Malasia
Malasia se ha convertido en lugar de destino para trabajadores migrantes de otros países del Sudeste asiático – principalmente de Indonesia, Tailandia y Bangladesh –, que suelen ocupar puestos no calificados y de bajo salario en diferentes sectores, como la industria del aceite de palma, que requiere un uso intensivo de la mano de obra.
Hasta 2006, Malasia aplicaba un sistema de reclutamiento directo pero desde entonces lo reemplazó por un sistema centralizado de migración que introduce la subcontratación, obligatoria en el caso de los empleadores con menos de 50 trabajadores y opcional para el resto. Los “intermediarios de mano de obra” son quienes contratan a los trabajadores, intermediando entre éstos y la compañía plantadora, pagando salarios más bajos y quedándose con la diferencia. La maximización de la productividad suele darse a expensas de condiciones de trabajo y de vida razonables, y en detrimento de los derechos de los trabajadores de la plantación.
Organizaciones como Verité y Amnistía Internacional han informado acerca de abusos cometidos por agentes de subcontratación laboral, que cobran hasta 1.000 dólares por una visa. Estos agentes también han sido criticados por agregar gastos adicionales inventados a los trabajadores migrantes, a quienes cobran altos montos por la reinscripción de sus documentos de inmigración.
La subcontratación ha dado lugar a que muchos trabajadores migrantes, persuadidos por dichos agentes, terminen trabajando en plantaciones aunque no estén capacitados para esas tareas, por lo cual suelen sentirse insatisfechos, resultan menos productivos y están menos dedicados a su trabajo.
Además, esos trabajadores suelen quedar atrapados en los complejos cerrados y remotos de las plantaciones de palma aceitera, más aún porque deben entregar a sus empleadores permisos de trabajo, visas y pasaportes. En los casos en que de todos modos abandonan la plantación, se exponen a ser extorsionados por la policía local, cuya tarea principal es hacerlos volver a la plantación que los emplea. Los que logran escapar de la plantación no pueden encontrar trabajo formal en Malasia y, al convertirse en inmigrantes indocumentados, se arriesgan a enfrentarse a fuertes multas, encarcelamiento y castigos corporales por parte de la policía. Si encuentran trabajo en otro lugar, suele ser en pequeñas plantaciones independientes, poco visitadas por autoridades industriales o gubernamentales, con lo cual quedan aún más expuestos a prácticas laborales explotadoras.
Por otro lado, incluso los no migrantes son vulnerables a la explotación a través del trabajo en régimen de servidumbre. El sistema de producción por medio de pequeños propietarios es una táctica de las compañías aceiteras para crear una industria de plantación más inclusiva que les permite salir ganando. El informe Exploitative Labor Practices in the global Palm Oil Industry (Prácticas laborales explotadoras en la industria mundial del aceite de palma), preparado por Accenture for Humanity United (1), revela que “Los pequeños propietarios suelen pedir préstamos de 3.000 a 6.000 dólares (a un interés anual del 30 por ciento) a los plantadores comerciales, para comprar plantas, fertilizantes y otros insumos. Como las plantas de palma aceitera demoran entre 3 y 4 años en dar fruto, mientras tanto los pequeños propietarios trabajan como jornaleros, con salarios de USD 2,50 por día, en las plantaciones comerciales adultas. Cuando sus plantaciones se vuelven productivas, el ingreso promedio por una parcela de dos hectáreas es de 680 a 900 dólares por mes. El bajo nivel de ingresos, combinado con los altos costos de puesta en marcha y el pago de intereses relativamente altos hace que los pequeños propietarios se endeuden, generalmente por mucho tiempo, con las compañías plantadoras. Algunas de ellas, en lugar de pedir el reembolso en efectivo de sus préstamos exigen a los agricultores que les vendan sus frutos de palma, a precios fijados por ellas mismas y no por el mercado. Los agricultores quedan atados a la plantación principal, en condiciones fijadas por la compañía, hasta haberle reembolsado el total de sus deudas. Estas denuncias fueron corroboradas en entrevistas sobre el terreno, así como por testimonios de agricultores durante numerosas reuniones de la RSPO.
