Las comunidades locales indígenas y campesinas son generalmente acusadas de degradar los bosques, por lo que son expulsadas de sus tierras o reprimidas, o las dos cosas. Al mismo tiempo las empresas madereras, que se benefician de la deforestación, reciben el apoyo de esos mismos gobiernos que acusan a las poblaciones locales de destruir el ambiente. Los siguientes dos casos de México constituyen una muestra más de los muchos otros de este tipo que ocurren en todo el mundo.
Lo acontecido a Rodolfo Montiel, un campesino que organizó la resistencia contra la destrucción provocada por la maderera multinacional Boise Cascade en perjuicio del bosque de la Sierra de Petatlán, en la costa del Pacífico del estado de Guerrero (ver Boletín 26 del WRM), es un ejemplo paradigmático de este tipo de resistencia. Arrestado en 1999 bajo la acusación de haber cometido "eco-terrorismo", y habiendo sido sujeto a tortura y maltratos desde entonces, el arresto de Montiel ha dado lugar a la formación de una coalición de ambientalistas y activistas por los derechos humanos en su defensa. En mayo del 2000, encontrándose todavía en prisión, recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su valiente activismo y fue adoptado por Amnesty International como preso de conciencia.
El conflicto surgido entre las comunidades ejidales que habitan en los bordes de la Reserva de la Biósfera Montes Azules -en la famosa Selva Lacandona- y las autoridades constituye otro caso que arroja luz acerca del conflicto ambiental en México. Los ejidos son organizaciones comunales provenientes de la época colonial, conformadas por un poblado donde cada familia posee su casa y su predio para cultivos de consumo doméstico y existe además un área de pastoreo común. Dicha estructura social típica de México y América Central, caracterizada por su sustentabilidad ecológica, económica y social, se encuentra seriamente amenazada por el avance de la economía de mercado. Más de 870 familias indígenas que viven en el área -la mayoría de las cuales refugiadas del conflicto armado de Chiapas en 1994- están siendo amenazadas con la expulsión por parte de las autoridades, y acusadas de cometer "delitos ecológicos" en detrimento de la reserva. Cuatro de las doce comunidades implicadas han aceptado ser reasentadas en otra zona, con la condición de que se respete el derecho de las otras comunidades a permanecer en Montes Azules. Estas han prometido respetar la reserva y han solicitado apoyo para proyectos de producción sustentable. No obstante, tanto las autoridades nacionales como las del estado de Chiapas han prestado oídos sordos a sus pedidos. Lo que es más, se teme que se desate una represión contra ellos, teniendo en cuenta que Chiapas es todavía una zona conflictiva y que los campesinos son en general considerados como potenciales rebeldes zapatistas. Ultimamente éstos han sido acusados de provocar incendios en la Selva Lacandona, lo que ha resultado ser completamente falso, ya que la propia Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) admitió que no existe una situación de emergencia por fuego en la Reserva. La Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos está reclamando a las autoridades que defiendan los derechos de las comunidades campesinas y que atiendan sus demandas. Además, la Liga ha instado a SEMARNAP a centrar su atención en la corta ilegal realizada por las grandes compañías madereras, la que constituye la verdadera causa de la degradación de los bosques en la Reserva de Montes Azules.
Artículo basado en información obtenida de: Editor Equipo Nizkor, 7/5/2000; Pat Rasmussen, Leavenworth Audubon Adopt-a-Forest, 18/5/2000;