Acre suele ser presentado al mundo como “modelo de la economía verde”. Pero detrás de esa imagen, hay una destrucción oculta, causada por la explotación “sustentable” de madera y el comercio de “servicios ambientales”, que aumenta las ganancias de agentes privados mientras que da pocos beneficios al pueblo, que también sufre restricciones en el uso del bosque.
En las últimas dos décadas, la región de América Latina y el Caribe perdió 9% de su cobertura forestal, principalmente a causa de la explotación de la madera, expansión del agronegocio, de grandes proyectos de infraestructura como carreteras, hidroeléctricas, minería, extracción de petróleo, urbanización, además de los incendios forestales y la conversión de bosques causadas en su mayor parte por los motivos mencionados.
Agentes privados, nacionales y extranjeros, junto a los Estados nacionales, han intensificado la explotación de los bosques, buscando mejorar la infraestructura a través del plan IIRSA (Integración de Infraestructura Regional Sudamericana), y de ese modo facilitar la exportación de las materias primas hacia los grandes centros de consumo en el hemisferio Norte y, de forma creciente, hacia otras economías que entraron en ese modelo, como China.
Para “mitigar” los efectos de dicha marcha destructiva subyacente al proceso de acumulación incesante del capital, el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), en consonancia con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), y la OIMT (Organización Internacional de Maderas Tropicales), mostraron en un informe de 2011 a la “economía verde” como la salvación.
Según la OIMT, en lo que respecta a los bosques tropicales, las áreas bajo el llamado “Manejo Forestal Sustentable” (MFS) en el mundo han aumentado, llegando hoy a 53 millones de hectáreas, al tiempo que las áreas para explotación maderera con algún tipo de manejo forestal alcanzaron los 131 millones de hectáreas. En total son 184 millones de hectáreas, o sea, 24% de los 403 millones de hectáreas de los llamados ‘bosques tropicales de producción' están bajo manejo forestal. Los 358 millones de hectáreas restantes son las áreas de bosques tropicales que tienen algún tipo de “protección”.
Para que la explotación de bosques movida por diversos intereses del capital pueda continuar, la idea de la “economía verde” es esencial en el sentido de que busca “compensar” la destrucción con la “protección” de otras áreas, incluso aquellas manejadas de forma “sustentable”. Se instituye la comercialización de “servicios ambientales”, lo que no solo complementa la idea del “manejo forestal sustentable” sino que también profundiza el proceso de mercantilización de los bosques con proyectos REDD y PSA (Pago por Servicios Ambientales) y, por lo tanto, aumenta las posibilidades de que los agentes de destrucción obtengan más lucros.
En el caso de América Latina y el Caribe, la iniciativa de mayor envergadura hacia la “economía verde” fue la que se concretó en la Amazonia brasileña, bajo la batuta del Banco Mundial y a través del “Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales- PPG7”. El estado de Acre se considera la unidad federativa brasileña que más “progresó” en la adopción del modelo propuesto de “desarrollo sustentable”.
La arquitectura de tal reordenamiento territorial se caracteriza principalmente por la institución de un marco jurídico que instituye la creación de “unidades de conservación”, cuyo dominio formal puede ser de carácter comunal, comunitario y/o gubernamental, aunque subordinadas a reglamentaciones de uso para garantizar la mercantilización de la naturaleza en pro de capitales privados.
El estado de Acre
El estado de Acre está localizado en la Amazonia brasileña y posee una extensión territorial de 16,5 millones de hectáreas, con aproximadamente 88% de su territorio cubierto por bosques nativos, de los cuales cerca del 50% se encuentra en áreas naturales protegidas.
Acre pasó a ser conocido mundialmente después del asesinato, en 1988, de Chico Mendes, en ese entonces presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Xapurí. En las luchas de resistencia contra la destrucción de los territorios forestales que eran sus medios de vida, el movimiento campesino liderado por Chico Mendes ganó notoriedad por mostrar que la conservación de los bosques no puede estar disociada de los pueblos que los habitan. La propuesta de las Reservas Extractivistas (RESEX) tradujo de forma más completa esa interacción entre sociedad y naturaleza.
Por ser la “tierra de Chico Mendes”, Acre despertó la atención del ambientalismo internacional y ha sido divulgado mundialmente como el estado que más avanzó en la Amazonia porque implementó un “modelo de desarrollo sustentable”, ahora denominado por la ONU como “economía verde”. Los fondos que recibe el gobierno estadual desde hace más de una década del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), así como de grandes ONGs conservacionistas internacionales, como el WWF, se vuelcan a incentivar ese “modelo”. El poder ejecutivo estadual está gobernado desde 1999 por una amplia coalición de fuerzas, liderada por el Partido de los Trabajadores y que incluye desde partidos considerados de izquierda hasta los de extrema derecha. En tal período, se tomaron diversas medidas con el objetivo de adaptar el estado a los cánones de la “economía verde”, por ejemplo, realizar la Zonificación Ecológica Económica, para fines de “ordenamiento sustentable” del uso del territorio. Si bien la Zonificación, realizada de forma participativa y construida de abajo hacia arriba, puede significar un avance para restringir prácticas destructivas y atender a las demandas del pueblo, en el caso de Acre, la Zonificación ha sido, principalmente, una herramienta más para avanzar en la propuesta de mercantilización del bosque.
