Imagínese un área del tamaño de 500.000 canchas de fútbol plantada con una única especie de árbol. ¿Un bosque? No, un desierto verde. Sin personas, sin agua, sin otras plantas. Dentro de pocos años, ese será el paisaje de Río Grande del Sur, estado del extremo sur de Brasil, donde tres empresas concentran la producción de celulosa, con daños sociales y ambientales.
El estado de Río Grande del Sur, así como Uruguay y Argentina, forma parte de un sistema ecológico conocido como Pampa, con una biodiversidad única que incluye cientos de aves y mamíferos que solo pueden encontrarse en ese sistema. El subsuelo de esta región contiene una de las mayores reservas de agua de América del Sur.
Y precisamente por estas características, este territorio fue elegido por la empresa sueco- finlandesa Stora Enso para sus proyectos de producción de celulosa. El eucalipto, base de la celulosa, plantado en Brasil puede ser cosechado en siete años. En Escandinavia, cada árbol plantado para la producción de celulosa precisaría, por lo menos, 50 años para llegar a la fase de la fabricación de papel.
Son tres las empresas que controlan la plantación y la producción de celulosa en Río Grande del Sur. Sin embargo, en la práctica son una sola. Además de Stora Enso, las otras dos empresas son Aracruz Celulose y Votorantim Celulose e Papel (VCP). Sin embargo, Stora Enso y Aracruz son parte de la joint-venture Veracel, y VCP es accionista del Grupo Votorantim.
Con los incentivos fiscales otorgados por el gobierno brasileño, estas empresas adquirieron miles de hectáreas de tierras, expulsando a las familias de pequeños agricultores de la región. En el norte de Brasil, en el estado de Espíritu Santo, Aracruz ya había expulsado a los pueblos indígenas de la región, robando 10 mil hectáreas de tierras.
La adquisición de tierras también viola la ley brasileña que prohíbe que las empresas extranjeras compren tierras en la zona de frontera. Por ello, Stora Enso creó una empresa- fantasma, supuestamente de brasileños, para comprar tierras a su nombre.
En las ciudades donde se instalaron, las empresas violan los derechos de los trabajadores. Hombres, mujeres y jóvenes trabajan en la tala de árboles sin equipos de seguridad. Para no aportar a la seguridad social, la empresa despide a los trabajadores a los 3 meses y los contrata nuevamente con sueldos más bajos.
Además de los problemas sociales, el monocultivo para celulosa también provocará graves consecuencias ambientales. En Uruguay, donde la empresa finlandesa Botnia y la española Ence poseen 360 mil hectáreas, ya se registró falta de agua, se estima que un eucalipto consume 20 litros de agua por día. Según la revista Science (23/12/2005), la plantación de eucalipto en la pampa argentina redujo el 52% de los flujos de agua y secó el 13% de los ríos.
En Río Grande del Sur, según investigaciones de la Universidad Federal, el eucalipto va a consumir 20% más de agua que el volumen que llueve en el estado. Como este árbol causa desertificación y acidez del suelo, no se sabe qué consecuencias tendrá para las 3 mil especies de plantas del bioma Pampa.
Adicionalmente, las empresas ni siquiera tienen que pagar impuestos. Es así porque el 97% de la producción de celulosa de estas fábricas se destina a la exportación. En el auge del neoliberalismo, el gobierno brasileño creó una ley que exonera de impuestos a los productos exportados.
Hasta el 2006, el proyecto de las empresas se desarrolló en silencio, sin ningún debate con la sociedad. En ese año, se rompió el silencio con la protesta de las mujeres de Vía Campesina que ocuparon una zona de plantación de eucaliptos en Río Grande del Sur. Al año siguiente, las mujeres volvieron, y ocuparon, en esa ocasión, diferentes áreas de eucaliptos.
Y en 2008, una vez más y siempre el 8 de marzo, ellas volvieron. Y denunciaron la compra de áreas ilegales por parte de Stora Enso. La reacción fue violenta.
El área de Stora Enso fue cercada por la policía, se impidió que los periodistas entraran para registrar la acción. Con bombas de gas lacrimógeno y gas pimienta, la policía agredió a 900 campesinas. Médicos y abogados no pudieron entrar al área. Las mantuvieron a todas acostadas y con armas apuntadas a la cabeza durante horas. La alimentación solo se permitió después de doce horas.
Aún así, la historia continúa. Desde la primera acción, las campesinas alertaron a la sociedad sobre los riesgos de las fábricas de celulosa. Ahora, sus acciones permitieron una mayor articulación con movimientos campesinos y ambientales de América del Sur. Así como el capital no tiene fronteras, las campesinas brasileñas enseñan que la lucha tampoco puede tenerlas.
Miguel Enrique Stédile, integrante del Movimento Sem Terra y de Via Campesina - Brasil.