Los gobernantes deberían ser los directos responsables de la conservación del patrimonio natural y cultural de sus respectivos países y pueblos. Sin embargo lo que sucede frecuentemente en el Sur es que las autoridades actúan en connivencia con poderosos intereses internos y externos, en contra de la biodiversidad y, por lo tanto, en contra del bienestar de la población que se supone deben proteger. Este es el caso de Kenia.
Situado en la costa oriental de Africa Central, Kenia ofrece una amplia gama de paisajes: desde bosques tropicales en las llanuras oceánicas a zonas áridas en el plateau seco occidental. Tal diversidad en materia de naturaleza corre paralela con la existencia de diferentes grupos étnicos. La deforestación y la desertificación son dos problemas ambientales que afectan severamente al país. El madereo –tanto legal mediante el otorgamiento de concesiones, como ilegal- una inadecauda política en relación con las áreas protegidas, y megaproyectos como represas y emprendimientos mineros están poniendo en peligro la rica biodiversidad de Kenia. Entretanto el gobierno no sólo ha demostrado ser incapaz de frenar este proceso destructivo, sino que también ha sido un activo promotor del mismo.
El caso de los bosques en las tierras altas de Tinet, habitado desde tiempos inmemoriales por los Ogiek, constituye un ejemplo paradigmático de destrucción ambiental y desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de haber manejado los bosques de manera sustentable los Ogiek han sido forzados a defenderse de las arbitrariedades tanto del gobierno colonial como de los sucesivos gobiernos tras la independencia del país. Ellos han sido ignorados y amenazados con la pérdida de sus tierras, argumentando que las mismas se encuentran dentro de los límites de un área protegida incluída en la Ley Forestal. Sin embargo, no es un interés preservacionista el que mueve a las autoridades. En Kenia está vigente una prohibición de corta, pero hay tres poderosas empresas -Pan African Paper Mills, Raiply Timber, and Timsales Ltd.- que han sido exentas de la misma, las cuales están preparadas para ingresas a la selva de Tinet una vez que los Ogiek sean expulsados. En lo que se refiere a las áreas protegidas parece que las autoridades no han aprendido de los errores del pasado. A mediados de la década de 1970 los residentes Massai del sur de Kenia fueron abruptamente relocalizados y su territorio pasó a formar parte del Parque Nacional Amboseli, una de las reservas de vida silvestre más visitadas del continente. Privados de sus tierras, como forma desesperada de demostrar su descontento los Massai reaccionaron matando ejemplares de animales que constituyen la mayor atracción turística del Parque, entre los que se contaban decenas de leones, elefantes y rinocerontes. Tanto la fauna como los pueblos indígenas sufrieron entonces las consecuencias de un enfoque equivocado respecto de la conservación de la biodiversidad
El anuncio hecho por el gobierno en febrero ppdo. en el sentido de que varias áreas de reserva forestal en todo el país –que comprenden un total de 67.150 hectáreas- serán privadas de protección legal confirma que en Kenia no existe una política clara para la conservación de la biodiversidad. ONGs ambientalistas nacionales que conforman el grupo Greenbelt han expresado su intención de presentar una objeción formal a la iniciativa oficial, a la vez que el Grupo de Trabajo por los Bosques de Kenia está organizando una campaña internacional para oponerse a la misma. Durante los últimos dos años el territorio keniata se ha visto afectado por severas sequías. Teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre la deforestación y la caída de los padrones de precipitación, la destrucción de los bosques habrá de agravar este problema, a la vez que irá en detrimento de la flora y la fauna que allí habita.
Los megaproyectos constituyen otra espada de Damocles sobre la biodiversidad del país. Por ejemplo el proyecto de represa sobre el Río Sondu Miriu, uno de los mayores de la cuenca del Lago Victoria, está amenazando la flora y fauna locales. Si bien la estación generadora habrá de entrar en funcionamiento en el 2003, el desvío del curso del río provocará una alteración del sistema hídrico en su conjunto, con efectos negativos para la vida silvestre. Especies raras, como el mono Colubus y el hipopótamo, que dependen de las aguas del río para su sobrevivencia, deberán buscar fuentes de agua en las densamente pobladas llanuras de Nyawkere, provocando una perturbación en dicho hábitat. El gobierno apoya el proyecto, a la vez que el Banco Japonés de Cooperación Internacional, junto a una empresa noruega y otra sudafricana, le están suministrando apoyo financiero y técnico. La coalición de ONGs Africa Waters Network ha denunciado la situación, al tiempo que los pobladores locales están ofreciendo resistencia al proyecto, que determinaría el abandono forzoso de sus tierras agrícolas.
Finalmente cabe mencionar que los manglares localizados en la costa del Océano Pacífico, cerca de Mombasa, se encuentran en peligro debido a un proyecto de explotación de titanio por parte de una compañía canadiense. Recientemente las organizaciones keniatas reunidas en el Coast Mining Rights Forum han lanzado una campaña de cartas a nivel internacional que tiene por destinatarios al gobierno y los socios financieros del proyecto –incluido el Banco Mundial- denunciando los efectos esperados de dicha explotación minera en la zona y reclamando su suspensión hasta tanto se realice una seria evaluación de impacto ambiental.
En conclusión, la respuesta a la pregunta que formulábamos al principio respecto de la conservación de la biodiversidad en Kenia es clara. Por un lado están las comunidades locales y las ONGs ambientalistas tratando de proteger la biodiversidad del país. En la vereda de enfrente se encuentran las autoridades, las empresas y la banca internacionales, y los agentes del “desarrollo”, cuyo accionar conduce a su destrucción.