Este texto lo escribimos entre muchas manos, a partir de conversaciones y planteamientos de mujeres que viven en el territorio de Vale do Ribeira –entre las regiones Sudeste y Sur de Brasil– y que libran una lucha contra la concesión (1) de uno de los más importantes parques de la región, el Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR). El parque, que está ubicado en los municipios de Iporanga y Apiaí, actualmente es administrado por el gobierno del estado de São Paulo y fue incluido en un plan de concesiones junto con otras unidades de conservación, lo que permitirá a las empresas privadas (nacionales o internacionales) obtener el derecho a explotar comercialmente la parte del territorio donde se concentran las principales atracciones turísticas.
Vale do Ribeira es la región de Brasil que comprende la mayor porción del bioma Bosque Atlántico (Mata Atlântica, en portugués) conservada en un 70%. Mientras que este bioma ha sido destruido en la mayor parte del país por los megaproyectos y la especulación inmobiliaria, en Vale do Ribeira, la relación y la defensa del bosque que practican las comunidades de la región han contribuido a conservarlo. La política de conservación diseñada para proteger esta biodiversidad desde el siglo pasado viene siendo una política ‘sin gente’, que ha establecido muchos parques y unidades de conservación que restringen los medios de vida de las comunidades (2) del territorio. Sólo más recientemente, a través de la lucha, algunas zonas pasaron a ser consideradas unidades de uso sostenible. Estas unidades fueron creadas por el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de Brasil y deberían funcionar bajo un régimen que tolera la presencia de comunidades en los territorios. Esto no se verifica del todo en la práctica, ya que incluso en estos lugares hay muchos conflictos entre los modos de vida y las normas de las Unidades de Conservación. Por regla general, la forma de resolver las cuestiones ambientales y territoriales en Vale do Ribeira se basa siempre en el desalojo –forzado o por agotamiento– de las comunidades que allí viven.
Los logros referentes a la implementación de más áreas de uso sostenible –donde se puede practicar la agricultura tradicional, aunque esto requiera de un permiso– permitieron la permanencia de las comunidades en el territorio, pero su verdadera reivindicación siempre ha sido la regularización de la tenencia de la tierra. Aunque llevan siglos viviendo en el territorio, la mayor parte de las comunidades no tienen sus tierras demarcadas ni tituladas, lo que genera una gran inseguridad. Los conflictos por la tierra se ven agravados por las nuevas políticas para digitalizar la planificación territorial, como el Catastro Ambiental Rural (CAR) en Brasil. (3) Es decir, las comunidades siguen luchando por su derecho a la tierra y también siguen en conflicto con la política ambiental, sobre todo en los parques.
Privatizar concesiones por 30 años: desplazamiento, inseguridad y gentrificación
Este es el caso de las comunidades quilombolas (4) y caboclas (5) del municipio de Iporanga que se han visto sobrepasadas por el Parque Estatal Turístico del Alto Ribeira (PETAR). Ana Ercilia –habitante de Iporanga desde la infancia, monitora ambiental e involucrada en la actual lucha contra la concesión del parque al sector privado– dice que, en 1958, cuando se estableció el parque, la gente del territorio creía que iba a ser un parque de diversiones - tal era la falta de diálogo y transparencia del gobierno con las comunidades. Después de algún tiempo, llegaron a comprender la verdadera clase de parque que había llegado al territorio, a través de las restricciones en el acceso a servicios como la electricidad, y cuando se empezó a impedir a la gente renovar y realizar obras en sus propias casas y patios. Desde entonces se ha iniciado una lucha por la retirada de la zona del PETAR del barrio da Serra, un lugar que fue ‘cortado por la mitad’ cuando se estableció el parque, permaneciendo gran parte del territorio del barrio dentro del parque. El barrio da Serra comprende tanto a las comunidades tradicionales como a los residentes más antiguos de Iporanga y acoge un importante patrimonio histórico y cultural del Vale do Ribeira. La lucha de los habitantes, a través de su asociación, logró que se llegara a un acuerdo que hizo retroceder el límite del parque para que las viviendas de los habitantes quedaran fuera de la zona de restricción. Sin embargo, las zonas de cultivo quedaron dentro de la zona de la unidad de conservación, lo que restringió gravemente sus modos de vida y convirtió el turismo en la única fuente de ingresos de las familias.
