En la última década las agencias financiadoras han invertido decenas de millones de dólares para mejorar el manejo de los bosques de Laos, con el objetivo declarado de colaborar con el desarrollo rural y la seguridad del sustento. A pesar de estas inversiones, que incluyen proyectos multimillonarios financiados por el Banco Mundial, el gobierno de Finlandia y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida) entre otros, el mal manejo de los bosques de producción de Laos sigue siendo la norma.
Con el fin de resaltar los graves problemas que asolan los bosques de producción del país, el ingeniero forestal y ecologista social Benjamin D. Hodgdon, con una década de experiencia en Indochina, relata en la última edición de la revista Watershed (vol. 12 Nº 1, julio de 2006-febrero de 2007) la experiencia de un proyecto de una ONG y que hace poco fue discontinuado por el gobierno de Laos.
Su artículo (No success like failure: Policy versus reality in the Lao forestry sector) brinda un poco frecuente pantallazo acerca del verdadero mundo del madereo en Laos, realidad que contrasta con la legislación forestal firmada por el gobierno a solicitud de sus principales entidades financiadoras.
El artículo comienza presentando el fundamento del manejo comunitario de los bosques en el contexto del país, así como el desarrollo de la versión laosiana de la forestería comunitaria, centrada principalmente en la producción de madera, llamada “manejo de los bosques sustentable y participativo” (PSFM). Resultado de una década de proceso político apoyado por el Banco Mundial y el gobierno de Finlandia, el PSFM estipula en el papel que los aldeanos que vivan en las zonas designadas como bosques de producción o sus adyacencias tienen derecho a participar en la planificación y la gestión del bosque y les corresponde un porcentaje significativo de las ganancias obtenidas con la venta de la madera.
Esta es la política. Pero la realidad es algo bastante diferente.
Para ilustrar este punto, Hodgdon cuenta la historia de un proyecto apoyado por el WWF, cuyo objetivo era iniciar un PSFM en Xekong, una provincia remota del sur del país con abrumadora mayoría de habitantes indígenas. El proyecto, instrumentado en una zona de 10.000 hectáreas llamada Phou Theung, trabajaba con agencias forestales gubernamentales a nivel provincial y central para involucrar a siete aldeas (de las etnias Krieng, Alak y Souay) en la planificación y manejo del bosque de acuerdo con la legislación nacional PSFM.
Con el tiempo, sin embargo, y especialmente cuando la temporada maderera estaba en pleno apogeo, los socios gubernamentales del proyecto comenzaron a cometer graves delitos.
“Era rutina que los ingenieros forestales dejaran su trabajo en el proyecto o fueran reasignados para trabajar con empresas que estaban retirando madera ilegalmente de la zona del proyecto”, escribe Hodgdon. Al presentárseles pruebas de dichos delitos, las autoridades provinciales declararon que no sabían nada o alegaron que se trataba de las actividades de operadores “sin escrúpulos”. En realidad, sin embargo, como demuestra el artículo, dichas extracciones ilegales de madera contaban con “el total conocimiento y aprobación de funcionarios del gobierno”.
Como resultado de las actividades del proyecto para mejorar el manejo de los bosques e instrumentar la legislación nacional, individuos poderosos del Departamento Forestal y el gobierno provincial de Xekong se confabularon para discontinuar el proyecto, con el argumento de que “solamente el Estado” tiene derecho a tomar decisiones sobre el madereo.
El cierre del proyecto, dice Hodgdon, da la pauta de cuántos no aprueban el PSFM en el gobierno de Laos por razones tanto políticas como económicas. Políticamente, el proyecto significaba una disminución del poder del gobierno en cuanto a la toma de decisiones relativas a valiosos recursos madereros; económicamente “se traducía como menos dinero entrando en los bolsillos de unos pocos conectados”.
El artículo concluye afirmando que sin cambios fundamentales en las instituciones políticas y legales de Laos hay poca esperanza de que el PSFM funcione. Dice Hodgdon que “En esencia, las reformas democratizadoras como la legislación PSFM requieren instituciones democráticas para poder funcionar”.
El artículo completo (en inglés) está disponible en: http://www.terraper.org/pic_water/Watershed%2012(1).pdf