Dentro de la lógica capitalista de crecimiento económico permanente como parámetro necesario para el llamado desarrollo, la tendencia ha sido la de incrementar la producción, aumentar el consumo, inventar productos nuevos para que crezcan los mercados y así expandir el comercio. Las cuantiosas masas de dinero generadas con estos movimientos han hecho posible, también, su reproducción, en una espiral ascendente de explotación de los ecosistemas y las personas, con un corolario de concentración y acaparamiento por parte de unas minorías acaudaladas, y de exclusión y despojo de grandes mayorías populares.
Armando el escenario
Para posibilitar este proceso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial impusieron, especialmente desde finales de la década de 1980, recetas de medidas que, de un modo u otro, privatizaron y abrieron sectores de la economía al mercado internacional y a una profundización de las transacciones financieras. El marco necesario para esto lo proporcionaron la OMC y los tratados de libre comercio, que han profundizado paulatinamente la liberalización y la globalización del comercio.
En el caso del sector forestal, los fondos que han permitido la expansión de los monocultivos de árboles revisten distintas formas: 1) inversiones directas que actualmente representan la mayor parte de la inversión del sector privado en este rubro –cuyos principales agentes han sido empresas transnacionales –, con recursos de bancos multilaterales y nacionales de desarrollo y también de los bancos privados, 2) inversiones indirectas – a través de fondos de inversión, por ej., cuya importancia viene en alza – , 3) artilugios financieros como el MDL y REDD+, 4) incentivos fiscales directos – como exenciones de impuestos o préstamos subvencionados para alentar la inversión – e indirectos – los que apoyan la investigación, capacitación, extensión y hasta la información comercial –, 5) la construcción de la infraestructura que hace posible el desarrollo del negocio (caminos, puertos, hidrovías, etc.), que implica la producción de materia prima de exportación, con una logística compleja. En todos los casos, las empresas y fondos de inversión han accedido, en ocasiones sin pagar o pagando mínimamente por el uso del agua o las tierras, a valiosos ‘recursos naturales’ y a mano de obra barata, lo que les ha permitido aumentar su alcance, su capital y por ende su lucro.
Además de esos mecanismos, la expansión de los monocultivos forestales requiere una plataforma de despegue cuya formulación compete a los gobiernos y que se concreta en las reformas institucionales, políticas y macroeconómicas que permitirán que se cree el ámbito institucional y jurídico necesario para favorecer el desarrollo del sector. Esto tiene otras derivaciones, como por ejemplo la influencia que las empresas tratan de tener sobre los gobiernos a través del financiamiento de campañas electorales de candidatos con posibilidades reales de ganar las elecciones, u otros pagos ilegales, como se ha denunciados en varios casos.
En ese escenario se mueven los actores públicos y privados que proporcionan los fondos para comprar la tierra, si fuera preciso, y la maquinaria – proveniente del Norte -, plantar los árboles, pagar a los empleados – o promover la tercerización –, construir las fábricas. Principalmente en América Latina, compañías privadas de la industria celulósica y el papel figuran como dueñas de la tierra; plantan eucaliptos y pinos para la obtención de materia prima para después exportarla mayoritariamente al Norte global, donde suelen realizarse las actividades de mayor valor agregado - desde las máquinas de alta tecnología para la fabricación de celulosa y papel, hasta la producción de papel de alta calidad -. A su vez, el creciente uso de madera para energía (ver Boletín 186 del WRM) amplía la demanda y abre nuevos espacios de inversión en el sector, sumándose al requerimiento de mantener grandes áreas de plantaciones y acondicionar la infraestructura necesaria para que el producto final llegue al mercado. Por otro lado, las empresas consultoras, como la compañía finlandesa Pöyry, establecida en 50 países y activa en el sector foresto-celulósico, son importantes agentes de promoción de los monocultivos industriales de árboles, reafirmando el modelo de producción a partir de monocultivos de árboles en larga escala, identificando nuevos mercados, diseñando ‘planes forestales’ y realizando evaluaciones de impacto ambiental.