La retirada se produjo, pero no hubo una regularización de tierras para la comunidad del barrio da Serra. En la actualidad, varias familias fueron desplazadas por el parque a este barrio, que se encuentra en la zona de amortiguamiento –el área alrededor parque– del PETAR, pero el desplazamiento no fue acompañado por la titularidad de la tierra. Las familias sólo tienen un derecho de permanencia temporario, lo que certifica que el parque pueda reubicarlas cuando lo decida. (6) Esta situación es especialmente difícil para las mujeres, que tienen su trabajo concentrado en el patio de sus casas y la mayor parte de su sustento lo obtienen de este mismo lugar y de las diversas iniciativas comerciales locales.
Actualmente, las comunidades se enfrentan a una nueva ofensiva sobre su territorio. El gobierno del Estado de São Paulo, según su política privatizadora, abrió una convocatoria internacional para la concesión de un área del parque –donde se concentran las principales atracciones turísticas– por un período de 30 años. La apertura de la concesión tuvo lugar entre mediados y finales de 2021, ya en medio de la pandemia, y sin ninguna consulta pública. Desde entonces, se ha iniciado un amplio movimiento de resistencia contra la concesión del parque.
La lucha contra la concesión está organizada con la participación de habitantes, pueblos y comunidades, investigadores, activistas y seguidores en general. Las mujeres constituyen una gran parte de esta resistencia y, a través de su autoorganización, demuestran que se ven afectadas de manera singular cuando el gobierno opta por reforzar las asociaciones público-privadas de este modo. La problemática de la regularización de la tierra, por ejemplo, se ignora por completo en este proceso. Que una empresa privada pueda literalmente ser dueña del territorio por 30 años y que las familias, y especialmente las mujeres, continúen en la inseguridad de no ser dueñas de sus tierras es una aberración, lo que demuestra claramente que la preocupación del Estado en esta concesión no es promover la mejora de la calidad de vida de las comunidades, como se afirma.
Pese al parque haber sido impuesto a las comunidades en los años 1950, éstas se apropiaron de él a lo largo del tiempo como pudieron. Una de las principales fuentes de ingreso que tienen los habitantes de la región hoy, debido a la intensa limitación de sus modos de vida, procede del turismo comunitario organizado de forma autónoma, al trabajar como guías ambientales. Actualmente hay 250 guías en el registro del PETAR y los visitantes usualmente los contratan, algo obligatorio en el caso de la visita a las grutas del parque. Son habitantes de las comunidades y no solo presentan las atracciones del parque a los turistas, sino que también cuentan la historia del Vale do Ribeira y de las comunidades donde viven. El reconocimiento del trabajo de los guías como un trabajo remunerado estuvo en las negociaciones entre el gobierno del estado de São Paulo y las comunidades, como una alternativa de ingresos frente a las restricciones en el uso del territorio y a las prácticas convencionales que se han convertido en crímenes ambientales. Pero una de las alteraciones que propone la nueva convocatoria de privatización es que los turistas puedan hacer recorridos autoguiados dentro del parque, lo que iba a dificultar aún más los ingresos de los guías ambientales pues ya no serían indispensables para el turismo.
Con la concesión, el protagonismo en el sector del turismo ya no sería de las comunidades –especialmente de las mujeres que gestionan los diversos pequeños negocios alrededor al parque- sino de la empresa concesionaria. El plan de concesiones implica, por ejemplo, aumentar considerablemente la visitación anual del parque, crear rutas vehiculares y divulgar nuevas atracciones. Las mujeres que luchan contra la concesión argumentan que, con estas iniciativas, el gobierno busca imponer otra clase de turismo en el territorio: en lugar de que la gente se interese por conocer las comunidades a través de los guías locales, que además son una fuente de conocimiento de los modos de vida locales, se construye un turismo organizado por empresas, que va a priorizar la contratación de guías bilingües, por ejemplo, y no la comunidad local.
