Por qué los gobiernos deberían rechazar los intentos de mercantilización de la tierra orquestados por el Banco Mundial y Estados Unidos

El virus del Covid-19 ha eclipsado durante algún tiempo la creciente crisis climática y ambiental que enfrenta el mundo. Los alarmantes índices de deforestación, desertificación, degradación ambiental y contaminación continúan amenazando la biodiversidad de nuestro planeta, así como la salud y los medios de vida de miles de millones de personas.

Sin embargo, en lugar de tomar medidas sustanciales, los gobiernos, las empresas y las instituciones internacionales de hecho están “redoblando la apuesta.” Quieren explotar más tierras apelando a un discurso basado en el eufemismo de darles un “uso productivo” en nombre del “progreso” y el “desarrollo” económico. En todo el mundo, los gobiernos se ven presionados a invitar a inversionistas internacionales para que exploten más tierras y recursos para la tala, la ganadería, las plantaciones de palma aceitera, de árboles maderables y otros cultivos, así como para minería, petróleo y gas.

Sin embargo, un obstáculo para esta expansión han sido los regímenes de tenencia de la tierra que prevalecen en varios países así como los derechos que otorgan a las personas que viven en esas codiciadas tierras. Un 65 por ciento de la superficie terrestre del mundo todavía está administrado por comunidades con sistemas consuetudinarios. (1) Se ha demostrado que los pueblos indígenas y las comunidades locales son eficientes administradores de su tierra, gestionada bajo una variedad de sistemas de tenencia comunitaria y colectiva. Los territorios indígenas tradicionales abarcan el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo, que contiene un 80 por ciento de la biodiversidad mundial. (2) Varios países anteriormente colonizados han adoptado sistemas duales de tenencia de la tierra, los cuales reconocen las leyes consuetudinarias sobre la misma y, a la vez, establecen que toda la tierra es propiedad del Estado. (3) Esta situación se considera una limitación para los inversionistas y las empresas. Como lo expresó el Banco Mundial, “los derechos indocumentados [sobre la tierra] plantean desafíos y riesgos para los inversionistas” (4), y en el caso de África, el continente está “frenado por la confusión en materia de propiedad de la tierra”. (5)

Promoviendo el despojo

Un informe reciente del Instituto Oakland titulado “Promoviendo el despojo: el empuje global para desbloquear el potencial económico de la tierra” (Driving Dispossession: The Global Push to Unlock the Economic Potential of Land) (6), detalla las diversas formas en que los gobiernos, voluntariamente o por la presión de las instituciones financieras y los llamados países donantes, intentan privatizar la tierra y hacerla accesible para ser explotada. Esas formas incluyen a las reformas agrarias, cambios en las leyes y reglamentaciones, uso de nueva tecnología para el registro de tierras, así como la eliminación de las salvaguardas vigentes que protegen a los pueblos indígenas y el medio ambiente.

Es importante destacar que el informe revela que los intereses estadounidenses juegan un papel destacado en estos intentos, a través de una serie de vías. Millennium Challenge Corporation (MCC), una entidad del gobierno estadounidense con la misión declarada de “reducir la pobreza a través del crecimiento”, tiene un historial documentado de presionar a los países para que transfieran tierras de agricultores familiares a inversionistas para desarrollar la agricultura industrial. En Sri Lanka, el convenio de la MCC tiene la intención de mapear y registrar hasta el 67 por ciento del país para “promover transacciones de tierras que puedan estimular la inversión y aumentar su uso como activo económico”.

Al igual que la MCC, y en contradicción con su propia investigación que durante mucho tiempo reconoció el valor de los sistemas tradicionales, la agencia estadounidense para el desarrollo (USAID) también juega un papel importante en el financiamiento y promoción de proyectos de titulación de tierras de propiedad privada en todo el mundo. Las empresas estadounidenses también están cada vez más involucradas y han introducido una tecnología llamada “blockchain” (cadena de bloques) como la solución mágica para asegurar la tenencia de la tierra. Blockchain es un registro financiero digital que realiza un seguimiento de las transacciones en una “cadena” cronológica, con “bloques” de información que almacenan datos tales como la fecha, la hora, la cantidad y los participantes de una transacción. Es un registro financiero distribuido, lo que significa que cada vez que ocurre una transacción, debe ser verificada por una red de miles o posiblemente millones de computadoras en todo el mundo antes de que la transacción pueda registrarse como un bloque de la cadena. Esto hace que sea prácticamente imposible alterar las transacciones de forma retroactiva. (7)

Los defensores del uso de la tecnología blockchain para la administración de tierras argumentan que tiene el potencial de mejorar la seguridad y la transparencia de los registros de tierras en la medida que almacena toda la información sobre los límites de la propiedad y los propietarios en una fuente en línea inmodificable. Sin embargo, la aplicación de la tecnología requiere que los países avancen hacia sistemas de propiedad privada de la tierra, que requerirán registro y digitalización.

El programa de titulación de tierras de Zambia basado en blockchain, dirigido por una subsidiaria de la tienda virtual estadounidense de venta al público Overstock.com, demuestra cómo blockchain se usa realmente para privatizar la tierra y acceder a los recursos naturales. Patrick Byrne, ex director ejecutivo de Overstock.com, dejó claras sus motivaciones cuando dijo que el objetivo del proyecto era desbloquear billones de dólares de reservas minerales mundiales que son inaccesibles debido a sistemas poco claros de gobernanza de la tierra. En 2018, Overstock.com firmó un acuerdo con el Banco Mundial para colaborar en proyectos similares en decenas de otros países, pero hasta ahora el Banco se ha negado a hacer público este acuerdo.