De dónde vienen los fondos
En general los fondos necesarios para llevar adelante las inversiones forestales y las fábricas de celulosa han sido proporcionados por los bancos tanto comerciales como de desarrollo, a través de líneas de crédito y préstamos, o de subsidios dirigidos en el caso de los bancos públicos. Según datos de Chris Lang (http://chrislang.org/2007/06/30/banks-pulp-people-part-1/), entre 2000 y 2006 las compañías pasteras y papeleras obtuvieron 215.500 millones de dólares de los mercados de capital internacionales, lo que significó un enorme aumento con respecto a los 1.900 millones que aportaron los bancos de desarrollo al sector en el periodo 1990-2000. Por su parte, los bancos de desarrollo del Sur han adquirido un papel cada vez más protagónico. Cabe citar el ejemplo del BNDES en Brasil, que ha adoptado un papel proactivo en el apoyo al sector de las ‘plantaciones forestales’, además de que ha financiado la fusión de empresas forestales para crear grandes empresas brasileñas más competitivas en el mercado mundial; en este caso ha terminado convirtiéndose en el principal accionista de las empresas.
Otros actores fundamentales han sido las agencias multilaterales, como la FAO. Entre los bancos de desarrollo multilaterales destacan el Banco Mundial y su Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Europeo de Inversión y el Banco Nórdico de Inversión (BEI y BNI), y también bancos regionales, como el Banco Asiático de Desarrollo (ADB). Todos financian consultorías y proyectos de compañías plantadoras, como ‘árbitros de calidad, función que el sector privado les reconoce tácitamente’, según un informe del Centro de Investigación Forestal (CIFOR).
El Banco Mundial: un rostro nuevo
para un viejo promotor de las plantaciones industriales
El Programa de Inversión Forestal (FIP) es un mecanismo de financiación del Fondo Estratégico para el Clima (SCF) y, más en general, de los Fondos de Inversión en el Clima (CIF). Su objetivo es ayudar a los países del Sur a alcanzar sus objetivos referentes a REDD, proveyéndoles fondos. Está administrado por el Banco Mundial.
Los críticos advierten que el FIP será utilizado por el Banco para aumentar el financiamiento de proyectos de plantación de árboles, con el pretexto de “mejorar los depósitos de carbono” y “reforestar”.
No está claro en absoluto cuál es la intención del FIP cuando planea “incrementar la inversión privada en el desarrollo de medios de vida alternativos”, ni qué impacto tendrá esto en los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. Otros esfuerzos anteriores referentes a “medios de vida alternativos” en los bosques, financiados por el Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), no generaron beneficios significativos para las comunidades y, en algunos casos, empeoraron la situación de la población local.
Si bien las directivas operacionales del FIP fueron revisadas para hacer referencia a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), no les incorporaron criterios específicos para cumplir con dicha declaración o para incluir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. Además, se rechazaron las recomendaciones de los observadores de la sociedad civil que señalaban que las directivas FIP debían respetar los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y ambientales.
Fuentes: sitio web de la Heinrich Böll Foundation y Overseas Development Initiative, climatefundsupdate.org; The World Bank’s Forest Investment Programme (FIP): core elements and critical issues”,http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fipbriefingoct09eng_0.pdf.
Los gobiernos suelen tener sus intereses atados a los proyectos. En este caso, como en otros, el interés del país juega a favor del proyecto, favoreciendo a las transnacionales: el gobierno noruego busca obtener 400.000 créditos de carbono del proyecto tanzanio, de los 6 millones que el país desea adquirir como parte de su compromiso de reducción de emisiones de carbono en aplicación del Protocolo de Kyoto.También los dineros públicos del Norte financian la expansión de los monocultivos de árboles a través de agencias bilaterales, como la agencia sueca de cooperación bilateral SIDA. Varios fondos suecos de inversión tienen acciones en la empresa forestal sueco finlandesa Stora Enso y participan, también con SIDA, en proyectos de plantaciones industriales de árboles en Mozambique (ver artículo sobre Mozambique en este boletín). Otro ejemplo es Green Resources, empresa financiada por fondos públicos noruegos, que ha invertido en Uganda y Tanzania en miles de hectáreas de monocultivos industriales de árboles que reemplazan praderas naturales para la obtención de créditos de carbono en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Si el consejo directivo del MDL aprueba el proyecto, Green Resources venderá los créditos a la petrolera noruega Statoil. (vejahttp://www.wrm.org.uy/publicaciones/EJOLT3_ESP.pdf)
Nuevos actores financieros
A los inversionistas clásicos se suman inversionistas institucionales que no pertenecían al sector forestal pero que han recurrido a este mercado a partir de las sucesivas crisis económico-financieras que dejaron al descubierto los importantes grados de volatilidad de los mercados financieros. Los monocultivos industriales de árboles se han convertido en activos del mercado forestal, uno de cuyos atractivos es su resiliencia ante las crisis, además de que ofrece inversiones a largo plazo relativamente seguras de las que se obtiene una rentabilidad considerable en comparación con el escaso riesgo que presentan, y permite diversificar el riesgo. La inversión en el sector forestal, según datos de la FAO, alcanzó los 50.000 millones de dólares en 2011.
