La crisis ambiental, climática y social es una realidad para muchos por ya bastante tiempo. Las empresas y sus aliados, sin embargo, en lugar de reconocer su contribución a esta crisis, utilizan la pandemia para intensificar la presión para expandir las Áreas Protegidas, presentándolas como una “solución mundial” a la crisis ambiental.
Este boletín fue planificado mucho antes de que estallara la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Su objetivo es resaltar y advertir sobre la marcada tendencia a expandir las llamadas Áreas Protegidas, y los riesgos que esto conlleva, tanto para los bosques como para quienes dependen de ellos. La idea de conservar los bosques y la biodiversidad es un objetivo muy noble. Entonces, ¿cuál es el problema con el modelo de conservación que regula las Áreas Protegidas existentes, y con los planes para expandirlas?
Las grandes ONG conservacionistas que impulsan la expansión de un modelo de “bosques sin gente” todavía siguen vinculadas a los ideales colonialistas con los que fueron fundadas. La mayoría de ellas tienen alianzas con las empresas y los gobiernos que promueven la deforestación. Estas organizaciones, que tienen costosas campañas publicitarias y que describieron el año 2020 como “un súper año para la naturaleza”, han estado impulsando la expansión de las Áreas Protegidas, a pesar de las evidencias acerca de los abusos y la violencia contra las comunidades del bosque que están vinculados a este modelo de conservación (1). En nombre de la conservación se ha creado una industria rentable.
Para fines de 2020 se esperaba que los gobiernos del mundo adoptaran un nuevos objetivos para la “protección” de la biodiversidad durante la reunión del Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica (CDB). Estos objetivos son parte del llamado “Acuerdo Mundial para la Naturaleza" que científicos propusieron en 2017 para complementar el Acuerdo de París de la ONU. En 2019, los defensores de este “Acuerdo Mundial para la Naturaleza” exhortaron a “proteger” la mitad de la superficie de la Tierra. Acorde con las demandas de varias ONG conservacionistas y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el primer borrador sobre las decisiones que se adoptarán en la conferencia del CDB establece (entre otras cosas) que para 2030, por lo menos el treinta por ciento de los océanos y las tierras del mundo se designarán como Áreas Protegidas o se reservarán para otros fines de conservación. El documento borrador del CDB también incluye una Visión de la Diversidad Biológica para 2050, con cinco objetivos a largo plazo. El primer objetivo es lograr “que no haya una pérdida neta” de la biodiversidad para 2030 y lograr un aumento de la biodiversidad de por lo menos 20% para 2050 (2). Mientras tanto, se esperaba que las negociaciones de la ONU sobre el clima de este año avanzaran en los objetivos nacionales para abordar los niveles de contaminación, con una fuerte promoción de las llamadas Soluciones basadas en la naturaleza. El documento borrador del CDB también promueve el uso de Soluciones basadas en la naturaleza, que se apoyan en mecanismos para supuestamente compensar la contaminación y la destrucción, así como en la “reforestación” a gran escala.
Las reuniones de “alto nivel” y los documentos de política (como las negociaciones del CDB o el Acuerdo de París de la ONU) se basan en análisis sesgados de lo que está causando la pérdida de biodiversidad y la deforestación o lo que podría estar potenciando esta destrucción. Mientras hacen sonar la alarma y promueven las llamadas “soluciones”, para que sus patrocinadores financieros y el público en general piensen que “se está haciendo algo”, estos mismos actores y foros continúan impulsando y facilitando las causas directas y subyacentes de la pérdida de bosques y de la biodiversidad.
Pero ahora, la actual pandemia del COVID-19 ha obligado a posponer la mayoría de estas reuniones internacionales. Comenzaron a circular declaraciones acerca de la “necesidad mundial” de evitar otra pandemia como la actual, a través de la creación de más Áreas Protegidas. Un argumento que encaja perfectamente con la agenda que ya estaba preparada para el “súper año de la naturaleza” 2020. Pero ¿no es esto acaso tan solo una forma fácil de desviar la responsabilidad de un problema que claramente tiene causas estructurales más profundas? El objetivo de crear “más Áreas Protegidas” no solo esconde a los verdaderos culpables de la deforestación así como a la producción industrial de monocultivos y ganadería, sino que también profundiza la imposición de una visión colonialista de la conservación que separa la “naturaleza” de los “seres humanos”.
