Históricamente, la explotación ilegal de los bosques para la obtención de maderas económicamente valiosas ha sido siempre una de las actividades más impactantes para los bosques en todo el mundo. Esa explotación facilita la destrucción y la desaparición de los bosques en muchas regiones. Y los pueblos que de ellos dependen se ven afectados no solo por su destrucción, sino también por la violencia y corrupción que tal explotación implica. El modelo de concesión forestal se ha propagado como una solución. Sería el “camino de piedra”, rumbo a una supuesta “sustentabilidad” de la actividad. Los bosques se regenerarían y el modelo beneficiaría a las comunidades locales. Pero la experiencia con el modelo muestra que el mismo ha sido incapaz de cumplir con sus promesas. Ni las muchas reformas, ni las revisiones del sector forestal y de la política de concesiones en varios países han conseguido resolver los problemas, a pesar de que instituciones como el Banco Mundial han gastado millones de dólares en eso. Razones suficientes para hacer la siguiente pregunta: ¿Por qué el modelo de concesión forestal no resuelve los problemas estructurales de corte y de extracción de madera?
El modelo de concesión forestal mantiene la forma centralizada, la política formulada de arriba hacia abajo, que decide sobre el uso de los bosques. El modelo es promovido por las mismas instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial, que ya promovieron el fracasado “Plan de Acción para los Bosques Tropicales (en inglés: Tropical Forestry Action Plan), iniciado hace 30 años, para combatir la deforestación. La mayoría de las veces, los recursos vienen de los gobiernos extranjeros, donde las empresas con intereses en el sector maderero tienen su sede principal, además de los gobiernos de los países que explotan madera. El modelo de concesión forestal mantiene el discurso que explotar la madera de esa forma sería necesario para “desarrollar” el país. Pero no toma en cuenta al conceder áreas de bosques a empresas madereras, las voces de los pueblos y poblaciones que dependen de los bosques, y por eso ellos sufren los terribles impactos de esa actividad. Muchas veces las concesiones se superponen sobre los derechos legítimos de los pueblos, los territorios que ocupan y los bosques que utilizan.
Mientras el modelo de concesión forestal promete redistribuir los recursos de la venta de maderas tropicales económicamente valiosas, se trata de un modelo que incentiva la concentración de tierras. Las empresas madereras, a través de las concesiones, obtienen el control de grandes áreas de bosques por largos períodos, incluso décadas. Pueden ser dueñas de hasta millones de hectáreas de tierras, aumentando de esa forma su poder político y económico, todo lo contrario de un proceso justo de redistribución de riquezas y beneficios. Por otra parte, los gobiernos de los países con bosques, al otorgarles las concesiones ayudan a las empresas también a “proteger” esas concesiones y las actividades industriales asociadas, generalmente trayendo más violencia a las poblaciones locales.
El modelo de concesión forestal debería garantizar una supuesta legalidad de la tala de la madera, con el Estado ordenando la actividad a través de sus órganos de licencias y vigilancia. Sin embargo, en la práctica se continúan realizando denuncias de prácticas ilícitas, delictivas, incluso de financiamiento de guerras, como relató recientemente la ONG Global Witness en relación a la República Central Africana (1). Una primera razón para que un proceso de autorización y control serio y responsable por parte del Estado no se produzca, resulta de la tendencia generalizada a la flexibilización de la legislación ambiental, una de las características de las políticas neoliberales, que tienden en este caso a minar la capacidad potencial del Estado de vigilar y embargar grandes proyectos. Por otro lado, cortar y vender madera tropical de alto valor comercial es una actividad relativamente simple de realizar: el “producto” ya está “pronto” para ser sacado del bosque, lo que incentiva a otras concesiones (plantaciones, minería, etc.) a poner el ojo en la madera. Además, se trata de una actividad altamente lucrativa en sí misma. Son factores del contexto que explican gran parte de las repetidas denuncias hacia actores con el poder de autorizar y/o vigilar las concesiones, que también buscan obtener parte de las ganancias de la actividad.
Otro grupo beneficiario del modelo son las empresas que garantizan la supuesta “sustentabilidad” del negocio, concediendo sellos verdes como el del FSC (Consejo de Manejo Forestal). El hecho de que estas certificadoras, que trabajan para estos “sellos verdes”, sean pagas por las propias empresas madereras, pone en tela de juicio su objetividad en el proceso de certificación. Se concluye por lo tanto que con la introducción del modelo de concesión forestal, el sector maderero se adaptó a las “nuevas exigencias” impuestas, pero no se erradicaron de la actividad las prácticas ilícitas, delictivas e inmorales. Y en la medida en que el Estado dificulta todavía más la extracción de madera a escala industrial, la propia industria busca "adaptarse” de nuevo, tal como muestran las denuncias en países donde el sector se apropió de licencias destinadas a la tala de madera no empresarial en menor escala. (2)
Aun bajo el modelo de concesión, el sector continua manteniendo una de sus características principales: ser una actividad de carácter (neo-) colonial. En el pasado, cuando Brasil era una colonia, la madera pau Brasil, por ejemplo, servía para ornamentar iglesias y palacios, tanto en la colonia pero sobre todo en la “patria madre”. Con el modelo de concesión actual, la valiosa madera obtenida, aunque ya no el pau Brasil ya casi extinto, se destina al consumo interno en centros urbanos, pero sobre todo a la exportación para abastecer a las “demandas” de elites de los centros urbanos de consumo. No cualquiera, seguramente, puede comprar productos hechos en base a maderas tropicales de alto valor comercial, por ejemplo muebles o terminaciones en autos de lujo. Esto sucede al mismo tiempo que en pequeños aserraderos locales, en las regiones que atienden demandas de la población local, a veces no se encuentra madera.