Dos grupos de inversionistas profesionales administran principalmente los beneficios económicos de los activos forestales:
* las organizaciones denominadas TIMO (sigla del nombre en inglés Timber Investment Management Organizations) (ver boletines 170 y 182 del WRM), que manejan carteras de inversiones forestales en las que sus clientes – fondos de pensiones, institutos de seguros y financieros – acceden a la propiedad de la tierra y sus ganancias provienen de la especulación en bienes raíces y de la producción de madera.
* los fondos de inversión inmobiliaria REIT (Real Estate Investment Trust), con una estructura diferente a los TIMO y con mayor liquidez.
Ambos grupos facilitan a los inversionistas el acceso al negocio forestal, con alcance en los países más “productivos” en el rubro, entre los que figuran Brasil, Chile, Canadá, Uruguay, América Central, Australia, Nueva Zelanda y Europa del Este.
Otros vehículos financieros de la inversión forestal son los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF por su sigla en inglés): los inversionistas pueden comprar acciones en bolsa a través de este mecanismo, con la ventaja de que tienen mayor liquidez, es decir que pueden comprar y vender sus acciones fácilmente e invertir pequeñas sumas. Los Fondos de Capital Fijo son en general esquemas de inversión colectiva en los que los inversores compran un número limitado de acciones y obtienen el capital más la ganancia luego de un periodo pre-fijado.
Según un estudio de Naciones Unidas (http://www.un.org/esa/forests/pdf/AGF_Study_July_2012.pdf), las inversiones de los TIMO en plantaciones forestales convertidas en activos en América Latina y el Caribe figuran entre las mayores del sector privado. En el período 2006-2011, las inversiones de estos fondos constituyeron el 12 % del total de las inversiones privadas en el sector forestal de la región, totalizando un promedio de 323 millones de dólares anuales para dicho período.
Los fondos de pensiones, a través de los TIMO, han adquirido gran visibilidad en la inversión forestal. El Plan de pensiones de maestros de Ontario (Ontario Teachers' Pension Plan), que administra las pensiones de 250.000 maestros activos y jubilados y constituye el mayor fondo de pensiones de Canadá, tiene una inversión del orden de los 79.000 millones de dólares en activos e invierte 2.300 millones de dólares en plantaciones forestales.
Del total de inversiones forestales en América Latina y el Caribe, el 68% se dirigió a Brasil, a través de fondos como Cambium, Claritas, Florestal Brasil Investment, FC, Galtere, Global Forest Partners, GTF, Hancock Timber Resource Group, Phaunus, Quadris, Resources Management Services, Timber Value, Timber Group, Terra capital y el Fondo de Capital privado Brookfield. Este último, en el que participan fondos de pensión como el de la policía y bomberos de Ohio (OP&F, Ohio Police and Fire Pension Fund) y el de docentes y funcionarios de la educación de Nuevo México (New Mexico Educational Retirement Board, NMERB), administra más de 95.000 hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptos en los estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul.
Por su parte, el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos de California - el mayor fondo de pensiones de los Estados Unidos, con más de 245.000 millones de dólares en activos - invirtió recientemente en Brasil a través del grupo inversor estadounidense Global Forest Partnership (GFP), que administra fondos de pensiones a nivel mundial y que en Brasil posee 250,508 hectáreas.
Este grupo también actúa en Uruguay - país que recibió el 14% del total de inversiones de fondos forestales -, donde posee 140.595 hectáreas a través de cuatro empresas forestales (ver artículo sobre Uruguay). Argentina recibió el 12% de las inversiones forestales, mientras que Chile recibió el 6%, a través del fondo GMO Renewable Resources, del fondo de inversión forestal Lignum y del fondo europeo de capital privado Orion Capital.