Ha habido numerosas promesas de alinear las actividades de conservación con los derechos humanos, o con un enfoque comunitario y participativo (3). Sin embargo, en el fondo, el enfoque anti-personas de las entidades que financian, promueven y administran las Áreas Protegidas no ha cambiado. Ninguna de las propuestas que apuntan a hacer que la conservación parezca más amigable para con las personas ha llegado a la raíz de quién controla la tierra en las Áreas Protegidas, o quién decide si se declara que un lugar debe ser protegido y qué significaría eso. Además, no ha habido un reconocimiento real de las raíces colonialistas y racistas subyacentes sobre las cuales se basa el modelo de conservación dominante. Como resultado, la gestión de las Áreas Protegidas continúa estando vinculada, directa o indirectamente, a los desalojos forzosos, el acoso, la violencia y el abuso sexual de mujeres y niñas y niños, las violaciones de los derechos humanos, la deforestación, la militarización de los territorios de los pueblos de los bosques, y la lista continúa.
Un Acuerdo Mundial para el Lucro
La otra cara de las Áreas Protegidas y las actividades de conservación predominantes es su flagrante contradicción: permiten que continúe la destrucción de los bosques y la biodiversidad, tanto dentro como fuera de sus límites.
Las empresas mineras, por ejemplo, operan en varias de las llamadas Áreas Protegidas en todo el mundo. En Camboya, a pesar de las reglamentaciones que prohíben la minería en Áreas Protegidas, se han otorgado licencias mineras en dichas zonas, incluso en grandes secciones del Parque Nacional Virachey. En Namibia, el gobierno permite la exploración y extracción de minerales en los Parques Nacionales. En Ecuador, el gobierno ha abierto alrededor del 13 por ciento del país a la exploración minera, con numerosas concesiones en zonas previamente protegidas. Incluso los llamados Sitios de Patrimonio Mundial están amenazados en Venezuela, México, Perú, RDC, Indonesia, Guinea, Costa de Marfil y Sudáfrica, entre otros. La realidad es que la explotación maderera, la minería, la extracción de combustibles fósiles y la producción de monocultivos a escala industrial han estado destruyendo miles y miles de complejas correlaciones e interdependencias en los bosques, incluyendo a y entre los pueblos de los bosques.
Por lo tanto, el COVID-19 no es un evento aislado. La pandemia solo ha empeorado la actual crisis ambiental, climática, social y económica. Si bien los gobiernos ahora están ocupados con mitigar los peores impactos de la pandemia sobre su población y sus sistemas de salud, están haciendo todo lo posible para volver a la “normalidad” lo antes posible. Pero esta “normalidad” ya era una crisis para los millones de personas amenazadas por desalojos, violencia, pobreza, marginación y destrucción; mientras tanto, el caos climático ya afecta gravemente a la gente, los bosques y otros espacios de vida.
La pandemia actual aumenta aún más el riesgo de que los gobiernos, las industrias, las ONG conservacionistas y los inversores financieros intensifiquen su narrativa sobre la expansión de las Áreas Protegidas en todo el mundo como una “solución mundial” a las crisis del clima y de la biodiversidad – que según ellos son crisis separadas.
No permitamos la imposición de estructuras y actores poderosos que, una vez más disfrazados con el lenguaje de crisis, son los causantes de la propia catástrofe.
El llamado a crear más Áreas Protegidas no aborda ni las causas estructurales de la destrucción ni las amenazas a las que están expuestos los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y tradicionales como resultado de esta destrucción. Una solidaridad radical con aquellas comunidades que enfrentan la destrucción de sus territorios requiere conversaciones que cambien el enfoque. Como expresó el activista e investigador Larry Lohmann, cuando alguien pregunta: “¿Cómo debe preservarse este bosque?”, hay que responder con otra pregunta: “¿Cómo podemos encontrar en las comunidades las mejores formas de contribuir a sus luchas para defender sus propias prácticas de uso del bosque, incluyendo sus ciclos de subsistencia?”
(2) Ver Campaign For Nature; y CBD, Zero Draft of the Post-2020 Global Biodiversity Framework
(3) Ver por ejemplo, Conservación Internacional, Partnering with communities, institutions and governments