Los recursos naturales y ecológicos de África han sido siempre codiciados. La tierra, los minerales, el gas, el petróleo, la madera, las aguas territoriales y tantos otros recursos suelen estar en el centro de la pelea por el continente.
El acceso y la redistribución de los recursos africanos están detrás de las intervenciones políticas y militares de coaliciones de países occidentales extranjeros o auspiciadas por las Naciones Unidas, en países como Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, Comores, Chad, Uganda, Zimbabwe, República Centroafricana, Liberia y, últimamente, Libia y Costa de Marfil.
En medio de la intervención de potencias militares internacionales, la República Democrática del Congo firmó contratos de minería de la peor especie con transnacionales de varios países occidentales "que intentaban mantener la paz en el país". Dichos contratos reforzaron el control de los recursos minerales de la RDC por parte de las compañías mineras transnacionales.
El crecimiento de la inversión extranjera directa y, por ende, el aumento de la acumulación capitalista, presuponen la subordinación de los sectores productivos locales y el alejamiento de las comunidades de sus tierras. El proceso de acumulación reduce el valor de todos los demás sectores de la economía y del aparato estatal; también disminuye las posibilidades que tienen los Estados africanos de intervenir en el momento y el lugar apropiados.
El sector extractivo de África, y especialmente la minería y el petróleo, es el que más inversiones extranjeras directas ha recibido. También es uno de los sectores en los que ha resultado evidente el desplazamiento de poblaciones enteras y la privación de acceso a la tierra para millones de habitantes rurales, como consecuencia del proceso de acumulación capitalista. El trastorno de las relaciones económicas y sociales que esto acarrea es una de las características permanentes de las comunidades africanas situadas en las zonas de extracción de minerales y petróleo.
La extracción de recursos incluye varias etapas, desde la exploración, la preparación del sitio, la implementación, la producción y el procesamiento, hasta el desmantelamiento. En cada etapa es necesario disponer de grandes extensiones para facilitar la extracción y el refinado.
Entre 1990 y 1998, una sola mina a tajo abierto, ubicada en Tarkwa, Ghana occidental, desplazó catorce comunidades habitadas por más de 30.000 personas. Ese desplazamiento conllevó la pérdida neta de más de 7.000 puestos de trabajo, puesto que los lugareños ya no disponían de tierras pero tampoco podían trabajar en la mina, por no poseer los conocimientos necesarios. Del mismo modo, en el noroeste de Ghana, el proyecto minero Ahafo, de Newmont, desplazó a 355 familias, sólo en la región de Kenyasi.
Otro proyecto de Newmont, en Ghana oriental, expulsará a todo un poblado habitado por más de 300 hombres y mujeres. La ejecución del proyecto requerirá la destrucción de 1.465 hectáreas y la pérdida de 3.057 granjas familiares pertenecientes a 1.208 personas. Además, el proyecto destruirá 64 hectáreas (el 13%) de la reserva de Ajenua Bepo, uno de los últimos vestigios de los bosques ghaneses. A lo largo de la costa occidental del país, por lo menos 72 aldeas se quejan de haber perdido sus pesquerías, debido a la intensidad de la exploración y la producción petrolera offshore.
Los diferentes tipos de capital que compiten por las tierras africanas (tierras para la producción local vs. tierras para la producción de alimentos con destino a la exportación; tierras para plantaciones de biocombustibles; tierras como bienes para la actividad financiera, el comercio y la especulación) excluyen cada vez más a los agricultores de la producción local y socavan el crecimiento potencial y el desarrollo de la agricultura doméstica, los medios de vida y la noción de propiedad comunal.
En África, y sobre todo en la región subsahariana, la mayoría de la gente aún vive en zonas rurales, donde cultivan, crían ganado o se ganan la vida dedicándose a otras actividades relacionadas con la tierra. Así, la tierra es un recurso natural indispensable y de crítica importancia. Además de ser un factor de producción, una reserva valiosa, un refugio, un lugar de esparcimiento, un espacio donde depositar los desechos de animales y seres humanos, la tierra define una constelación de relaciones políticas y sociales en las comunidades rurales.
La población rural de África ya está marginada en materia de empleo, de educación, de salud, de disponibilidad de agua potable durante todo el año y de acceso a otras infraestructuras económicas. En todo el continente, las luchas populares de las comunidades afectadas por la extracción petrolera y minera tuvieron por objetivo reparar la injusticia de verse privadas de tierras y de otros medios de vida, mientras las compañías mineras se llevan una parte desproporcionada de los beneficios y el desarrollo no llega a la región.
Es evidente que el marco liberal ha sido la referencia de todos los acuerdos que facilitan la transferencia masiva de tierras y la expropiación generalizada de los recursos naturales de África. En la misma medida pero en sentido inverso, la nueva fase de acaparamiento de tierras, todavía incoherente y no planificada, puede transformarse en un argumento de peso para adoptar alternativas políticas y de desarrollo.
Extractado y adaptado de: “Mining to Undermine Access to Land”, Abdulai Darimani, Third World Network-Africa, 20 de abril de 2011, publicado por Mines and Communities,http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=10858