El derrame de 5.500 barriles de petróleo en el río Marañón acontecido el 3 de octubre de 2000 en el corazón de la Amazonía peruana, en los distritos de Urarinas y Parinari, Provincia de Loreto, constituye un desastre ecológico, cuyas consecuencias están todavía perjudicando el ambiente y a la población nativa de la zona. El derrame afectó la Reserva Pacaya Samiria, que es el área protegida de mayor superficie del país. La responsable tanto del accidente como de la actual situación es la transnacional Pluspetrol, con sede en Argentina.
Se estima que el derrame ha afectado a unas 20.000 personas, muchas de las cuales pertenecen al grupo étnico Cocamas-Cocamillas. La contaminación de las aguas ha alterado su vida cotidiana, ya que ellos la utilizan el agua del río para beber, bañarse y para esparcimiento. La pesca, que constituye su recurso básico, se ve impedida por la contaminación existente y la muerte de la fauna del río. Se han multiplicado los casos de diarrea y enfermedades de la piel. Los médicos enviados por la empresa y por el Ministerio de Salud no dan abasto con los pacientes. Además hay denuncias de que parte de los medicamentos enviados a la zona nunca llegaron a destino y fueron vendidos ilegalmente en Iquitos.
“La compañía no ha querido ayudarnos en ningún momento; tan sólo nos ha dado un poco de comida y muy poca agua potable”, expresó el párroco local Miguel Angel Cadenas. Según testimonios de monjas misioneras que trabajan en la zona, el alimento suministrado por Pluspetrol es de baja calidad y las provisiones no son suficientes ni siquiera para satisfacer las necesidades de una dieta básica para toda la población afectada.
En lugar de ayudar efectivamente a los afectados por el desastre que ella misma provocó, Pluspetrol está más que nada preocupada en mostrar una imagen “verde” y “humanitaria” de si misma hacia el exterior. Quienes reciben esa escasa ración de alimento y agua deben firmar un documento expresando su “gratitud” a Pluspetrol por el apoyo otorgado. Por otra parte, la empresa está por presentar una Evaluación de Impacto Ambiental según la cual la presencia de petróleo en las aguas del río Marañón sería menor ahora que antes del accidente, lo que es a toda luces difícil de creer.
ONGs peruanas han denunciado que no es ésta la primera vez que Pluspetrol está implicada en similares problemas. En noviembre de 1999 un oleoducto perteneciente a la empresa se rompió en la Quebrada Pucayacu del río Chambira. Como consecuencia varios indígenas Urarina se enfermaron y varios incluso murieron. Las mismas exigen que se revisen los contratos de explotación de Pluspetrol y que el transporte de petróleo sea estrictamente controlado. Las consecuencias ambientales de la explotación de petróleo en las zonas tropicales --entre otras, la contaminación por metales pesados provocada por los materiales de desecho de los pozos, los incendios de extensas porciones de selva y el riesgo de explosión causado por los escapes de gas-- así como los impactos sociales que provoca, muestran a las claras que el mencionado derrame no es tan sólo un “accidente”. En los cálculos de las empresas petroleras esto es tan sólo un riesgo esperado. Pero al final son siempre los indígenas y otras poblaciones locales, junto a sus bosques y aguas, lo que tienen que pagar los platos rotos.
Artículo basado en información obtenida de: Resistance - Oilwatch Network Bulletin Nr. 13, February 2001; Wilfredo Ardito Vega, Instituto de Defensa Legal, 29/1/2001;