La criminalización de laprotesta social de las comunidades se extiende a nivel mundial. En América Latina, El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), una articulación de diversas organizaciones sociales, ha emitido la siguiente declaración que denuncia procesos violentos en la región:
“El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL-, reunido en su V Encuentro en la peruana ciudad de Lima, manifiesta su total repudio a la cadena de asesinatos que ha tenido lugar en las últimas semanas en Nuestra América, y que el día de ayer cobró una nueva víctima en el hermano país de Ecuador. El compañero Fredi Ramiro TaishTiwiram, de la comunidad indígena Shuar, fue asesinado en un confuso operativo del ejército ecuatoriano frente a la llamada minería ilegal. Es de resaltar que el pueblo Shuar está siendo doblemente atacado, por la presencia de la minería trasnacional, y la pequeña minería existente en la zona. Este nuevo crimen se suma al que recientemente tuvo lugar en Colombia, donde se segó la vida de César García quien oficiaba como integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, reconocido lider de la oposición al proyecto minero la Colosa -impulsado por la trasnacional Anglo Gold Ashanti. Asesinatos que nos recuerdan los perpetrados también en Bolivia contra José Mamani, y el que tuvo lugar en MalkuQota y los ocho heridos por balas el pasado año en ese mismo país; la represión, judicialización y muertos en el Perú por la oposición a la minería en el proyecto Conga, de la empresa Yanacocha, y en la Provincia de Espinar con el proyecto de la empresa GlencoreXstrata, entre muchos otros casos.
Para el OCMAL, estos asesinatos no pueden ser entendidos de manera aislada a la imposición del modelo extractivo minero en la región. Al contrario, hacen parte de un escenario de conflictividad agenciado por la irrupción corporativa en territorios hoy disputados por empresas que despliegan estrategias de despojo comunitario. Si estos agentes externos no hubiesen llegado con sus proyectos a los territorios, seguramente las esposas, los hijos, las familias y las comunidades de nuestros compañeros hoy continuarían contando con su compañía, con sus enseñanzas y sus sonrisas.
Manifestamos nuestra profunda preocupación e indignación por la creciente criminalización de los defensores de la naturaleza en la región, estrategia que está siendo utilizada por las empresas y los gobiernos latinoamericanos, incluso por algunos de aquellos que se autoreferencian como progresistas o alternativos. Entendemos estas estrategias de criminalización en un sentido amplio, pasando por la estigmatización, la invisibilización, las amenazas individuales y colectivas, la judicialización, la represión y la militarización de los territorios, y que incluso desembocan en asesinatos, como lo hacen manifiestos las recientes muertes que hemos señalado, y las que históricamente han tenido lugar en nuestros países. En última instancia, la criminalización en nuestra región hoy pretende anular la posibilidad de ser diferentes, de ejercer libremente la oposición y la denuncia de la destrucción, y la posibilidad de mantener relaciones armónicas con la naturaleza.
Invitamos a los pueblos hermanos y a sus organizaciones nacionales e internacionales, a rodear con la solidaridad que les caracteriza a las familias y comunidades que hoy se enlutan como consecuencia de la desaparición física de nuestros compañeros. La solidaridad que expresa la ternura de nuestros pueblos nos hará recordar para siempre que la muerte ofertada por el modelo extractivo no podrá acallar la lucha, ni opacar la alegria de hombres y mujeres libres, dignos y solidarias.
Exigimos a las instituciones competentes de los países en los que han sido perpetrados los crímenes, celeridad y esclarecimiento de los móviles, y la identificación y captura de los autores intelectuales y materiales de los ataques. Exigimos también que se respeten los regímenes constitucionales y los tratados internacionales para la garantía del derecho a un ambiente sano como condición necesaria para proteger el derecho a la vida. Exigimos también la revisión de los marcos normativos y legislaciones que favorecen la impunidad de los crímenes económicos y ecológicos de las empresas y corporaciones, y que se hacen manifiestas, entre otras, en la ley minera en trámite en Bolivia, y la ley de resguardo del orden público en Chile, despropósitos que además profundizan la represión social.
Solicitamos respetuosamente a los organismos internacionales de derechos humanos su acompañamiento preventivo a las comunidades que se encuentran en grave riesgo por los conflictos socio ambientales que el modelo extractivo ha implantado y exacerbado.
Asimismo solicitamos su pronunciamiento y acción frente a la falta de garantías en nuestros países para ejercer el legítimo derecho a la protesta pacífica y a la organización social para la defensa territorial.
Porque celebramos la vida, la minería en Nuestra América no pasará.”
Fuente: Declaración VEncuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL, http://www.conflictosmineros.net/noticias/comunicados-ocmal/15723-declaracion-v-encuentro-del-observatorio-de-conflictos-mineros-de-america-latina-ocmal