El noventa y siete por ciento del territorio de Papua Nueva Guinea (PNG) continúa siendo tierra tradicional de propiedad de los pueblos que la habitan, que voluntariamente entregan el 3% al gobierno para la construcción de escuelas y otros edificios públicos. Esta tierra exuberante, donde viven más de 700 pueblos cultural y físicamente diferentes, cada uno con su propio idioma y cultura tradicional, solía tener propietarios de tierras tradicionales que efectuaban un manejo sustentable del bosque con poca interferencia externa.
Más recientemente, varias empresas extranjeras han ingresado al país para efectuar madereo industrial masivo, básicamente para obtener troncos para la exportación. Más del 10% del recurso forestal, aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados, se perdió entre 1975 y 1996. Forest Watch de PNG realizó una evaluación en junio de 2001 que concluyó que las empresas madereras extranjeras continúan asolando los bosques, destruyendo todo a su paso en su afín de llevarse la madera más valiosa, que es exportada al exterior para su posterior procesamiento.
En noviembre de 2000 se creó un Equipo de Revisión Independiente para examinar las propuestas nuevas de concesiones madereras. Se encontró evidencia generalizada de interferencia política, en general de ministros, y omisiones reiteradas en la aplicación de los procesos debidos y las leyes sobre la tierra. Incluso hay sugerencias de corrupción al descubierto, que incluyen fraude y falsificación por parte de políticos y burócratas.
Forest Watch de PNG está llamando a la realización de una investigación a alto nivel sobre los supuestos vínculos entre las empresas madereras y el comercio ilegal de armas y drogas. Esto surge a partir de declaraciones realizadas por el Comandante de policía interino de North Fly, el Inspector Superior Hariba Mamaea, quien afirmó que hay gente que viaja desde Komo a través del río Nomad hasta el campamento maderero de Binge a vender drogas a cambio de armas de fuego de alto poder, aparentemente traídas desde Australia vía Daru.
Se dice que la policía local llama al campamento maderero "zona de libre comercio" debido a las actividades de contrabando que se realizan allá. Se cree que el campamento maderero de Binge es manejado por la compañía maderera Concord Pacific, que fuera criticada en la Revisión Forestal Independiente más reciente en los siguientes términos: "Este proyecto viola los términos de la Política Forestal Nacional y las disposiciones actuales de la Ley Forestal El proyecto no se puede considerar un proyecto forestal desde ningún punto de vista de manejo forestal adecuado" (Informe de concesión individual No.31, octubre de 2001, página 1).
La empresa Concord Pacific está estrechamente vinculada con un tal Philip Lee, que según informaron los periódicos Post Courier y The National, el año pasado fue deportado de PNG al encontrársele en posesión de cinco pasaportes diferentes, incluso tres pasaportes de PNG. Más adelante se permitió al Sr. Lee volver al país, donde ha permanecido a pesar de la orden judicial en apoyo de la orden de deportación. La semana pasada se reveló que el Ministro de Asuntos Exteriores, que comparte intereses comerciales con el Sr. Lee, no tomó medidas acordes con la orden judicial de que el Sr. Lee debería ser deportado.
La conexión y el apoyo que ha recibido el Sr. Lee del partido de gobierno explicaría por qué el actual Ministro de Bosques ha hecho como mínimo dos intentos de conceder reducciones impositivas especiales a Concord Pacific, empresa de la que el Sr. Lee es accionista y gerente general. También explicaría el hecho de que el Ministro haya ignorado totalmente las disposiciones de la Ley Forestal al intentar conceder a Concord Pacific el derecho a talar bosques para la construcción de una "carretera a través de tierras altas" y el hecho de que el gobierno no haya continuado las acciones legales iniciadas en 1999 por la Autoridad Forestal contra Concord Pacific por madereo ilegal.
Además, el vínculo estrecho entre Concord Pacific y funcionarios gubernamentales de alto nivel parece aclarar por qué el gobierno tampoco siguió las recomendaciones del año pasado de la Revisión Forestal Independiente, que determinó que la operación Kiunga Aiambak de la empresa "violaba la Política Forestal Nacional y las disposiciones actuales de la Ley Forestal". La Revisión recomendaba que "se iniciaran acciones judiciales de inmediato" y "si es posible desde el punto de vista legal, este proyecto debe ser clausurado y se deben confiscar sus activos para rembolsar a los propietarios de tierras las pérdidas que sufrieron".
"El Primer Ministro debe explicar con claridad las acciones realizadas por su Ministro y revelar la medida real de los vínculos entre su partido y el Sr. Lee", dijo Forest Watch de PNG. "También debe explicar la omisión de su gobierno de tomar medidas ante los numerosos informes de actividades delictivas de la empresa".
Artículo basado en información obtenida de: PNG Forest Watch, "Forest Management in Papua New Guinea - An assessment by PNG Forest Watch", 9 de junio de 2001; "NGO Report Critical of Forestry Review", Papua New Guinea Eco-Forestry Forum, 22 de enero de 2001; "Illegal Guns, Drugs and the Logging Industry", 29 de enero de 2002, "Forest watch calls on PDM to explain links to logging company", 20 de febrero de 2002.