Durante los últimos nueve meses, fuertes intereses se han enfrentado en el Estado de Cross River, hábitat de los últimos bosques tropicales primarios de Nigeria. La controversia se produjo en torno a las actividades de Wilmar International, una multinacional de Singapur que se describe a sí misma como “la mayor procesadora y comercializadora de aceite de palma y ácido láurico”. Dicha compañía ha sido criticada por una ONG de Calabar, el Centro de Recursos y Desarrollo del Bosque Tropical (RRDC) por lo que ésta considera como violaciones flagrantes a los derechos humanos y ambientales, así como de las leyes locales y nacionales.
Wilmar explota 19.712 hectáreas de plantaciones de palma aceitera en la zona de Calaro, Ibiae y Biase del Estado de Cross River, como parte de una empresa conjunta con PZ-Cussons. La compañía apunta a adquirir 50.000 hectáreas de tierras comunales para expandir sus plantaciones en ese Estado durante los próximos años. Las plantaciones fueron presentadas con bombos y platillos en noviembre de 2012. Hablando en nombre del Presidente Jonathan durante la ceremonia de inauguración, el Ministro de Agricultura, Akinwunmi Adesina, declaró que las plantaciones de palma aceitera de Calaro-Ibiae y Biase representaban “un importante jalón en el programa de inversión nacional que estimulará la diversificación económica...”.
Esos nobles deseos pasan por alto el costo real, humano y económico, de tal emprendimiento. Según el director ejecutivo de RRDC, Odey Oyama, los derechos de Wilmar sobre las tierras de Ibiae son discutibles, dado que la zona comprende tierras pertenecientes a agricultores locales. Igualmente crucial es el hecho de que, en las concesiones de Wilmar en el eje de Kwa Falls, la propiedad plantada con palma aceitera también está dentro de los límites de reservas de bosque establecidas: la división Oban Hill del Parque Nacional de Cross River y la Reserva de Ekinta.
En noviembre de 2012, RRDC protestó oficialmente ante la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Responsable (RSPO), acusando a Wilmar de haber comenzado a operar – sin respetar las condiciones legales referentes a la Evaluación de Impacto Ambiental – en tierras adquiridas sin cumplir con lo estipulado por la legislación en materia de uso de la tierra. RRDC también acusó a la compañía de varias otras irregularidades, como la falta de un acuerdo con las comunidades propietarias, la adquisición ilegal de tierras arrendadas al CARES (Plan de Desarrollo Agrícola y Rural del Estado de Cross River), y el incumplimiento de las leyes y reglamentos municipales pertinentes.
RRDC señala que esas cuestiones atañen directamente a los principios básicos de la RSPO, de la cual es miembro Wilmar. En vista de esto, RRDC sugiere a la RSPO que exhorte a Wilmar a suspender sus actividades y a esforzarse por calmar las preocupaciones de las partes perjudicadas. En respuesta a las acusaciones de RRDC, Wilmar presentó a la RSPO un documento de cuatro páginas en el que niega las acusaciones de la ONG y declara que intentó resolver todos los problemas referentes a sus adquisiciones y operaciones en las propiedades de Cross River. Para RRDC, cualquier compañía privada que se instala en tierras comunales sin cumplir con las disposiciones legales está cometiendo una apropiación indebida. Wilmar no ha cesado de mencionar acuerdos con las comunidades indígenas, pero nunca presentó copia de ninguno de ellos. RRDC piensa que, en una democracia constitucional como la que existe actualmente en Nigeria, ninguna agencia gubernamental puede pasar por encima de los debidos procedimientos legales, ni otorgar garantías que equivalen a eximir a empresas privadas de la obligación de respetarlos.
Según los asesores ambientales de Wilmar, Ibara Environs Consultants, la compañía realizó en sus dos plantaciones las evaluaciones de impacto ambiental requeridas. En una carta sobre el tema publicada en noviembre 2012 por Ibara Consultants, el gigante del aceite de palma insistió en que “reconoce el valor y la importancia de manejar sus fábricas y plantaciones respetando las múltiples necesidades de la sociedad y sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de responder a sus propias necesidades y de disfrutar de los mismos recursos que hoy tenemos”. A pesar de la abundante retórica de Wilmar, RRDC alega que la compañía no posee ningún certificado auténtico de EIA y que no ha presentado pruebas de haber indemnizado a las comunidades locales ni copia de ningún boletín oficial donde figuren sus adquisiciones.
En enero de 2013, se organizó una reunión de las partes interesadas en el Ministerio de Justicia del Estado de Cross River, a la que asistieron una delegación del gobierno estatal, representantes de Wilmar, representantes de las comunidades indígenas y miembros de RRDC. De un modo u otro, la discusión se desvió de las cuestiones de fondo presentadas a la RSPO por RRDC, y el Director Ejecutivo de RRDC fue acusado de ser un hombre débil que no quiere que Wilmar tenga negocios en Nigeria (a pesar de que RRDC insiste en que Wilmar debe cumplir con la legislación y que de ahí se derive el conflicto).
RRDC y Wilmar ante la justicia
Dado que durante la reunión del 15 de enero de 2013 las partes no lograron resolver los problemas planteados y presentados a la RSPO por RRDC, esta organización se vio obligada a dirigirse a un tribunal competente de la República Federal de Nigeria en busca de una interpretación apropiada. Además, RRDC afirma que nada permite pensar que la transferencia de tierras pertenecientes a los comités indígenas cumple con las leyes de la República Federal de Nigeria.
Durante las semanas siguientes a la reunión de enero, el Sr. Oyama sufrió un acoso sostenido de la policía de Calabar, que invadió su hogar forzando la entrada (y sin ningún tipo de orden judicial) el domingo 27 de enero de 2013. Debido al acoso policial, el Sr. Oyama debió ocultarse para estar a salvo, y su caso ha sido retomado por organizaciones internacionales de protección del medio ambiente, como Amigos de la Tierra Internacional (FoEI). El Sr. Oyama sostiene que el acoso policial contra su persona es consecuencia de su intervención judicial contra Wilmar y sus plantaciones de Calaro-Ibiae/Biase, y también de la posición de RRDC en cuanto a las plantaciones que Wilmar pretende emprender en el Estado de Cross River sin que nada indique que cumple con la legislación local y federal.
En una carta fechada el 13 de marzo de 2013 y dirigida al Honorable Ministro del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Wilmar presentó finalmente 20 copias impresas del informe de EIA sobre las plantaciones de palma aceitera de Biase/Ibiae, fechado en junio de 2013, para ser analizado y presentado al público. Es evidente que las declaraciones hechas por los consultores de Ibara Consultants en nombre de Wilmar en noviembre de 2012 no eran verdaderas. Además, luego de los estudios preliminares realizados por RRDC también se ha vuelto evidente que el informe tiene numerosas carencias: por ejemplo, la página donde se supone que figura el mapa de la concesión está en blanco. Cabe preguntarse cómo es posible que un informe de EIA que no contiene el mapa de la zona de la concesión pueda ser auténtico.
Missang Oyongha, Rainforest Resource & Development Centre (RRDC), correo electrónico: rainforestcentre@yahoo.co.uk