Digna Ochoa, la abogada defensora de los recientemente liberados Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (ver artículo en esta sección), defensora incansable de los derechos del campesinado, ha sido asesinada. De sus 37 años de edad, ya había pasado más de 10 defendiendo los derechos de las comunidades de un sistema injusto de privatización de los recursos forestales locales a favor de grandes empresas nacionales y extranjeras. Su asesinato es un símbolo, tanto de la dignidad del pueblo mexicano, como de la indignidad de quienes detentan el poder.
En este contexto de hostigamiento permanente, donde no existen garantías de seguridad personal para quien se oponga a los intereses económicos de las compañías, donde se violan permanentemente los derechos a la tierra y la supervivencia de las comunidades más vulnerables, es donde se pretende llevar adelante el Plan Estratégico Forestal (PEF) elaborado por el grupo consultor finlandés Indufor.
Grupos ambientalistas finlandeses (WWF/Finland, Coalition for Environment and Development, FOE/Finland) alarmados por las noticias recibidas a través de nuestros boletines (48 y 49), donde explicitábamos la oposición de grupos sociales y forestales mexicanos al plan elaborado por la empresa consultora finlandesa, solicitaron una entrevista con el delegado mexicano de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) durante su visita a Finlandia en el mes de octubre.
Informados de la realización de esta reunión, y a solicitud de las organizaciones ambientalistas finlandesas, contactamos a grupos mexicanos, quienes formularon preguntas cruciales para plantearle a las autoridades mexicanas sobre temas que no parecen estar previstos en el plan y en particular acerca del impacto sobre la población local de las políticas propuestas.
El acta completa que nos hicieron llegar las organizaciones que participaron en la reunión se encuentra disponible en nuestra página web.
En resumen, las organizaciones participantes expresaron preocupación por la forma en que el gobierno mexicano esta aplicando el PEF y como se considerarán temas tales como la democracia, los derechos humanos, tierras comunitarias y protección ambiental de ese proceso.
A pesar de que el Director Regional de CONAFOR, Carlos Gonzalez Vicente intentó pasar el tema por alto diciendo simplemente que el proceso fue democrático y abierto, el Director Ejecutivo Alberto Cárdenas y Pedro Ernesto del Castillo Cueva, Coordinador de Gerentes Regionales, dieron detalles: se realizó una reunión de 20 gobernadores, hubo consejos estatales, hay mucha información en Internet, se distribuyeron mil discos compactos para obtener comentarios sobre el plan, se organizaron foros con anuncios publicados en los diarios, hubo consejos estatales cuyos miembros eran diputados, senadores y representantes de diversos sectores de la sociedad.
Las organizaciones finlandesas manifestaron que encontraban cuestionable la apertura y efectividad de los procesos de consulta arriba explicados, ya que el 80% de los bosques mexicanos pertenece a los grupos sociales pobres, con escasa educación formal, sin acceso fácil a los mecanismos de información utilizados por el PEF (por ejemplo, computadoras, periódicos...). Asimismo, a la mayoría de esa gente puede resultarle muy difícil participar en las reuniones públicas debido a la falta de dinero para viajar o por falta de información acerca de las mismas. Debido a esos factores, los grupos finlandeses plantearon que no había ninguna certeza sobre si en el proceso se ha escuchado realmente la opinión de los grupos más afectados.
Muchos fueron los temas sobre los que los representantes de CONAFOR hicieron afirmaciones de dudosa credibilidad, en particular en materia de participación, cooperación, trabajos con grupos marginados, los beneficios que los mexicanos obtendráan de dicho plan, entre otras. Resulta particularmente revelador en ese sentido mencionar lo que los delegados oficiales afirmaron en cuanto al tema fundamental de la tierra. Según Cárdenas, no hay por que preocuparse, puesto que las leyes mexicanas son muy claras. Mencionó el artículo 27 de la Constitución y dijo que el mismo prohibe vender tierras comunitarias. Los ambientalistas reaccionaron rápidamente, desmintiendo tal afirmación, ya que los cambios introducidos en el artículo 27 hicieron que las tierras comunitarias/ejidos sean ahora una propiedad que puede venderse. Más allá de las afirmaciones creíbles o no creíbles que se vertieron en la reunión, hay varios aspectos que merecen ser destacados. En primer lugar, la vigilancia que ejercen las organizaciones finlandesas sobre las empresas de su país, intentando evitar que lo que éstas hagan resulte en perjuicios sociales y ambientales en terceros países. En segundo lugar, la presión que ello implica, tanto para las empresas finlandesas como para el gobierno mexicano, que saben que están expuestos a críticas a nivel nacional e internacional. En tercer lugar, el trabajo conjunto llevado a cabo entre organizaciones finlandesas y mexicanas, que sirve para el fortalecimiento de las luchas a nivel local a través de un trabajo en redes que alcanza niveles superiores de presión. Todo eso es lo que hace que todo ese trabajo se constituya en una inspiración para continuar fortaleciendo vínculos entre quienes apuestan a un mundo social y ambientalmente sustentable.
Artículo basado en información obtenida de: http://www.jornada.unam.mx/2001/oct01/011020/043n2cap.html ;
http://www.globalexchange.org/campaigns/mexico/guerrero/mil/jornada101399.html ; Información enviada por: Karoliina Auvinen y Thomas Wallgren.