En la región del sudeste asiático, en gran medida por lo que se percibe como riesgos políticos e inseguridades en materia de tenencia de la tierra, sólo algunos fondos de inversión se enfocan en el sector forestal, según declaraciones de Andrew Steel , ejecutivo de la agencia asesora en inversiones Treedom Investments, quien afirmó que, no obstante, ha crecido el interés de importantes actores financieros e incluso de inversionistas institucionales asiáticos, como el Banco Agrícola de China, en las inversiones en ‘plantaciones forestales’. También comentó que su agencia está invirtiendo en el sector forestal en Tailandia y tiene sus miras puestas en Indonesia, Vietnam, India, Laos, Malasia y Sri Lanka. Steel mencionó además a New Forests, empresa de inversiones forestales con sede en Sydney, Australia, a la compañía de inversiones de alcance mundial Global Environment Fund y a la empresa estadounidense Greenwood Resources, que administra inversiones en plantaciones forestales, como otros inversionistas con fuertes inversiones en la región (http://www.facebook.com/permalink.php?id=160084030748846&story_fbid=326790394078208).
Nuevas tendencias: el maquillaje verde de la certificación con cara financiera
El WRM ha denunciado reiteradamente que la pretensión de que un producto obtenido a partir de monocultivos en gran escala – sea de eucaliptos, pinos, palmeras, caucho o cualquier otro cultivo - pueda certificarse como “sostenible”, como afirma el FSC para millones de plantaciones de monocultivos de árboles en el mundo, es engañosa. Estos sistemas de certificación sustancialmente niegan la complejidad y los impactos inherentes a cualquier plantación en gran escala y plantada en sistema de monocultivo para fines industriales. No obstante, los nuevos y viejos actores que viabilizan financieramente las plantaciones se han apropiado cada vez más de este mecanismo para “garantizar” a la gente, que está poniendo dinero en su banco o fondo, que está contribuyendo al “desarrollo sostenible”, o a la ‘Economia Verde’, la misma promesa que las empresas ya hacían a los compradores de sus productos. Con eso, más actores empresariales y financieros continúan manteniendo el fraude que es la certificación.
Mientras que en el pasado los bancos, preocupados por su reputación, en ocasiones se retiraban de ciertas inversiones en función de denuncias de ONGs sobre los impactos generados por una determinada empresa, hoy las empresas se unen a los bancos y a otras instituciones financieras en iniciativas como por ejemplo RSPO – La Mesa Redonda de Palma Sostenible -. En RSPO participan 11 bancos y fondos de inversión muy relevantes, por ejemplo el IFC, el brazo privado del Banco Mundial, los bancos privados HSBC y Rabobank y el fondo de inversión Generation Investment Management (http://www.rspo.org/en/member/listing/category/Banks%20and%20Investors). Este último fondo, co-creado por Al Gore en 2004, afirma que su abordaje de las inversiones se basa en la idea de que los factores de ´sustentabilidad´ serán factores que orienten el lucro de una empresa en el largo plazo, en tanto problemáticas mundiales, como el cambio climático, presentan ‘riesgos y oportunidades’ (ver http://www.generationim.com/about/). Si bien dos de las instituciones financieras miembros de RSPO son del Sudeste Asiático, la mayoría son de países industrializados del Norte, en busca de nuevas “oportunidades” para invertir su dinero.
La certificación sigue avanzando porque parece ser un buen negocio que interesa tanto a las empresas del rubro forestal como a las certificadoras que avalan los productos y despejan el camino de los negocios de una economía ahora llamada de “verde” y “sostenible” Y ahora también sirve cada vez más a las instituciones financieras.
Los Principios para la Inversión Responsable es otra iniciativa de actores inversionistas en asociación con el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) y el Compacto Global de la ONU. Se promueve la aplicación de seis principios por parte de los inversores, buscando que “las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza empresarial” no afecten el rendimiento de las carteras de inversión (http://www.unpri.org/signatories/signatories/#investment_managers). La iniciativa cuenta con la adhesión de 741 administradores de inversiones, entre bancos, fondos de inversión y fondos de pensiones (http://www.unpri.org/signatories/signatories/#investment_managers).
Negocios con retorno ¿para quién?
Los movimientos masivos de dinero son una manifestación de cómo la economía se ha ido convirtiendo en una plaza financiera, donde agentes crecientemente poderosos son los que definen el juego, con el objetivo último de mejorar sus ganancias. La participación creciente de fondos de inversión en el incentivo a plantaciones de monocultivos de árboles significa también una creciente participación e influencia del capital financiero en esa actividad, buscando mayores lucros y creando nuevas formas de especulación.