Este paquete turístico desmantela ‘el flujo del sustento’, un tipo de economía que la comunidad ha construido a lo largo del tiempo, y pasa a convertirse en una atracción turística más. Esta nueva tendencia extremadamente colonialista se ha profundizado en el gobierno neoliberal del estado de São Paulo, que está implementando un programa de desarrollo llamado ‘Vale do Futuro’ (Valle del Futuro). Otras comunidades, además de las que se encuentran alrededor del PETAR, fueron clasificadas como atracciones turísticas por este programa, incluso con la colocación de señales de tráfico que las señalizan a lo largo de las carreteras, sin que se haya realizado alguna consulta o diálogo con las comunidades al respecto. Así, la comunidad se convierte en extranjera en su propio territorio. La gentrificación, que ha de producirse, por ejemplo, a través de la construcción de hoteles y del aumento de las tarifas de entrada –acciones previstas en el proceso de concesión– puede incluso hacer inviable el acceso de las personas de las comunidades al parque, un lugar que la comunidad conoce muy bien y disfruta.
El efecto previsto es que, al contrario de la valoración de las comunidades y la construcción de alternativas económicas, cada vez más se les expulsará del territorio obligándolas a migrar hacia las periferias de las grandes ciudades en su entorno, una tendencia que ya se puede observar, sobre todo entre los jóvenes, que ya no permanecen en el territorio. Además, para las jóvenes que se quedan en el territorio, hay una preocupación permanente debido al incremento de la violencia sexual y la cosificación de los cuerpos de las mujeres ante el significativo aumento de hombres que vienen de fuera. La concesión del parque también no ofrece ninguna contrapartida de mejora en las políticas públicas que atienden a las comunidades. Como la concesión, si llega a producirse, tendrá una duración de 30 años, las mujeres se preocupan especialmente por sus hijos pequeños, que van a pasar su infancia, adolescencia y vida adulta en este territorio privatizado.
Esta privatización se está llevando a cabo al mismo tiempo en que avanza el proyecto Vale do Futuro en Vale do Ribeira, lo que también plantea cuestiones sobre la forma de explotación del territorio. El frente principal de este proyecto de desarrollo ha sido la apertura de la región a la minería, mientras que toda la región de Iporanga, incluida la zona de PETAR, ya ha sido explotada por la minería en otras ocasiones. Como el proceso de concesión prevé el uso y explotación del territorio, esto genera la sospecha de que después de todo la minería pueda volver en algunas partes del territorio, incluso dentro del PETAR, ya que, como afirman las mujeres, en estos proyectos “todo está conectado y atado”.
En el ámbito legal, todo este proceso ha sido conducido a base de aprobaciones en la oscuridad de la noche, sin ninguna participación de las comunidades directamente afectadas e incluso con el Estado haciendo uso de documentos de otras reuniones (actas, fotos), argumentando que se trataba de reuniones sobre la concesión, donde se habría consultado a la comunidad. Debido a la pandemia, el cuidado sanitario se convierte en una coartada para no realizar grandes consultas públicas. Lo que sucede en la práctica es que las audiencias se vacían a propósito, ya que se proponen en formato digital o de forma presencial en la capital del estado, en un contexto en el que los habitantes no tienen acceso a internet ni recursos para desplazarse. Las acciones previstas en la convocatoria pública, que desarrollará la empresa que gane la concesión, contemplan actividades que van en contra del Plan de Manejo del parque, lo que expone el racismo ambiental que implica la privatización: si es para que las empresas desarrollen sus negocios, no hay que tener en cuenta los estudios de impacto ambiental. A pesar de ello, esta forma de realizar la concesión, que no respeta el derecho de las comunidades tradicionales a la consulta previa, libre e informada (Convenio 169 de la OIT) ha sido entendida por una parte del poder judicial como válida, lo que ha agilizado el proceso pese a estas irregularidades.
En una ofensiva aún mayor que la del gobierno del estado de São Paulo, gobernado por João Dória, el gobierno federal de Jair Bolsonaro divulgó el 07 de febrero de 2022 un decreto de concesión/privatización de cinco Unidades de Conservación. Una de ellas, el Parque Nacional de la Sierra de Canastra, fue creado durante la dictadura militar y se superpone a zonas de 1,5 mil familias de productores rurales, incluyendo 43 comunidades y 550 familias tradicionales, reconocidas como Canastreiros [comunidad ancestral que vive en la sierra de Canastra].
Las mujeres se autoorganizan y resisten
Cuando no se escucha a nadie, menos aún se escucha a las mujeres. Si los espacios de participación son escasos, suelen asignarse sólo a unos pocos líderes –generalmente hombres– que, debido a la estructura patriarcal de las propias comunidades, no llevan al debate público las observaciones, argumentos y preocupaciones de las mujeres. Esto, unido a la falta de respeto con la que el Estado ha tratado el tema de la participación, hizo que las mujeres se unieran en un colectivo propio, donde organizan la lucha contra la concesión desde la autoorganización. Además de hacer crecer la resistencia a través de la pluralidad de voces, los espacios autoorganizados por las mujeres también son importantes como forma de autocuidado frente al asedio que el Estado promueve durante el proceso, que incluso ha generado enfermedades mentales y emocionales dentro de las comunidades.
