Hace exactamente seis años tuvimos la oportunidad de visitar el estado de Portuguesa en Venezuela con el objetivo de conocer de primera mano la situación que estaban viviendo las poblaciones locales de Morador y Tierra Buena en relación con las extensas plantaciones de eucaliptos, pinos y melinas (Gmelina arborea) de la empresa Smurfit Cartón de Venezuela, propiedad de la transnacional Smurfit Corporation con sede en Irlanda.
Durante esa visita pudimos documentar los impactos sociales y ambientales resultantes de la actividad de esa empresa y de sus plantaciones, que resumimos en un artículo publicado en la edición de enero-febrero de 1999 de la Revista del Sur (ver artículo completo en http://www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php?id=859 )
Cuando el actual Presidente Hugo Chávez asumió el gobierno, pensamos que la situación de las comunidades locales podría mejorar. Con esa esperanza fue que el 26 de marzo de 1999 enviamos una carta al Presidente, en la que enfatizamos que "para lograr una solución parece ser fundamental que sea atendida la aspiración de los campesinos de ser dotados de tierra en la Finca la Productora, lo cual creemos precedente de acuerdo con el avanzado derecho agrario venezolano y que a la vez sean detenidas las agresiones al medio ambiente resultantes de la actividad de esta empresa".
Ese mismo año en Venezuela se aprueba una nueva constitución, que genera nuevas expectativas en torno a la posible solución al conflicto en Portuguesa. En efecto, la nueva Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su Art. 306 dispone que: "El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentara la actividad agrícola y el uso optimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación, y asistencia técnica".
De igual manera. la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece, por ejemplo en el Art. 8: que se garantiza al sector campesino su incorporación en al proceso productivo y que para tal finalidad se promueve la estructuración de fundos mediante la adquisición de tierras. En el Art. 12: se reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a toda persona apta para el trabajo agrario. Por otra parte, el gobierno ha expresado que la seguridad alimentaria del país es una prioridad y por ende las tierras agrícolas lo son también.
De lo anterior surge claramente que las disposiciones legales estarían avalando las reivindicaciones de las comunidades en su disputa con Smurfit. Por otro lado, la propia empresa parece haber finalmente comprendido que necesita llegar a algún tipo de acuerdo con la gente local. Tal como escribimos en la Revista del Sur en 1999, "Pese a su política de hostigamiento y represión, la compañía no parece estar teniendo éxito en cuanto a doblegar la determinación de la gente de oponerse a sus actividades …".
En efecto, en un reciente informe producido por la organización venezolana AMIGRANSA acerca de la situación en la zona afectada por las plantaciones de Smurfit (ver informe completo en http://www.wrm.org.uy/paises/Venezuela/disputa.html ), se plantea que la empresa está dispuesta a vender (de las 27.000 hectáreas de su propiedad en el Estado) la "Finca La Productora" (de 2000 hectáreas) para resolver el conflicto existente.
En ese contexto, los campesinos de Morador y Tierra Buena, plantean que esta delicada negociación con la empresa Smurfit, no pueden llevarla a cabo ellos solos, y que necesitan un negociador de alto nivel del Gobierno con experiencia para llegar a un acuerdo con Smurfit. Los campesinos no están de acuerdo conque la compra se efectúe sin antes determinar claramente: 1) ¿Qué cantidad de hectáreas de tierra de la Finca La Productora son privadas y cuantas pertenecían al Instituto Agrario Nacional, hoy Instituto Nacional de Tierras y por tanto son propiedad del Estado Venezolano? 2) Cuáles y cuántos son los pasivos ambientales y sociales que la actividad de Smurfit ha generado en la zona? (los campesinos sostienen que esos pasivos deben deducirse del precio que Smurfit aspire por la finca).
En apoyo a los reclamos de las comunidades locales, el WRM envió una carta al Presidente Chávez el 18 de noviembre (ver carta en http://www.wrm.org.uy/paises/Venezuela/carta181104.html ), que finaliza diciendo: "Los campesinos de la zona necesitan Señor Presidente, del apoyo de su gobierno para llevar a cabo una negociación con esta poderosa empresa y es por ello que nos dirigimos a usted para requerirle ese apoyo".
A su vez, la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA) también se sumó al reclamo con una carta al Presidente de fecha 30 de noviembre, en la que se le plantea: "Frente a tan difícil e injusta situación es que nos dirigimos a usted, solicitándole que se sirva adoptar las medidas del caso para resolver este problema, que afecta a la sociedad y al ambiente en el estado de Portuguesa" (ver carta completa en http://www.wrm.org.uy/paises/Venezuela/Recoma.html ).
Esperamos que el reclamo de las comunidades locales sea atendido y que finalmente se haga justicia puesto que, tal como escribimos en 1999: "Si las plantaciones forestales son insustentables en general, en este caso parecen ser más insustentables que nunca".
INFORMACION ADICIONAL: http://www.wrm.org.uy/paises/Venezuela/Smurfit.html