado a los derechos territoriales se relaciona con la conservación. Los residentes de las localidades de Ngao y Ndera están oponiendo resistencia al plan a ser implementado por el Servicio de Vida Silvestre de Kenia en el Distrito Tana River de Coast Province --con apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)-- a efectos de proteger al manabí de cabeza roja, una especie de mono en peligro de extinción. Las promesas oficiales de compensación a los propietarios de la tierra ha dividido a la población local: un grupo acepta mudarse de sus predios sobre la ribera del río, en tanto el otro ha decidido permanecer allí, sosteniendo que no hay dinero que pueda compensar la pérdida de sus tierras y el drástico cambio de su estilo de vida. De hecho se les ha propuesto mudarse a la zona llana semiárida de Ozi y Kipini, donde no hay ríos.
Molu Shambaro, un líder local y miembro del Parlamento del distrito, quien se opone al traslado, ha expresado que los derechos de los moradores deben ser respetados y ha propuesto que el Servicio de Vida Silvestre invite a la población a participar en la campaña para proteger al manabí del Río Tana, en lugar de forzarla a dejar sus tierras. Shambaro afirmó que si se involucra a la gente se logrará la compatibilidad entre la conservación y el estilo de vida tradicional en la zona. Asimismo acusó tanto a las oficinas del gobierno como a la contraparte del GEF por prácticas corruptas, que son consideradas la principal razón del fracaso de los proyectos de conservación en el país.
Artículo basado en información obtenida de: International Network of Forests and Communities, 27/10/2000; Thousands Face Eviction to Conserve Kenya's Tana River Mangabey, by Naftali Mungai.