La ruta que une Trang y Krabi, en el sur de Tailandia, es un ejemplo de lo que los economistas llaman desarrollo. Lo que antes era un bosque tropical exuberante se ha convertido en filas y más filas de palmas aceiteras o árboles de caucho. Sólo rompen la monotonía, aquí y allá, unas pocas casas y tiendas rodeadas por un mar de monocultivos de árboles. Al final de la ruta, granjas camaroneras ocupan el lugar de los manglares, y sólo una delgada fila de mangles bordeando el río ha escapado a la destrucción. El monocultivo parece haber ganado la partida a la rica diversidad de la región.
Enfrentados a las críticas que provoca este modelo, los funcionarios gubernamentales se apresuran a responder que la diversidad biológica está protegida en una serie de parques nacionales y reservas que garantizan la conservación de las especies nativas de flora y fauna.
Sin embargo, muchos habitantes de la zona están descontentos, tanto con los monocultivos como con las políticas oficiales para la conservación del bosque, y han formado organizaciones para que esta situación cambie. Una de estas organizaciones es la “Red de organizaciones populares para la cordillera de Bantad”, en la cual se han reunido diversas personas que se enfrentan a problemas similares.
Los problemas empezaron hace unos 30 años, cuando el gobierno comenzó a establecer diversos tipos de áreas protegidas en los bosques en los que las comunidades locales habían vivido por siglos, como es el caso del grupo étnico Sakai. Para poder permanecer en la zona debían probar que vivían allí antes de que la ley forestal fuera aprobada. Más aún, sólo se les autorizaría a realizar sus actividades tradicionales en el bosque si: 1) la zona no era considerada “en peligro” o “vulnerable” por el gobierno; 2) la pendiente era de menos de 30%. La aplicación de estas dos condiciones volvía ilegales casi todas las actividades, dado que cualquier zona puede ser declarada “vulnerable” o “en peligro”, y que las comunidades locales han usado siempre todas las alturas de terreno con distintos fines.
Lo que esconde el modelo de conservación mencionado es el papel histórico que ha cumplido el gobierno en la destrucción del bosque, al promover tanto el monocultivo como las concesiones forestales.
En el caso del monocultivo, los miembros de la Red de la cordillera Bantad explican que “el Fondo del Caucho pertenece al gobierno. Los funcionarios del Fondo vienen a la zona para promover las plantaciones de caucho. Los agricultores locales reciben fondos para plantar monocultivos en tierras individuales, por medio de un contrato. Al principio la gente está contenta, pero luego surgen los problemas. Antes, tenían huertos integrados de caucho y otras plantas, pero ahora son monocultivos, y hay deslizamientos de terreno. La gente pierde sus medios de vida tradicionales. Otra consecuencia es que aumenta el control gubernamental, de modo que las actividades de la gente del lugar son declaradas ilegales y sancionadas. La vigilancia la realizan los guardias forestales, incluso con helicópteros. Hay muchos juicios contra los pobladores (13 en este momento), y también multas que van de 100.000 a 5 millones de baths. La comunidad también debe pagar fianzas para sacar a su gente de la cárcel.”
El gobierno también es responsable de la destrucción del bosque debida a las concesiones forestales pasadas. Los representantes de una comunidad miembro de la Red de la cordillera Bantad explicaron que vinieron con la compañía maderera y luego se quedaron en la zona. Ahora han establecido un sistema de huertos integrados tradicionales, donde los árboles de caucho alternan con frutales, beteles, pimientos, porotos y una larga lista de otras plantas que cubren sus necesidades. Así, la comunidad está mejorando un entorno que fue degradado por una concesión forestal otorgada por el gobierno.
A pesar de la función positiva que están cumpliendo, las comunidades tienen problemas con el gobierno. Según explican, tienen poca tierra para la agricultura (de 1 a 5 hectáreas por familia) y usan el bosque como parte de sus medios de vida. La mayoría viven de lo que producen sus huertos, complementado con la caza (sin armas de fuego), la pesca, la recolección de caracoles, hongos, brotes de bambú y otras actividades similares. Pero, según el gobierno, la mayoría de estas actividades son ilegales. “En realidad, todo es ilegal”, dicen ellos. El gobierno trató de reubicarlos, pero no lo aceptaron y se resistieron de todas las formas posibles. Su lucha es por la seguridad alimentaria, por el derecho a elegir, por “el derecho de definir nosotros mismos nuestro futuro”.
Un aspecto que merece ser destacado es la ruta de acceso a la comunidad mencionada. Uno de los argumentos que usan los gobiernos para abrir rutas en el bosque es que eso permitirá a la gente estar en contacto con el mundo exterior. Sin embargo, la mayor parte de esas rutas se construyen para favorecer a las empresas que quieren acceder a los recursos naturales (madera, minerales). Por lo tanto, son lo bastante anchas como para que puedan pasar los grandes camiones que extraen dichos recursos. En cambio, en el caso de esta comunidad, la ruta está hecha para la gente, adaptada a la situación local, donde la mayoría de las familias poseen una motocicleta; por lo tanto, tiene menos de un metro de ancho y sólo está pavimentada en las pendientes pronunciadas. La gente puede pasar fácilmente, pero las empresas no.
Otro proceso interesante que se está desarrollando en la región es la Red de Agricultura Alternativa. Como el precio de la palma aceitera y el caucho es alto en este momento, los agricultores locales ganan mucho con estos cultivos. Al mismo tiempo, los fertilizantes químicos se han vuelto muy caros por el alto costo del petróleo. Esto, junto a los problemas de salud y ecológicos del uso de agrotóxicos, ha llevado a que más agricultores estén dispuestos a adoptar una agricultura más diversificada y orgánica. Los fertilizantes químicos están siendo reemplazados por productos orgánicos, y se están introduciendo muchas otras plantas (para alimento, madera, medicina, fibras) debajo de los monocultivos. Aunque la producción del cultivo principal se reduce un poco, esto se ve compensado por el menor costo y por la gran variedad de otros productos para autoconsumo y comercialización. También se percibe este método como un seguro contra eventuales caídas del precio internacional del caucho y el aceite de palma, como ya sucedió en el pasado, sobre todo en el caso del caucho.
En suma, los habitantes y las comunidades se han organizado para proteger su medio ambiente, sus medios de vida y sus derechos. El paquete de monocultivos, agrotóxicos y áreas protegidas contra la gente propuesto por el gobierno está siendo reemplazado por un sistema diversificado, de base comunitaria y respetuoso del medio ambiente. Como dicen los habitantes de la zona, “queremos estar orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos”. Ciertamente, tienen motivos para estarlo.
Artículo basado en testimonios locales recogidos durante una visita efectuada por el WRM en julio de 2008.