Lo que resulta evidente es que las formas de conservación "sin gente", que se han adoptado como modelo y que dictaron la política ambiental de muchos países durante décadas, incluso la de Brasil, están demostrando ser muy eficientes para el capital en este período histórico de expansión de sus fronteras. Al crear territorios sin gente, se crean también territorios sin resistencia, donde los proyectos privatizadores como la concesión de PETAR pueden desarrollarse sin obstáculos. Creemos que la lucha contra la concesión en este caso será exitosa porque las comunidades de Iporanga nunca aceptaron no ser dueñas de su territorio y con el tiempo, ya que la imposición del parque fue una realidad que no pudieron cambiar, se convirtieron cada vez más en sus dueñas, apropiándose de los medios para vivir y crear en ese entorno mientras seguían sacando a la luz y luchando contra los conflictos aún latentes, como la falta de titulación de las tierras.
No es casualidad que el Estado pretenda, en el plan de concesión, cerrar uno de los accesos del parque a través del municipio de Iporanga, a pesar de esta entrada facilitar mucho la visita a una de las cuevas más destacadas del parque. Se trata de un intento de excluir a las comunidades más resistentes, haciendo inviable tanto su acceso al parque como su labor como guías ambientales. Esto nos recuerda que la historia de Vale do Ribeira ha sido una historia de eliminación de los caminos recorridos por las comunidades tradicionales y de construcción de caminos que privilegian el flujo del capital, con la BR 116 como un símbolo de ello –una importante carretera, responsable de gran parte del flujo de mercancías en la región del sureste, que atraviesa buena parte de los municipios de Vale do Ribeira en la mitad.
Lo que sí sabemos es que los viejos caminos nunca dejan de utilizarse, y que las personas mayores se preocupan especialmente por recordar a los jóvenes por dónde pasan esos caminos, dónde están y hacia dónde conducen. Si el proyecto de privatización busca sacar a las comunidades de su territorio mediante la reordenación de los caminos es porque no cuentan con la capacidad de resistencia e invención de los pueblos que los trazaron.
Natália Lobo e Miriam Nobre – SOF, Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil
Jéssica Cristina Pires – Caiçara, quilombola, técnica en agroecología, representante de las comunidades de Iporanga, Colectivo de Mujeres del PETAR, Movimiento Petar sin Concesiones
Paula Daniel Fogaça - Bióloga, Magíster en Sostenibilidad
(1) Para apoyar la lucha de las mujeres organizadas contra la privatización de PETAR y seguir este movimiento, accede y firma la petición en línea: https://www.petarsemconcessao.minhasampa.org.br/
(2) La región de Vale do Ribeira acoge a diversas comunidades y pueblos tradicionales, como los Pueblos Indígenas Guaraní Mbyá y Guaraní Ñandeva, comunidades quilombolas, caiçaras y caboclos.
(3) El Catastro Ambiental Rural (CAR) es una herramienta creada por el nuevo Código Forestal de Brasil, que consiste en un registro digital georreferenciado de todo el territorio rural del país. Esta herramienta, que debería servir para orientar la implementación de las políticas ambientales, se utiliza como un documento que justifica lo que se ha llamado acaparamiento digital de tierras en muchos países del Sur Global. Para saber más.
(4) Los quilombolas son residentes de quilombos, comunidades de resistencia y refugio originalmente creadas por personas negras esclavizadas durante la época colonial en Brasil.
(5) Los caboclos o caiçaras son un pueblo tradicional que vive en las zonas costeras del sureste y el sur de Brasil. Son descendientes de africanos, indígenas y europeos, y sus costumbres se basan en la agricultura, la caza y la pesca de subsistencia.
(6) Para más información sobre la historia de Bairro da Serra y la relación de las comunidades tradicionales de Iporanga con el PETAR, véase [en portugués] "Florestas e lutas por reconhecimento: território , identidades e direitos na Mata Atlântica brasileira" de Pedro Castelo Branco Silveira. Disponible aquí.