Estados Unidos también tiene un poder político y financiero desmesurado sobre instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que promueven políticas y reglamentaciones destinadas a privatizar los comunes en beneficio del sector privado. En Ucrania, por ejemplo, el FMI condicionó el apoyo financiero que se necesitaba desesperadamente a la creación de un mercado de tierras. Después de años de presión internacional y en medio de la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020, el país adoptó una ley que crea un mercado de tierras a pesar de la oposición de más del 70 por ciento de la población.

Cuando se trata de apoderarse y privatizar tierras en el Sur Global, el Banco Mundial es un instrumento clave de la agenda empresarial encabezada por los Estados Unidos, que es el principal donante de la institución.

Financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates, y los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, el programa del Banco Mundial Facilitando los Negocios en la Agricultura (conocido por sus siglas en inglés, EBA) se supone que respaldará la “Nueva Alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición”, una iniciativa lanzada por el G8 para promover el desarrollo agrícola desde el sector privado en África.

En 2019, el informe del Oakland Institute, “El mejor postor se lo lleva todo: el plan del Banco Mundial para privatizar los bienes comunales” (The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons), denunció el agresivo ataque sin precedentes a los derechos sobre la tierra impulsado por el programa, que promovió la agricultura industrial a gran escala a expensas de los agricultores, pastores y Pueblos Indígenas. A través de la EBA, el Banco recomendó a los gobiernos formalizar los derechos de propiedad privada, facilitar la venta y arrendamiento de terrenos para uso comercial, sistematizar la venta de terrenos públicos en subasta al mejor postor y mejorar los procedimientos de expropiación para dar el “mejor uso” a la tierra. Ignoró el hecho de que miles de millones de personas viven y trabajan en estas tierras, que son esenciales para sus medios de vida y representan bienes ancestrales con una profunda importancia social y cultural. Nuestros resultados generaron indignación en todo el mundo y, en lo que fuera un avance importante, el Banco finalmente eliminó el nuevo indicador de tierras en el informe de la EBA de 2019. En cambio, reconoció la importancia de los derechos consuetudinarios sobre la tierra y anunció que las salvaguardas para proteger estos derechos deberían ser “una prioridad del desarrollo”. (8) La eliminación de dicho indicador es una victoria para miles de millones de agricultores familiares, pastores y pueblos indígenas de todo el mundo que dependen de su tierra para su sustento, así como para las más de 280 organizaciones de la sociedad civil que se han unido a la campaña Our Land Our Business (Nuestra Tierra, Nuestro Problema) para hacer frente al Banco Mundial.

Sin embargo, más allá de los cambios retóricos, como se vio anteriormente, las recetas del Banco para privatizar la tierra todavía se aplican a nivel de país de diferentes formas, y la institución continúa financiando programas que promueven la agricultura industrial y socavan los derechos consuetudinarios sobre la tierra. En la República Democrática del Congo (RDC), el Banco Mundial, por ejemplo, ha financiado y guiado el desastroso plan del gobierno de establecer 22 parques agroindustriales en todo el país, lo que ha llevado al acaparamiento de tierras y al despilfarro de unos 100 millones de dólares de fondos públicos en la implementación del primer parque piloto. (9)

El apoyo a los parques agroindustriales es coherente con el modelo de desarrollo impulsado por el Banco Mundial en todo el mundo, que fomenta polos de crecimiento, corredores de desarrollo y zonas económicas especiales como instrumentos para atraer inversión extranjera. En lugar de proteger los derechos de las comunidades a la tierra, se alienta a los gobiernos a actuar bajo la suposición profundamente errónea de que el “desarrollo” solo puede lograrse otorgando a los intereses empresariales acceso ilimitado a sus recursos, como lo promueven el Banco Mundial y los llamados países donantes. La privatización de la tierra estatal y comunal, realizada con el pretexto de “desbloquear” el potencial de la tierra, satisface las necesidades de los intereses empresariales a expensas de millones de medios de vida y sustento. Al fomentar la creación de “mercados de tierras”, el Banco no puede ignorar que dentro de un sistema de mercado donde la tierra no es más que una mercancía, las empresas pueden excluir a las personas provocando desalojos y despojo, concentración de la propiedad de la tierra en manos de empresas y degradación ambiental.

Este discurso del desarrollo continúa cobrando fuerza, a pesar del papel decisivo que ha tenido en la actual crisis climática y ambiental, así como de los millones de medios de vida que ha destruido con desplazamientos y despojo. El fracaso del modelo económico neoliberal nunca ha sido tan claro.

Esta persistente mercantilización de la tierra debe confrontarse con una fuerte acción para detener y revertir la privatización de los territorios y los comunes en todo el mundo. Existen alternativas comprobadas que se han implementado con éxito en todo el mundo. Las tierras y aguas indígenas representan el 80 por ciento de la biodiversidad del mundo, y cada vez más se acepta que las comunidades locales y los pueblos indígenas son guardianes efectivos de estas áreas. Se posicionan como la última línea de defensa contra el acaparamiento de tierras y las prácticas destructivas de gobiernos y empresas que convierten las tierras de cultivo familiares, los pastizales y los bosques en monocultivos industriales, grandes ranchos y minas desmanteladas.

Es necesario desmantelar el mito de que la tenencia segura solo puede provenir de títulos privados. En lugar de suprimir la gobernanza local y negar la autonomía indígena, los gobiernos deben construir sistemas que incorporen una diversidad de sistemas de propiedad y gobernanza, y enfocarse en establecer un camino que sirva a la gente en lugar de uno que les quite la tierra en beneficio de las empresas.