En el número anterior de nuestro boletín informábamos acerca del plan forestal elaborado para México por la empresa consultora finlandesa Indufor. En dicho artículo señalábamos que la propia consultora destacaba que "la incertidumbre de las consecuencias sociales asociadas con las plantaciones a gran escala, ha producido una actitud cautelosa en las comunidades rurales". Nosotros traducíamos eso como una forma elegante de evitar usar la palabra más apropiada: oposición.
Y en efecto, la oposición no se ha hecho esperar. Los líderes de las cinco organizaciones sociales forestales más importantes del país hicieron público un severo cuestionamiento al llamado Plan Estratégico Forestal para México.
Los dirigentes de dichas organizaciones señalan que se parte de un diagnóstico "sesgado" que identifica al tipo de tenencia de la tierra como la principal causa de deforestación, "lo que parecería sugerir que la solución a la deforestación sería la privatización de bosques y selvas".
Y por supuesto que los dirigentes tienen razón, ya que a pesar de la acumulación de pruebas en contrario, los consultores extranjeros continúan insistiendo en la receta de la privatización como la solución a todos los males. En este caso, implicaría la apropiación de las tierras actualmente ocupadas por pequeños productores, campesinos y pueblos indígenas por parte de las grandes empresas transnacionales.
Contrariamente a lo que plantea la consultora finlandesa, para las organizaciones sociales forestales, "la principal causa de la deforestación es una política subordinada a la política agropecuaria, donde tradicionalmente los bosques y selvas han sido una especie de reserva territorial para la expansión de la agricultura y la ganadería". Lo cual no es ningún secreto para nadie en América Latina, aunque si parece serlo para los "expertos" extranjeros responsables de ese análisis que es correctamente tildado de "sesgado" por los productores.
Vinculado a lo anterior, los dirigentes también criticaron que el plan privilegia a la iniciativa privada como motor del desarrollo forestal y no toma en cuenta a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios (dueños de 80 por ciento de los bosques y selvas del país) para la planeación y ejecución del mismo y ni siquiera contiene un mecanismo de concertación con los productores.
Paradójicamente, resulta claro que el Plan Estratégico Forestal para México no es un plan para los mexicanos que habitan los bosques de México. Por el contrario, se trata de un plan elaborado a espaldas de los dueños de los bosques, que apunta a beneficiar a agentes externos conformados por grandes grupos económicos transnacionales. Bajo tales condiciones, sólo es dable esperar que la oposición a dicho plan continúe creciendo y ampliándose a todos los sectores sociales que serían afectados en el caso de que se implementara.
Artículo elaborado en base a información obtenida de: Rosa Rojas, "Critican grupos sociales plan forestal del gobierno foxista", La Jornada, 25/7/01.