Con motivo de la crisis económica mundial desarrollada a fines del año pasado la Presidenta Bachelet anunció la aplicación de una serie de medidas para fomentar el empleo y la reactivación económica. Dentro de las medidas sorprende encontrarse con una referida al incremento transitorio de los beneficios del Decreto Ley 701 de subsidio a las plantaciones forestales.
El Decreto Ley 701 o Ley de Fomento Forestal es el principal instrumento de un modelo forestal que ha contribuido a una apropiación injusta y desproporcionada de la tierra, el que se ha expandido sustituyendo bosque nativo y ocupando suelos agrícolas de buena calidad. Se crea en 1974, en época de dictadura militar, lo que además propició la ocupación de territorios del Pueblo Mapuche, monopolizando las tierras en dos grandes grupos económicos: el grupo familiar Matte (CMPC) y el grupo Angelini (Copec–Arauco-Celco). Este subsidio se traduce en una bonificación del 75% de los costos netos de forestación, otorga franquicias tributarias y garantiza la inexpropiabilidad.
Algunos meses antes del anuncio, la misma presidenta Bachelet se había reunido con altos ejecutivos de estas empresas para comprometer la entrega de 3000 millones de pesos a un Consorcio Tecnológico Bioenercel formado por las 3 grandes empresas forestales (Arauco, CMPC, Masisa), la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Fundación Chile, para investigación de la producción de biocombustibles de segunda generación, es decir, combustibles a partir de biomasa de pinos y eucaliptos, lo que constituye un nuevo incentivo para aumentar la expansión de estos monocultivos.
Lo anterior se suma al apoyo y compromiso del gobierno para lograr la plantación de un millón de hectáreas más en 10 años. Es decir, la medida “anticrisis forestal”, reafirma el compromiso del gobierno con este sector, aludiendo a que es un sector altamente sensible a las variables del mercado internacional, ya que más del 90% de la producción de madera y celulosa se exporta. Estas ayudas estatales hacen caso omiso a las innumerables demandas de las comunidades que viven o sobreviven dentro de miles de hectáreas de monocultivos de pinos y eucaliptos, o que sufren la contaminación de las aguas a consecuencia de la industria de la celulosa.
Alarmados por tal situación, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo manifestó en una declaración pública que este modelo forestal “dominado por transnacionales que en tres décadas establecieron enormes extensiones de monocultivos de especies exóticas, acumulando la riqueza en pocas manos y desplazando poblaciones rurales” no es sustentable. Plantearon que el gobierno debe terminar con el subsidio a las grandes empresas forestales, ya que atentan contra el medio ambiente, los recursos hídricos, además de provocar impactos sociales y culturales en las comunidades aledañas. Exigieron a la presidenta que detenga el crecimiento de las plantaciones forestales, advirtiendo que el gobierno chileno no puede ser cómplice de este desastre y que es urgente fortalecer las políticas de mediana y pequeña agricultura, principal sector afectado por el cambio de uso de suelos, así como desarrollar un ordenamiento territorial democrático (ver declaración completa enhttp://www.wrm.org.uy/paises/Chile/Ingenieros_Forestales.html).
Por su parte, 26 organizaciones mapuche, sociales y ambientales se reunieron en Temuco, en el encuentro “Implicancias de las Plantaciones Forestales en el Cambio Climático, la Desertificación y la Sequía” y emitieron una declaración en la que responsabilizan al modelo forestal chileno de incrementar la pérdida de suelos agrícolas, disminuir y desaparecer las fuentes de agua subterráneas y superficiales, sustituir el bosque nativo, destruir la forma de vida y la cultura de las comunidades. En consecuencia, las organizaciones plantearon al gobierno:
· Rechazamos que estas decisiones -que afectan a muchos territorios y comunidades- se tomen de manera bilateral entre el gobierno y las grandes empresas forestales, excluyendo a las comunidades que viven el flagelo de la expansión de las plantaciones.
· Exigimos que se termine con los subsidios directos e indirectos al sector forestal con los recursos de todos los habitantes de Chile y que no son para favorecer a grupos económicos específicos. Se debe terminar con el saqueo del Estado de bienes y recursos que son públicos y colectivos y que corresponden a las soberanías populares.
· Exigimos suspender la medida de aumentar los recursos para el subsidio forestal, que se derogue definitivamente el Decreto Ley 701 y que se reorienten los recursos a apoyar la actividad agrícola campesina y a la recuperación de los daños causados para promover y potenciar las economías locales y diversas.(ver declaración completa en http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/No_expansion_forestal.html)
Es importante señalar que dicho encuentro –no convocado por el gobierno sino por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales- ha sido la única instancia en que las comunidades afectadas tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre este tema, constituyendo además una articulación amplia para continuar trabajando en la exigencia de terminar con los subsidios gubernamentales a las empresas forestales y detener definitivamente los monocultivos extensivos de pinos y eucaliptos.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, miembro de RECOMA.