Vale resaltar que la implementación considerada “exitosa” por las autoridades de los planes del MFS y de la “economía verde” en general, no logró evitar que:
- hoy, Acre sea uno de los estados más empobrecidos de Brasil, con la mayor desigualdad de la región Norte (Índice de Gini = 0,61) y la segunda mayor de todo Brasil; los pueblos indígenas sufren la falta de políticas públicas y siguen luchando por la demarcación de parte de sus territorios.
- una de las actividades productivas predominantes sigue siendo la ganadería extensiva de corte, una actividad que notoriamente destruye los bosques. En la última década, el rebaño pasó de 800 mil cabezas a 2,5 millones de cabezas;
- otra actividad que sigue predominando es la explotación maderera. En 2010, se extrajeron 756 mil m3 de madera cortada, la mayor parte por empresas y grandes propietarios rurales. En los últimos diez años, el área total deforestada en Acre aumentó 730.000 hectáreas, de las cuales 62% se convirtieron en el período de 2000 a 2005, superando así el promedio de las tres décadas anteriores a la implementación de la “economía verde” de aproximadamente 500.000 hectáreas;
- para amenizar esa destrucción oculta, se paga a familias por “prestar servicios ambientales”, con valores bastante inferiores a los lucros obtenidos por aquellos que controlan hoy los bosques, sea para la explotación maderera o sea para comercializar los “servicios ambientales”. Con la ley estadual 2.308/2010, se creó el Sistema Estadual de Incentivos a Servicios Ambientales (SISA). La ley se considera como una de las más “avanzadas” en el mundo por implementar las bases legales de la “economía verde”. Según la Agencia Noticias de Acre, la ley del “SISA” permite “que Acre participe del mercado internacional de carbono y de otros servicios ambientales, como el de la biodiversidad y del agua” y que “Las políticas de reducción de la deforestación son la gran propaganda del carbono de Acre”.
Cabe destacar que el MFS carece de comprobación científica respecto a la regeneración forestal, al comportamiento de los diferentes ecosistemas frente a la explotación que involucra la apertura de caminos y carreteras vecinales para la circulación de máquinas y camiones pesados, desvíos de cursos de agua, contaminación de suelos y ríos con petróleo quemado y otros residuos tóxicos, ruidos de las máquinas que ahuyentan a aves y animales silvestres, etc. Se suma a ello la ausencia de control de los Planes del MFS por parte de las instituciones gubernamentales, sea por el abandono deliberado de ellas, resultante de políticas neoliberales o por la persistencia de la “sociedad público – privado” que caracteriza la formación del Estado nacional en Brasil.
En cuanto a las políticas de PSA, sus efectos perversos comienzan a sentirse en los territorios boscosos, como ilustran las palabras de Dercy Teles, presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Xapuri.
“ (...) las políticas de PSA solo vienen a amordazar la vida de esas personas. Ellas quedan sin oportunidades y sin voz. Sin voz porque firman un contrato que es como mínimo de treinta años. Pone a disposición la zona donde viven por treinta años para que el gobierno y las multinacionales investiguen y tengan el usufructo de todo el conocimiento del área a cambio de una una miseria. Y lo más grave es que esas personas ya no pueden hacer nada en el área, no pueden pescar más, no pueden sacar más madera para su uso, no pueden cazar más, no pueden hacer más nada.(..)”
En 2010 el gobierno de Acre formalizó un acuerdo en el ámbito de REDD con los gobiernos estaduales de California (EUA) y Chiapas (México), con la intención de que las industrias que contaminan en California pudiesen continuar contaminando a cambio de la compra de créditos de carbono de actividades REDD en Acre y Chiapas. Sin embargo, el incremento de la destrucción de los bosques y de la biodiversidad guía los planes del MFS y el aumento de la concentración de la propiedad de la tierra y expansión de la pecuaria extensiva de corte, denuncian el engaño que es la “economía verde” en Acre. A esto se suman nuevos planes destructivos del gobierno para la explotación de gas y petróleo.
Además, la comercialización de “carbono” y de otros servicios ambientales expresa una amenaza frontal a la autonomía, a la libertad y al control de los pueblos del bosque sobre sus territorios y bosques, amenazando la diversidad de la naturaleza y las comunidades que siempre supieron vivir de forma integrada y armoniosa.
Basado en el artículo de Elder Andrade de Paula, “La doble cara de la destrucción de los bosques tropicales en América Latina y el Caribe: las revelaciones de la “economía verde” en Acre”, disponible enhttp://wrm.org.uy/paises/Brasil/La_doble_cara_de_la_destruccion_de_los_bosques_tropicales.pdf