Los agricultores dicen que son ‘fantasmas en [su] propia tierra’, debido al ciclo interminable de endeudamiento en el que se ven atrapados. Estos problemas, si bien no son universales, sí son comunes, y equivalen a obtener mano de obra en régimen de servidumbre en las pequeñas propiedades.”
El trabajo infantil en las plantaciones de palma aceitera es une especie de legado de la inmigración. La legislación malaya prohíbe a los trabajadores migrantes tener hijos durante su estadía en el país. Sin embargo, muchos los tienen. Esos niños no obtienen la ciudadanía malaya, y tampoco la del país de origen de sus padres, de modo que son apátridas y suelen quedar atados al trabajo en las plantaciones. Ayudan a los miembros de su familia a alcanzar el alto rendimiento fijado por la dirección de la plantación, recogiendo frutos caídos, ayudando a cargar los racimos y desyerbando los campos de palmas. Se estima que entre 72.000 y 200.000 niños apátridas trabajan en las plantaciones de palma aceitera malayas.
Indonesia
Según un informe del Schuster Institute for Investigative Journalism (2), los derechos humanos son sistemáticamente violados en las plantaciones de palma aceitera de Indonesia. En base a varias entrevistas realizadas a trabajadores de 12 plantaciones de Borneo y Sumatra – dos islas en las que se realiza el 96% de las actividades aceiteras de Indonesia – la investigación reveló que entre los 3,7 millones de personas que trabajan en la industria del aceite de palma hay miles de niños, y que los trabajadores son víctimas de una suerte de esclavitud de los tiempos modernos.
Según esta investigación, las compañías confiscan la cédula de identidad y otros documentos legales de los trabajadores para impedirles dejar la plantación, incluso temporalmente, o retornar a sus hogares, durante los años que dura su contrato. Es común que no se les pague hasta haber cumplido con sus compromisos de trabajo, y que el dinero en efectivo lo obtengan en forma de préstamos de quien los reclutó. Esto genera para ellos una falsa deuda, como denunciaron varios trabajadores que se quejaron de ser mantenidos en cautiverio por CV Sinar Kalimantan, un contratista de mano de obra para una gran compañía productora de aceite de palma, el gigante malayo Kuala Lumpur Kepongn Berhad (KLK).
Los miembros del equipo de investigación del instituto Schuster también encontraron niños trabajando, algunos de sólo nueve años de edad, en todas las plantaciones que visitaron. Habitualmente trabajan en los viveros, recogen frutos de palma que quedan en el suelo o tienen sus propios contratos de trabajo con los supervisores de la plantación.
A pesar de la generalización de estos abusos, las grandes compañías aceiteras no se ven afectadas. La Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible (RSPO), el sistema de certificación voluntaria de la industria del aceite de palma, declaró que nunca suspendió o anuló el certificado de alguno de sus miembros por no haber respetado éste las normas laborales... Por lo menos 38 grandes empresas han comprado a KLK aceite de palma y derivados desde 2009; entre ellas figuran Archer Daniels Midland, Unilever, Procter & Gamble (P&G) y Cargill. Esta última ha vendido aceite de palma y sus derivados a Nestlé, General Mills, Kraft Foods y Kellogg.
Artículo basado en:
(1) “Exploitative Labor Practices in the Global Palm Oil Industry”, informe preparado por Accenture for Humanity United, http://humanityunited.org/pdfs/Modern_Slavery_in_the_Palm_Oil_Industry.pdf.
(2) “Forced Labor and Child Labor on Palm Oil Plantations”, informe del Schuster Institute for Investigative Journalism de la Universidad de Brandeis, http://www.schusterinstituteinvestigations.org/#!slavery-palm-oil-plantations-indonesia/cqcc.