En momentos en que estamos publicando este boletín da comienzo la Cumbre de los Pueblos, en Brasil. En mayo, durante la reunión del Grupo de Articulación Internacional del Comité Facilitador para la Sociedad Civil rumbo a Río +20 de la Cumbre de los Pueblos (*), del cual el WRM forma parte, se lanzó un llamado internacional que queremos compartir con nuestros lectores, por la unidad y movilización de los pueblos, por la vida y los bienes comunes, por la justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la naturaleza y la “economía verde”.
A un mes de la conferencia de Naciones Unidas Río+20, los pueblos del mundo no vemos resultados positivos del proceso de negociación que se está realizando en la conferencia oficial. Allí no se está discutiendo un balance del cumplimiento de los acuerdos adoptados en Río 92 ni cómo resolver las causas de las crisis. El foco de la discusión es un paquete de propuestas llamado engañosamente “economía verde” y la instauración de un nuevo sistema de gobierno ambiental internacional que lo facilite.
La verdadera causa estructural de las múltiples crisis es el capitalismo, con sus formas clásicas y renovadas de dominación, que concentra la riqueza y produce desigualdades sociales, desempleo, violencia contra los pueblos, criminalización de los que lo denuncian. El sistema de producción y consumo actual - representado por las grandes corporaciones, los mercados financieros y los gobiernos que garantizan su mantenimiento – produce y profundiza el calentamiento global y la crisis climática, el hambre y la desnutrición, la pérdida de los bosques y la diversidad biológica y sociocultural, la contaminación química, la escasez de agua potable, el aumento de la desertificación de los suelos, la acidificación de los mares, el acaparamiento de tierras y la mercantilización de todos los aspectos de la vida en las ciudades y en el campo.
La “economía verde”, al contrario de lo que pretende sugerir su nombre, es otra fase del proceso de acumulación capitalista. Nada en la “economía verde” cuestiona o sustituye la economía basada en el extractivismo y los combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial, sino que extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, alimentando el mito de que es posible un crecimiento económico infinito.
El fallido modelo económico, ahora disfrazado de verde, pretende someter todos los ciclos vitales de la naturaleza a las reglas del mercado y al dominio de la tecnología, la privatización y mercantilización de la naturaleza y sus funciones, así como de los conocimientos tradicionales, aumentando los mercados financieros especulativos a través de mercados de carbono, de servicios ambientales, de compensaciones por biodiversidad y el mecanismo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación evitada y degradación de bosques).
Los transgénicos, los agrotóxicos, la tecnología Terminator, los agrocombustibles, la nanotecnología, la biología sintética, la vida artificial, la geoingeniería y la energía nuclear, entre otras, son presentadas como “soluciones tecnológicas” a los límites naturales del planeta y a las múltiples crisis, sin encarar las verdaderas causas que las provocan.
Además se promueve la ampliación del sistema alimentario agroindustrial, que es uno de los mayores factores causantes de las crisis climática, ambiental, económica y social, profundizando la especulación con los alimentos y favoreciendo los intereses de las corporaciones del agronegocio en desmedro de la producción local, campesina, familiar, de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, y afectando la salud de todas las poblaciones.
Como una estrategia de negociación en la conferencia Rio+20, algunos gobiernos de países ricos están planteando un retroceso de los principios de Rio 92, como el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas, el principio de precaución, el derecho a la información y la participación, así como amenazando derechos ya consolidados, como los de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, campesinos y campesinas, el derecho humano al agua, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los migrantes, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a ciudades incluyentes, derechos de la juventud y de las mujeres, el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación y a los derechos culturales.
Asimismo se intenta instalar unos llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que serán utilizados para promover la “economía verde”, debilitando aún más los ya insuficientes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El proceso oficial propone instaurar formas de gobierno ambiental mundial que sirvan como administradores y facilitadores de esa “economía verde”, dando protagonismo al Banco Mundial y otras instituciones financieras públicas o privadas, internacionales y nacionales, lo cual incentivará un nuevo ciclo de endeudamiento y de ajustes estructurales disfrazados de verde. No puede haber una gobernanza global democrática sin poner fin a la actual captura corporativa de las Naciones Unidas.
Repudiamos este proceso y llamamos a fortalecer las movilizaciones y la construcción de alternativas en todo el mundo.
Luchamos por un profundo proceso de cambio frente al actual modelo de producción y consumo, concretando nuestro derecho a desarrollarnos con modelos alternativos, basados en las múltiples realidades y experiencias de los pueblos, auténticamente democráticos, respetando los derechos humanos y colectivos, en armonía con la naturaleza y con justicia social y ambiental.
Planteamos la afirmación y construcción colectiva de nuevos paradigmas basados en la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía solidaria, la defensa de la vida y los bienes comunes, la afirmación de todos los derechos amenazados, el derecho a la tierra y al territorio, el derecho a ciudades incluyentes, los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones, la eliminación de toda forma de colonialismo e imperialismo.
Llamamos a los pueblos del mundo a apoyar la lucha del pueblo brasilero contra la destrucción de uno de los principales marcos legales de protección de los bosques, el Código Forestal, que abre caminos para una mayor deforestación, a favor de los intereses del agronegocio y de la ampliación de sus monocultivos; y contra la implementación del megaproyecto hidráulico Belo Monte, que está afectando la supervivencia y las formas de vida de los pueblos de la selva y la biodiversidad amazónica.
Reiteramos la convocatoria a participar en la Cumbre de los Pueblos que se realizará del 15 al 23 de junio en Rio de Janeiro, que será un punto importante en la trayectoria de las luchas globales por justicia social y ambiental que estamos construyendo desde Río 92, particularmente a partir de Seattle, Foro Social Mundial, Cochabamba, donde se han catapultado las luchas contra la OMC y el ALCA, por la justicia climática y contra el G-20. Recogemos también las movilizaciones masivas como Occupy, indignados y la primavera árabe.
Convocamos a la movilización global el 18 de junio contra el G20 (que en esta oportunidad se centrará en el “crecimiento verde”) y a la marcha de la Cumbre de los Pueblos el 20 de junio, en Río de Janeiro y en el mundo, por la justicia social y ambiental, contra la “economía verde”, la mercantilización de la vida y la naturaleza y por la defensa de los bienes comunes y los derechos de los pueblos.
(*) El Grupo de Articulación (GA) Internacional del Comité Facilitador para la Sociedad Civil (CFSC) rumbo a Río +20 de la Cumbre de los Pueblos se compone de 35 redes, movimientos sociales y organizaciones de 13 países diferentes. Sus representantes trabajan con el GA Nacional (integrado por representantes de 40 redes) en la coordinación metodológica y política de la Cumbre de los Pueblos -un evento paralelo y crítico a la Conferencia de las Naciones Unidas Río +20- que reunirá a miles de personas en el Parque Flamengo de Río de Janeiro, del 15 al 23 de junio.