Durante los últimos 30 años los activistas han librado una dura batalla para que instituciones como el Banco Mundial adopten políticas sociales y ambientales. Sin embargo, dichas instituciones ya no son la principal fuente de financiamiento público a los proyectos de “desarrollo” implementados en el Sur. Las Agencias de Crédito a las Exportaciones (ECAs, por su sigla en inglés) son hoy en día los mayores proveedores de fondos públicos a proyectos de infraestructura en gran escala en los países del Sur. Sus inversiones en infraestructura exceden por lejos las de la banca multilateral de desarrollo y las agencias bilaterales de ayuda. No obstante, la mayor parte de las ECAs --con escasas excepciones como el Export-Import Bank de los EE.UU. y la Overseas Private Investment Corporation también de los EE.UU.-- carecen de estándares referidos a los temas derechos humanos, medio ambiente y desarrollo. Esto les permite apoyar proyectos que incluso los bancos multilaterales de desarrollo considerarían problemáticos, tales como iniciativas de madereo, minería, energía nuclear y prospección petrolera, al igual que represas.
El controvertido proyecto de la represa de Ilisu que se planea para el río Tigris en la región kurda de Turquía es un ejemplo que viene al caso. Las ECAs de nueve países están estudiando apoyar la construcción de esta represa, lo que permitiría a empresas de los respectivos países hacer negocios con un estado que practica la tortura. El consorcio encargado de la construcción de la represa está procurando créditos a la exportación y garantías de seguro de inversiones de las ECAs de Austria, Alemania, Italia, Japón, Portugal, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los EE.UU.
Desde 1984, un conflicto armado entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el estado turco viene devastando la región donde se planea construir la represa de Ilisu. Alrededor de tres millones de personas han sido desplazadas, 3.000 poblados parcial o totalmente destruidos y más de 30.000 personas han resultado muertas. A pesar de la decisión tomada por el PKK en 1999 de buscar una salida política pacífica a la todavía no resuelta cuestión kurda, varias zonas de la región siguen siendo todavía un escenario de guerra. Las violaciones de los derechos humanos --desde ejecuciones sumarias hasta torturas, violaciones y desapariciones-- son aún frecuentes.
De acuerdo con las últimas estimaciones, la represa afectará a más de 78.000 personas, la mayoría de las cuales de nacionalidad kurda. Muchos de los pobladores locales ven el proyecto como parte de una estrategia más amplia de limpieza étnica en la región kurda. El plan de reasentamiento y la evaluación de impacto ambiental de la represa aún no han sido dados a conocer y el nivel de consulta a las personas que serán desplazadas ha sido mínimo. Las condiciones imperantes en la región hacen por demás improbable que la relocalización se realice de acuerdo con los estándares internacionales. “No queremos esta represa . . . Este es mi lugar en el mundo” manifestó uno de los kurdos afectados por la represa a la delegación de derechos humanos que visitó el área de Ilisu.
La represa también habrá de inundar el sitio histórico de Hasankeyf, que tiene 10.000 años de antigüedad y posee tesoros tales como iglesias cavadas en la piedra, ornadas mesquitas y tumbas islámicas. A lo largo de los siglos las civilizaciones se han entretejido en el fondo del valle y las cuevas de los alrededores. La destrucción de los sitios culturalmente más importantes para el pueblo kurdo --tales como Hasankeyf-- es vista por la población local como una nueva táctica para negar la identidad étnica de ese pueblo.
Además de los impactos devastadores de la represa a nivel local --sobre el ambiente, la gente y su cultura-- otra terrible consecuencia se cierne: la de la guerra por el agua. La represa de Ilisu se localizará sobre el Tigris, 65 kilómetros aguas arriba de la frontera con Irak y Siria y amenaza con distorsionar el suministro de agua, que es imprescindible para esos países.
Los planes para construir la represa de Ilisu comenzaron a ser discutidos en 1954. Si bien los estudios de prefactibilidad fueron culminados en 1971 y el diseño final de la represa fue aprobado en 1982, el proyecto permaneció archivado hasta fines de los ’90. Una de las razones para la demora fue la falta de financiamiento. El conflicto armado dejó al gobierno turco sin fondos suficientes para financiar el proyecto por sí solo, en tanto el Banco Mundial señaló su falta de voluntad de financiar proyectos de infraestructura en la región.
En 1996 el gobierno turco ofreció Ilisu al sector privado pero no apareció ningún interesado. Un año después, la empresa estatal turca de obras hidráulicas DSI eligió a la compañía suiza Sulzer Hydro como principal contratista del proyecto, que, junto a ABB, también de Suiza, se encargaría de los trabajos de electricidad y mecánica para el proyecto. Las obras de ingeniería civil fueron subcontratadas a un consorcio liderado por la empresa constructora inglesa Balfour Beatty. El mismo estaba conformado también por Impregilo de Italia, Skanska de Suecia y Nurul, Kiska y Tekfen, las tres de Turquía. La consultoría ingenieril del proyecto estuvo a cargo de Binnie and Parters (actualmente, Binnie, Black and Veatch). Hasta ahora no se ha firmado ningún contrato entre la DSI y ninguna de las empresas del consorcio. La participación de ABB en el proyecto cesó en marzo de 2000, cuando ésta vendió el negocio de generación de energía hidroeléctrica a Alstom de Francia. En setiembre de 2000 el consorcio de Ilisu perdió a otro de sus integrantes originales, al anunciarse el retiro de Skanska.
El paquete financiero de Ilisu será manejado por la Unión de Bancos Suizos (UBS). Dado que la mitad de los costos de construcción consisten en importaciones de países de Europa occidental y los EE.UU., las empresas del consorcio buscaron garantías de créditos a las exportaciones que respaldaran sus contratos.
En noviembre de 1998 la agencia de crédito a las exportaciones de Suiza --Exportrisikogarantie (ERG)-- aprobó un crédito provisional de 470 millones de francos suizos en beneficio de Sulzer Hydro y ABB. Asimismo, la agencia británica Export Credit Guarantee Department (ECGD) aprobó un crédito condicional de U$S 200 millones para Balfour Beatty, cuya subsidiaria en EE.UU. obtuvo la autorización provisional para otro crédito por parte del Exim Bank de EE.UU. La agencia de crédito a las exportaciones de Italia SACE ha aprobado asimismo una garantía de U$S 152 millones para Impregilo, el que sin embargo todavía no ha sido confirmado por el Comité Interministerial de Planificación Económica.
Por diversas razones Ilisu constituye un tema de importancia. Es también un punto neurálgico para campañas internacionales cuyos promotores ven a Ilisu como un caso clave en lo referido a la reforma de las ECAs. Este año es crucial en lo que respecta al proyecto de la represa Ilisu. Se espera que en los próximos meses las ECAs tomen una decisión. Sin apoyo crediticio a las exportaciones es poco probable que el proyecto se materialice.
Por: Kate Geary, Ilisu Dam Campaign, (UK),