Si bien los relatos sobre operaciones ilegales de madereo en los bosques tropicales del sudeste asiático y el centro de África para cubrir la demanda de la floreciente economía china son cada vez más corrientes, este informe es uno de los primeros en documentar la “sombra china” sobre los bosques semiáridos de África Meridional. Entre noviembre de 2003 y octubre de 2004 se llevó a cabo un estudio sobre operaciones forestales en la provincia de Zambezia, Mozambique, que descubre la connivencia entre comerciantes chinos, empresarios locales e integrantes del gobierno y los servicios forestales para extraer preciosas maderas duras tropicales de estos bosques de crecimiento lento a un ritmo que agotará el recurso al cabo de cinco a diez años. La madera se exporta en forma de troncos no procesados, lo que perjudica a la industria local y transfiere todos los beneficios potenciales de uno de los países más pobres del mundo a otro país que se está volviendo uno de los más ricos.
En comparación con los países productores del trópico húmedo, los volúmenes manejados en este negocio son pequeños, lo que ha llevado a una relativa negligencia al respecto en el plano internacional. Sin embargo, aunque los volúmenes sean pequeños, el impacto sobre la economía de este país pobre es importante en términos de pérdida de empleos, pérdida de ingresos, abuso de los derechos comunitarios y degradación de un recurso valioso y de los sistemas de manejo. Más que a la prohibición del madereo, este informe exhorta a la prohibición de la exportación de troncos, con lo que sería posible reducir la tala y promover la gestión sustentable y el desarrollo industrial así como, quizá lo más importante, cumplir las promesas que el gobierno hizo a su pueblo.
El gobierno de Mozambique, sus donantes y las instituciones financieras internacionales (IFI) han suscrito varios programas y políticas en apoyo del principal objetivo del país: la mitigación de la pobreza. El Plan de acción para la reducción de la pobreza absoluta (PARPA), el Programa nacional para la agricultura (PROAGRI, fases I y II) y las políticas, leyes y reglamentaciones forestales recientes citan, todos ellos, el manejo sustentable de los bosques y el desarrollo de industrias forestales para combatir la pobreza rural. En 2003 el gobierno firmó la iniciativa de Aplicación de Leyes sobre Bosques y Gobernabilidad en África (AFLEG) comprometiéndose internacionalmente a combatir el madereo y el comercio ilegales y la corrupción y a promover la gestión adecuada de los bosques.
Este informe demuestra cómo el gobierno, y por asociación también las IFI y los donantes que lo apoyan, han fracasado en el cumplimiento de estos compromisos. El motivo no son las carencias en cuanto a capacidad técnica o recursos, ni la simple falta de voluntad política, sino un conflicto de intereses directo entre las responsabilidades públicas y los intereses privados de funcionarios gubernamentales, en especial los Servicios nacionales y provinciales para los bosques y la vida silvestre (DN/SPFFB), y otros, con inclusión de miembros importantes de partidos políticos (FRELIMO). Junto con los intereses comerciales locales y los comerciantes asiáticos estos funcionarios públicos constituyen una “mafia de la madera”. En lugar de combatir el madereo ilegal, lo que están haciendo al manipular la reglamentación y la información sobre los bosques, aceptar sobornos e involucrarse personalmente en el madereo, es facilitar este negocio y beneficiarse con el mismo. El informe exhorta a gobierno y donantes a rendir cuentas, por el bien de los pobres de Mozambique y de los contribuyentes de los propios países donantes, y a lograr el buen gobierno de los bosques.
Una gestión sensata de los bosques debería fundarse en tres aspectos: un sistema para limitar la tala anual a un nivel que pueda sustentarse en el largo plazo, planes de gestión para las concesiones madereras y una capacidad industrial en equilibrio con la productividad de los bosques. Tras un gran escándalo ocurrido en 2000, los servicios forestales fueron obligados a organizar la producción en torno a cuotas anuales sustentables. El último inventario publicado establece en 18.000 m3 la corta anual permitida de especies actualmente comercializadas en Zambezia. Sin embargo, en los últimos cinco años el SPFFB ha autorizado la tala de más de 28.000 m3 por año, y la cuota para 2004 se acercó a los 50.000 m3. Para justificar la nueva cuota se han mencionado nuevos datos de inventario, que sin embargo nunca se han publicado.
La mayor parte de la cuota no se concede a industrias existentes, lo que brindaría empleos y desarrollo, sino a pequeños operadores vinculados con exportadores asiáticos establecidos en el puerto de Quelimane, que aportan el crédito indispensable para pagar los costos de los permisos. Todos los pequeños operadores son de nacionalidad mozambiqueña, pero son tantos (más de 150 en 2003), sus actividades tan poco controladas y su reinversión en el sector tan baja que se han vuelto parte del problema de la explotación forestal más que parte de la solución. Creen que explotar los bosques es su derecho más que un privilegio acordado a quienes manejan los bosques en forma inteligente.
