El 9 de diciembre de 2013 se convocó una reunión en el distrito de Pujehun sobre el arriendo de 6.500 hectáreas de tierras de cultivo en la región sudeste de Sierra Leona. Fuentes locales dijeron que los ancianos la convocaron para que la gente pudiera manifestar al Jefe del distrito sus quejas sobre ese arriendo de tierras a la compañía Socfin Agricultural
Cientos de personas esperaban en la aldea de Libby Malen la llegada de las autoridades, cuando se enteraron de que nueve miembros de sus aldeas habían sido golpeados y arrestados por la policía cuando se dirigían a la reunión. Inmediatamente, más de trescientas personas abandonaron el lugar para ir a la comisaría de Sahn y reclamar la liberación de los aldeanos.
En el camino fueron interceptados por un contingente policial armado que disparó gases lacrimógenos y balas reales contra la multitud, hiriendo gravemente a mucha gente. Una persona recibió un tiro en el cuello y al menos 57 otras fueron arrestadas y salvajemente golpeadas. Poco después, un grupo de matones que, según testigos, pueden haber sido policías o representantes de la compañía, atacaron a los aldeanos en la propia aldea de Libby Malen, obligándolos a huir hacia los matorrales.
Ya hace cierto tiempo que quienes trabajan con las comunidades locales habían avisado al gobierno y a la compañía que la situación se estaba deteriorando en Pujehun.
“La gente se está muriendo de hambre en este momento”, dijo a GRAIN Frank Williams, representante de la ONG Green Scenery, durante una entrevista realizada en noviembre. William también es el coordinador de ALLAT (“Acción por la transparencia en la adquisición de grandes extensiones de tierra”), una coalición de la sociedad civil formada en 2012 como observatorio de vigilancia de las cuestiones territoriales.
“No tienen tierras suficientes para cultivar. Les han quitado sus campos. Los empleos que la compañía les ha ofrecido... se pagan menos de USD 50 por mes. [...] Todo eso representa problemas para la gente de la comunidad. Habrá conflictos si el gobierno no interviene inmediatamente para resolver esas cuestiones.”
El distrito de Pujehun, situado en el sudeste de Sierra Leona, se vio muy afectado por la guerra civil que terminó en 2002. Hoy en día, ese distrito es uno de los varios lugares del país a los que el gobierno intenta atraer inversores extranjeros que realicen plantaciones industriales de palma aceitera. Sin embargo, las comunidades locales se oponen a que se otorguen grandes extensiones de tierras a compañías extranjeras.
Dos compañías –Socfin, filial local de una corporación con sede en Luxemburgo controlada por el Grupo Bolloré y Siva Group/Biopalm Star Oil, con sede en India – han adquirido derechos sobre un área de casi 90.000 hectáreas que atraviesa cinco subdivisiones del distrito.
Los agricultores de la zona afectados dicen que no hubo consultas apropiadas antes de que se les pidiera firmar los documentos, que permitieran a los miembros de la comunidad comprender el acuerdo, y muchos se niegan a entregar sus tierras.
El incidente de diciembre es el último de una serie de reacciones hostiles y cada vez más violentas de las autoridades contra la resistencia de las comunidades ante la pérdida de su territorio.
En diciembre de 2012, 101 miembros de familias rurales del distrito Pujehun escribieron a la Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona para quejarse de la falta de consulta, de la destrucción de cultivos y campos, y del acoso permanente que sufrían por parte del Jefe principal del distrito, de la policía y del personal de Socfin.
La ONG local Green Scenery también envió una misión de inspección de los negocios de tierras del distrito y publicó un informe al respecto.
La filial local Socfin respondió entablando un pleito contra la ONG por difamación.
Y luego, en octubre de 2013, informó Williams, la compañía acusó a varios miembros de la comunidad de destruir palmas que le pertenecían.
“Seis personas fueron arrestadas”, dijo Williams. “Se las acusó de incitación, de conspiración y de destrucción de propiedades de la compañía. Tales fueron las acusaciones realizadas por la compañía Socfin contra las seis personas arrestadas.”
Estuvieron detenidas durante varias semanas antes de ser liberadas a fines de noviembre. Una de las seis formaba parte de las que habían sido arrestadas delante de la comisaría de Sahn el 9 de diciembre.
Williams dice que los miembros de la comunidad están decididos a detener a la compañía, a pesar de la violencia y la intimidación que sufren, y cuenta la historia de Safiya Vandi, quien se negó a permitir que su tierra – vendida sin su consentimiento – fuera devastada para realizar una gran plantación de palma aceitera.
“Con coraje y determinación, la mujer se paró delante del bulldozer para impedir que desmontaran su tierra”, dijo Williams. “Y esa interrupción detuvo el trabajo por el resto del día. Casos como éste pueden volverse frecuentes, porque no se están atendiendo las reclamaciones de los miembros de la comunidad.”