En febrero de 1998 representantes de las comunidades indígenas Sumus y Miskitos, autoridades locales y regionales, ONGs ambientalistas y líderes comunales y religiosos se reunieron en Rosita, localidad de la costa atlántica nicaragüense, para discutir una estrategia común de oposición a las actividades ilegales de la empresa maderera coreana Kimyung. La misma había recibido en 1994 una concesión del gobierno central para explotar 62.000 hectáreas en territorios indígenas (ver Boletín 11 del WRM). Kimyung operaba a través de su subsidiaria SOLCARSA. Si bien dicha concesión fue considerada violatoria de la Constitución, la empresa dio inicio a sus actividades de corta depredatorias, lo que generó resistencia a nivel de las comunidades locales. A medida que caían miles y miles de árboles y que la gente comenzó a darse cuenta de que los puestos de trabajo creados eran escasos y mal pagos y que la empresa incumplía sus promesas iniciales, la oposición creció.
Una resolución de la Suprema Corte del año 1998 estableció que la concesión era inconstitucional y debía ser revocada, lo que sucedió un año después. No obstante SOLCARSA no se rindió y, una vez que sus actividades fueron declaradas ilegales, no se fue del país sino que realizó una maniobra cambiando su nombre por el de PRADA. Si bien PRADA y SOLCARSA son la misma cosa, el nuevo nombre permitió a la empresa seguir con la depredación de los recursos de los indígenas en la zona. PRADA llegó incluso a presentar una demanda contra ONGs ambientalistas nicaragüenses que la habían acusado de ilegalidad. Dicha demanda fue desestimada por dos resoluciones judiciales a fines de 1998 y a principios de 1999 respectivamente.
Por sorprendente que pueda parecer, en diciembre pasado PRADA comenzó una campaña publicitaria en TV diciendo que Smartwood ya la había certificado. ONGs ambientalistas nicaragüenses tomaron contacto con la oficina nacional encargada de asuntos relativos a la certificación forestal y recibieron como respuesta que tal certificación todavía no había sido otorgada.
A efectos de evitar que PRADA sea certificada -lo cual sería una farsa total, minando de esa manera la confiabilidad de todo el proceso de certificación en su conjunto- las ONGs ambientalistas de Nicaragua se han dirigido a Smartwood solicitándole que:
- haga más averiguaciones acerca de los terribles antecedentes de PRADA; que ha actuado en la ilegalidad en la explotación de los bosques tropicales de Nicaragua;
- deje claro frente a la opinión pública nacional qué tipo de relación existe actualmente entre Smartwood y PRADA;
- exija a PRADA que retire inmediatamente de circulación la publicidad referida.
Fuente: Centro Alexander Von Humboldt, 20/1/2000;