REDD ha sido controvertido desde que fue presentado en 2007 − durante las negociaciones de la ONU sobre el clima en Bali, Indonesia − como un supuesto medio para reducir la deforestación. Además de señalar que como instrumento del mercado del carbono es una falsa solución del cambio climático, muchos pueblos indígenas manifestaron la preocupación de que REDD socave sus derechos, se vuelva un medio de dividir a las comunidades y ponga en peligro el acceso de los pueblos indígenas a sus territorios tradicionales y su control sobre ellos. A pesar de las numerosas promesas de instituciones internacionales como UN-REDD y el FCPF del Banco Mundial, según las cuales las iniciativas REDD iban a respetar los derechos de los pueblos indígenas y el principio del consentimiento previo, libre e informado (FPIC), y aplicar “salvaguardas”, los riesgos sobre los que muchos pueblos indígenas alertaron en 2007 están convirtiéndose en realidad. En Panamá y Honduras, las organizaciones de pueblos indígenas han revelado que el derecho al FPIC ha sido violado en los procesos nacionales REDD.
En Panamá no hay garantías de que se respeten los derechos indígenas
El 27 de febrero de 2013, las Autoridades Tradicionales de los Pueblos Indígenas de Panamá, por intermedio de su órgano de coordinación, COONAPIP, se retiraron de la iniciativa UN-REDD. En la carta en la que anunciaron su retiro explicaron que UN-REDD “no ofrece actualmente garantías de que se respeten los derechos indígenas” o de la “participación plena y efectiva de los pueblos indígenas de Panamá”.
En su carta del 10 de marzo de 2013 en apoyo de la decisión de COONAPIP, Jesús Amadeo Martínez, Consejero Mayor del Consejo Indígena de Centro América (CICA), escribe: “En mi condición de Consejero Mayor del CICA, me preocupa que las actuaciones de UN-REDD en Panamá con la COONAPIP no sean aisladas, sino que constituyan una nueva práctica de intolerancia y discriminación racial con los pueblos y organizaciones indígenas”.
En Honduras, REDD facilita la pérdida de territorios y el aumento del acaparamiento de tierras
Honduras fue uno de los seis países que presentaron sus planes nacionales REDD al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, del Banco Mundial, en marzo de 2013. La experiencia en cuanto a la preparación de esos documentos se parece a la de muchos otros países en los que los pueblos indígenas y las organizaciones comunitarias locales fueron excluidos del proceso.
En una declaración del 3 de abril de 2013, la OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) escribe: “Una vez más el Estado de Honduras viola el derecho a la consulta consignado en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al incorporarse al programa de Reducción de las Emanaciones Causadas por la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD+) al haber excluido al pueblo Garífuna del proceso de consulta en la elaboración del denominado R-PP (Readiness Preparation Proposal) financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y el Programa ONU-REDD”.
La OFRANEH también revela que “en el borrador del denominado R-PP de septiembre de 2012, la OFRANEH es mencionada como ‘La organización que dicta las políticas indígenas en los territorios Garífunas, tiene incidencia política y vela por el derecho del pueblo’; además, en el mismo borrador se incluye a la organización en los talleres de socialización y pre-consulta, que nunca fueron realizados. Como por arte de magia y sin haber contactado los funcionarios estatales o de Naciones Unidas a nuestra organización, en el R-PP de marzo del 2013 la OFRANEH desaparece del documento como la organización representante del pueblo Garífuna”.
En su informe de 2005, la Agencia de Investigación Ambiental documentó, entre otras cosas, la conexión entre políticos y quienes deforestan en Honduras. Sin embargo, el plan REDD presentado al FCPF del Banco Mundial no menciona esa relación, ni propone nada para combatir esa complicidad que sigue provocando la pérdida de bosques. A la OFRANEH y a otros les preocupa que REDD+ se convierta en Honduras en “un saqueo de los territorios de los pueblos indígenas”, y que facilite la pérdida de territorios y el acaparamiento de tierras.
Señalan que el Banco Mundial, la misma institución que ahora está involucrada en REDD, promocionó durante más de diez años una controvertida Ley de Propiedad que el Estado hondureño aprobó en 2004. Actualmente está en curso una petición de anulación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque esa ley representa una grave amenaza para la titulación comunal de los territorios de los pueblos indígenas y favorece su titulación individual, tendencia ésta que preocupa a las asociaciones indígenas en relación con REDD.
Artículo basado en: http://ofraneh.wordpress.com/2013/04/03/redd-estado-de-honduras-y-onu-redd-violan-el-derecho-a-la-consulta/; http://www.kepa.fi/tiedostot/nota-coonapip-31-13-resmision-de-resolucion.pdf; http://www.redd-monitor.org/2013/03/06/coonapip-panamas-indigenous-peoples-coordinating-body-withdraws-from-un-redd/