En la medida que las consideraciones sociales y ambientales ocupan el último lugar de las prioridades, y las abordan a través de la certificación y otras iniciativas de principios de ´sustentabilidad´, un problema que de hecho pesa a los inversores es que el costo de volcar tanto dinero público a las empresas es cada vez más elevado. Un ejemplo de ello es que en el año 2000, una fábrica de celulosa de la empresa Aracruz en Brasil costó 1.000 millones de dólares, mientras que hoy, la nueva fábrica de celulosa que Suzano proyecta inaugurar en ese país, en la región de Maranhão, a fines de año, tiene un costo de 3.000 millones de dólares. Hay varios factores que intervienen en el aumento del costo de las inversiones: uno de ellos es el incremento de los precios de la tierra en la medida que se ha profundizado la especulación en función del creciente acaparamiento de tierras por diferentes ´grandes´ proyectos (agricultura industrial, minería, mega-represas). Las máquinas, por ejemplo para la fabricación de celulosa, son cada vez más sofisticadas y más productivas, con mayor incorporación de tecnología, por lo tanto, más caras también. En el caso citado, la mayor parte del capital inicial para esas inversiones multimillonarias proviene del dinero recaudado de los impuestos al pueblo brasileño, volcado a la empresa vía el banco público BNDES. Sin embargo, es muy poco lo que retorna al pueblo. Quien pierde sus territorios son comunidades rurales brasileñas y quien paga primero por cualquier crisis económica-financeira son los trabajadores de las empresas, ganando poco y trabajando cada vez más, siendo tercerizados y perdiendo derechos y salarios. Quien más se beneficia de todo eso son seguramente los inversionistas, accionistas e intermediarios, en busca de los lucros que resultan de la actividad de producción de madera para celulosa de exportación.
En este esquema se mueve la economía, desvirtuando incluso el carácter social del retiro de los trabajadores, convertido en fondos especulativos anónimos, sin transparencia, donde en ese caso ni los inversionistas saben qué se hace con su dinero y qué están financiando. En la punta final, la de las comunidades y los trabajadores de las plantaciones y fábricas de celulosa, la tendencia creciente a la inversión forestal en busca de seguridad implicará seguramente más represión y persecución, procurando proteger, a cualquier costo, las inversiones de inversionistas anónimos y lejanos.
Está abierto un nuevo campo de lucha contra las instituciones financieras, no solo las que son conocidas sino también esta gama de nuevos fondos financieros de todo tipo. Precisará de nuevas estrategias y nuevas alianzas para poner la vida por encima del dinero, y no al contrario.
Fuentes: (1) Investments in timberland: investors’ strategies and economic perspective in Brazil; Bruno Kanieski da Silva, Piracicaba 2013; (2) “Agentes Empresariales del Agronegocio, Uruguay Informe 2012”, Redes Amigos de la Tierra y Uruguay Sustentable, http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2013/03/Agentes-Agronegocio-Baja.pdf; (3) “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, CEPAL,http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/49845/LaInversionExtranjeraDirectaDocIinf2012.pdf; (4) “Una panorámica de las plantaciones industriales de árboles en países del Sur. Conflictos, tendencias y luchas de resistencia”, Winfridus Overbeek (WRM), Markus Kröger (Universidad de Helsinki) y Julien-François Gerber, Junio de 2012, http://www.wrm.org.uy/publicaciones/EJOLT3_ESP.pdf; (5) Financing forest plantations in Latin America: Government incentives, Kari Keipi, FAO,www.fao.org/docrep/w3247e/w3247e0b.htm; (6) 2012 Study on Forest Financing, Advisory Group on Finance Collaborative Partnership on Forests, June 2012,http://www.un.org/esa/forests/pdf/AGF_Study_July_2012.pdf; (7) “Financing sustainable forest management”, Marco Boscolo, Adrian Whiteman of the Forest Policy Service of FAO, together with Herman Savenije and Kees van Dijk, http://www.fao.org/forestry/16559-0325ac13168b9c3d84d0279e2f8adc798.pdf; (8) “Five minutes with Andrew Steel”, PE Asia Perspective, http://www.facebook.com/permalink.php?id=160084030748846&story_fbid=326790394078208