El 41% del total del territorio de la región de la Sierra Madre de Chiapas – 227.000 km2, equivalente a la mitad de todo el territorio de Centroamérica – fue entregado a empresas nacionales y extranjeras en forma de concesiones mineras. Empresas mineras canadienses, estadounidenses y australianas, extraen de allí oro y plata, con la anuencia y protección de los gobiernos y el auspicio del TLC.
Las empresas mineras se han extendido sobre el territorio nacional, invadiendo tierras ejidales y comunales, subordinando poderes locales y estatales, y violando cotidianamente derechos de comunidades indígenas o campesinas, o regulaciones de terrenos nacionales, áreas naturales protegidas o áreas de contenido y tradición ceremonial y de patrimonio cultural del país. Las consecuencias ambientales, sociales y culturales de la minería a cielo abierto son enormes. La destrucción de los cerros trae consigo el deterioro del paisaje de las majestuosas serranías y de las cuencas de los principales ríos de la región.
La alta toxicidad de la minería metálica proviene no de los metales sino de los métodos con que se extraen (ver Boletín Nº 71 del WRM). En primer lugar, los miles de kilogramos diarios de dinamita utilizados para demoler montañas, se esparcen en polvo con nitrato de amoníaco y diesel. A eso se suma la filtración y el escurrimiento natural de los depósitos de miles de metros cúbicos de agua con cianuro de sodio (utilizado para la lixiviación de los metales) que contamina ríos y mantos acuíferos, traduciéndose en casos de muerte y enfermedades como cáncer o leucemia.
Ante la escalada de la explotación minera y sus impactos ambientales crece también la resistencia. Es así que en junio de 2008 se dieron cita cientos de personas integrantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos, de educación, de comunicación, de estudiantes, académicos, provenientes de 12 estados del país, y dieron origen a la Red Mexicana Antiminera (REMA).
La REMA denuncia lo que deja la minería: remoción de millones de toneladas de suelo y rocas con maquinaria pesada, contaminación de manantiales, ríos y cuencas con químicos, destrucción de sembradíos, desplazamiento de pueblos. Cuando se va, sólo deja su rastro de destrucción: enormes tiraderos de desechos y residuos, tierras estériles, aguas contaminadas, enfermedad y desolación.
La militarización de la región, que se incrementó en el marco del llamado “Plan Mérida” – técnicamente un proyecto de seguridad por el que Estados Unidos libera millones de dólares en equipo, tecnología computarizada y entrenamiento a México y los países de Centroamérica y el Caribe para combatir el narcotráfico y el crimen organizado – representa una ventaja para las empresas mineras. La fuerte presencia del ejército y policías federales y estatales encapuchados y fuertemente armados que cierran caminos y carreteras con retenes donde bajan a las personas de los vehículos para someterlas a interrogatorio, le proporciona una custodia que les asegura la apropiación del territorio y el control de la resistencia. Existe un permanente control social de los vecinos para averiguar quiénes integran alguna organización.
En ese contexto, la minera canadiense Blackfire, con 10 concesiones para la explotación de barita a cielo abierto, oro y antimonio en la región, fue objeto de fuertes protestas de habitantes del ejido Grecia, acusada de contaminar y despojarlos ilegalmente de tierras. Varios integrantes de la REMA, entre ellos Mariano Abarca Roblero, mantuvieron un plantón en la cabecera municipal de la empresa y luego otro frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México, reclamando el retiro de la trasnacional del municipio de Chiapas. Posteriormente, Mariano Abarca fue objeto de amenazas, hasta que finalmente, el pasado 27 de noviembre, fue asesinado por un presunto matón a sueldo.
La REMA responsabiliza de este crimen al gobernador, por no haber actuado en tiempo y forma para evitar el crimen, y a “Blackfire, a su Director General Artemio Ávila Cervera, a su Gerente de Relaciones Públicas Luis Antonio Flores Villatoro, y al gobierno del Estado de los acontecimientos de violencia contra los luchadores que defienden el agua, la tierra, el territorio y el medio ambiente”.
Y termina exigiendo, además de justicia inmediata y castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen, el retiro inmediato de la empresa canadiense Blackfire y sus concesiones mineras en Chiapas.
“¡Fuera Canadá y sus trasnacionales de Chiapas y México!”, es la consigna.
Información basada en: Nace la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)http://www.otrosmundoschiapas.org/analisis/REMAI.pdf; Asesinaron a Mariano Abarca Roblero, líder opositor contra la minera canadiense Blackfire en Chiapas,http://rema.codigosur.net/