Tanto la política como la legislación exigen un sistema para las concesiones forestales, pero éste se está estableciendo en forma muy lenta. Más de 40 aspirantes a concesiones, con inclusión de compradores asiáticos, inversores extranjeros, industrias locales y frentes formados por integrantes de los servicios forestales o el gobierno, han solicitado concesiones para más del 50% (un millón y medio de hectáreas) de los bosques. Son muy pocos los que prepararon los planes de gestión o establecieron las industrias que la ley exige, pero mientras tanto todos recibieron permisos para cosechar en su zona. De hecho, los pocos planes de gestión aprobados proponen extraer toda la madera comercial ¡en un período de entre cinco y diez años!
Las comunidades rurales han dado una larga batalla por los derechos a sus tierras, pero no tienen derechos sobre su madera excepto para su subsistencia. Las fuentes alternativas de empleo son pocas, y se ven limitados a trabajar para operadores con permiso por menos del salario mínimo o a abastecer a otros comerciantes con madera que han obtenido en forma ilegal. Se supone que el 20% del costo de los permisos es para las comunidades, pero nunca lo han recibido; de cualquier modo, el total sería muy pequeño. Si se trata de que los bosques beneficien a las comunidades, se necesita una reforma más radical.
Las cuotas y los permisos no indican cuánta madera se está cosechando en realidad, ni en dónde. No existe más que un puesto de control auténtico, la práctica de declarar cantidades menores es generalizada y sistemática, la inspección es laxa, los sobornos son comunes y el sistema informático de permisos y transporte, introducido por el SPFFB luego del escándalo, es en gran medida meramente cosmético. En 2002 la cuota se estableció en 42.000 m3, y el SPFFB solamente otorgó permisos por 33.200 m3 y autorizó la exportación de 28.400 m3. Pero ese mismo año, 17 buques graneleros y 27 buques contenedores cargaron troncos, y el puerto registró la exportación de 51.000 m3. Ninguno de los departamentos gubernamentales encargados de los informes sobre la cuestión forestal presenta los mismos números. Debe investigarse en detalle esta situación.
El mayor problema, puesto que moviliza todo el sistema, es la exportación continuada de madera. Según la ley, las principales especies comerciales deben ser procesadas antes de su exportación y, contrariamente a lo que dicen los madereros, la capacidad industrial de Zambezia es suficiente para procesar toda la cuota anual. Sin embargo, en el momento que la legislación entraba en vigor el Ministerio, presionado por los compradores asiáticos, emitió un decreto interno con una nueva clasificación de las maderas comerciales de modo de permitir su exportación como troncos. Puede que este decreto sea ilegal, pero hasta que no se lo declare como tal la “sombra china” continuará generando problemas.
En resumen, se está permitiendo a demasiados operadores, grandes y pequeños, apropiarse de demasiada madera en demasiados lugares, de tal forma que el recurso no será gestionable en el largo plazo. El sistema abusa de los derechos de las comunidades locales, negándoles las oportunidades de empleo, una necesidad vital, y el desarrollo de sus capacidades que resultarían del manejo sustentable de los bosques, las industrias procesadoras y las empresas fundadas en la comunidad. La exportación ilegal de troncos está asfixiando a la industria local y amenazando las fuentes de trabajo locales. Los servicios forestales del gobierno presiden estos abusos y actúan en connivencia con los mismos de una forma que parece burlarse tanto de la noción de “gobierno” como de los objetivos de los donantes. No puede haber excusas para el enriquecimiento personal y la pérdida pública a la escala que se están dando.
El objetivo de este estudio no es solamente documentar estos problemas y generar conciencia, sino también proponer soluciones. El informe principal brinda detalles técnicos de las prácticas en el sector forestal para explicar y justificar las cinco reformas clave que se proponen y a la vez refutar los argumentos presentados por la “mafia de la madera” para permitir que la “sombra china” continúe haciendo de las suyas.
Entre las reformas propuestas se cuentan la moratoria inmediata a las exportaciones de madera sin procesar, la revisión del decreto ministerial que permite dichas exportaciones, la suspensión del madereo de parte de pequeños operadores, la suspensión de aprobaciones de nuevas concesiones y la revisión independiente de los planes de gestión forestal existentes. Los derechos de las comunidades locales a sus recursos forestales deben ser garantizados por la ley. Debe brindarse apoyo a las comunidades para que manejen sus propios bosques, y debe obligarse a los operadores que deseen explotar los bosques a asociarse legalmente con las comunidades. Además se propone una serie de medidas para cada uno de los principales grupos interesados. Mientras tanto, aquellas operaciones de cosecha vinculadas con las industrias deben continuar, sujetas a supervisión independiente, con el fin de preservar las fuentes de empleo y cubrir las necesidades internas de madera. Es fundamental detener las operaciones forestales no vinculadas con empleos permanentes de calidad, para poder disponer del tiempo y los incentivos necesarios para que el sector vuelva a estar bajo control. A medida que los problemas se vayan resolviendo podrán levantarse las moratorias, hasta que todas las actividades vuelvan a estar permitidas. Como medidas compensatorias se proponen planes de infraestructura financiados por los donantes, para reducir al mínimo los impactos sobre la economía de la provincia durante la transición a una gestión sensata.
Es importante destacar que el informe exhorta a la acción internacional para presionar al gobierno de China a que asuma su responsabilidad y garantice que su propia bonanza económica no robe a los países pobres y vulnerables los recursos que éstos necesitan para su propio desarrollo.
Por Catherine Mackenzie, correo-e: camackenzie2002@yahoo.co.uk