El modelo de concesión forestal también debería garantizar la conservación de los bosques siguiendo un “plan de manejo” que garantice la regeneración de forma tal que el corte y la extracción de la madera puedan continuar en el futuro. Pero eso no sucede. De manera creciente, estudios científicos (3) han puesto énfasis en las experiencias y denuncias de comunidades dependientes de los bosques, que viviendo en áreas de concesión alertan que a pesar del llamado “corte selectivo”, de forma apenas más lenta los bosques siguen siendo degradados y destruidos. Técnicas de corte de madera supuestamente más “sustentables”, como el corte de “bajo impacto” o el “manejo comunitario”, de hecho consiguen reducir los impactos, pero no los evita. Siguen siendo planeados de arriba hacia abajo, y causan otros problemas en la comunidad como la división entre aquellos que están a favor del “manejo comunitario” y los que quieren mantener un modo de vida basado en productos no-madereros y otras prácticas, y que cortan maderas solo para el uso propio. Pero incluso aquellos que entran en el negocio del "manejo comunitario”, son menos beneficiados en comparación con los dueños de las empresas madereras. (4)
Mientras que el modelo de concesión forestal debería garantizar mejoras en la vida de las comunidades dentro del área de concesión, es necesario remarcar antes que nada, que nunca la comunidad tiene la opción de no estar de acuerdo con la concesión. Cuando llega la empresa a la comunidad, ella ya ganó la concesión y los pueblos indígenas y otras poblaciones que dependen de los bosques no estuvieron involucrados, ni tuvieron influencia en el proceso decisorio que definió conceder o no la concesión. Por lo tanto, el principio de consentimiento previo, libre e informado no tiene nada que ver con el modelo de concesión.
Cuando la empresa llega a la comunidad, realiza algún tipo de acuerdo, llamado en algunos países “contrato social”, firmado con las comunidades. Sin embargo, la práctica muestra que las empresas madereras no respetan nada o casi nada los compromisos que figuran en el contrato. (5) Hay relatos de criminalización de aquellas comunidades que osan reclamar cuando el contrato no es respetado por la empresa. Además, en los pocos casos en los que las empresas ejecutan algún programa comunitario en las áreas de salud, educación, etc. eso no forma parte de la actividad - fin de una empresa maderera y no es el modelo de concesión forestal que cambia ese hecho. Estamos hablando de actividades que deberían ser asumidas por el Estado. Esa situación podría comenzar a cambiar si la millonaria financiación para incentivar el sector forestal se destinase a mejorar la capacidad de los Estados para beneficiar directamente a la población del país, incluyendo a la población que vive en los bosques. No cabe justificación para transferir (privatizar) esas obligaciones hacia una empresa maderera que tiene, como objetivo principal, según su estatuto, hacer ganancias con el negocio de madera.
Por estas razones este boletín tiene como objetivo reflexionar sobre el modelo de concesión forestal, empezando con un artículo introductorio que busca profundizar el concepto: de dónde viene la idea de este modelo y su impacto a lo largo de los años, principalmente en África. Los artículos de Camerún y de Camboya cuentan historias de comunidades que tuvieron que lidiar con empresas que obtuvieron de los gobiernos de esos países concesiones sobre áreas y bosques de los cuales las comunidades dependían. En ambos casos, las comunidades se articularon y consiguieron éxito en sus luchas contra las empresas y contra las concesiones. No puede faltar un artículo de Brasil, porque el gobierno de ese país, que introdujo el modelo de concesión forestal hace relativamente poco tiempo, prometió no repetir los errores de otros países. Pero lo que sucede, por ejemplo, en el territorio del pueblo indígena Mundukuru de Amazonia, desmiente esta afirmación. Por último, el artículo de la India muestra como el modelo de concesión está siendo ahora promovido de la mano de un programa de reforestación -plantación de árboles- como compensación de la destrucción prevista por el aumento de las áreas en concesión cedidas por el gobierno. Estas plantaciones de árboles -y su capacidad de absorber el carbón y generar “créditos de carbón” - muestran también el vínculo directo del modelo de concesiones y la destrucción que causa el mismo, con el fenómeno de la financierización de los bosques y territorios.
La experiencia con el modelo de concesión forestal muestra que sería una ingenuidad creer que las empresas madereras pueden cumplir el papel que cumplen miles de comunidades que dependen hace muchas generaciones de los bosques: ser protectoras de los bosques. Si los que promueven el modelo de concesión forestal realmente quieren escuchar y aprender con la experiencia de estas comunidades para fundamentar sus decisiones, debería parar inmediatamente la tala de árboles para fines industriales, al mismo tiempo que actuar para garantizar que las comunidades que dependen de los bosques puedan ser guardianas de su territorio, garantizando su conservación.
- https://www.globalwitness.org/reports/bloodtimber/
- https://www.globalwitness.org/archive/africas-logging-permit-crisis-puts-eu
-risk-laundering-illegal-timber-imports/ - http://news.mongabay.com/2015/02/selective-logging-causes-long-term-
changes-to-forest-structure/ - http://wrm.org.uy/pt/artigos-do-boletim-do-wrm/secao1/brasil-vozes-de-
comunidades-no-acre-alertam-sobre-as-violacoes-envolvidas-no-manejo-
florestal-sustentavel-comunitario/ - Vea relatos de comunidades en la República Democrática del Congo, vea también en los recomendados: qxn5jfgED1w">