En los últimos años Uruguay fue conocido a nivel internacional por el extenso conflicto con Argentina provocado por los proyectos de instalación de dos mega-fábricas de celulosa, una de la empresa finlandesa Botnia y la otra de la empresa española Ence.
La historia se remonta al año 2002 cuando el gobierno, continuando con su política de promoción de la forestación con monocultivos de árboles a gran escala, comienza a alentar las inversiones extranjeras con destino a la fabricación de celulosa en nuestro país. A los beneficios que ya recibían las empresas forestadoras amparadas en la Ley Forestal de 1987 (subsidios, exoneraciones impositivas, créditos blandos, construcción de carreteras, mantenimiento de la caminería rural afectada por los pesados camiones de rolos, etc) se le sumó la redacción de Acuerdos de Protección de Inversiones y el otorgamiento de Zonas Francas donde instalar sus fábricas (libres de todo tributo creado o a crearse).
De esta forma la forestación con eucaliptos y pinos fue ocupando tierras de pradera, principal ecosistema de Uruguay, generando graves impactos sociales y ambientales (desplazamiento de población rural, impactos sobre el agua y el suelo, utilización de tierras aptas para ganadería y agricultura, impactos sobre flora y fauna, entre otros), los que hasta ahora no han sido estudiados seriamente por parte de los sucesivos gobiernos que han promovido este modelo forestal-celulósico. Esto llevó a un proceso de concentración de la tierra en manos de empresas trasnacionales: solo UPM-Botnia (Finlandia), Weyerhaeuser (Estados Unidos) y Montes del Plata (Suecia-Finlandia-Chile) son dueñas de 600.000 hectáreas.
La aprobación de las fábricas de Ence y Botnia sobre el río Uruguay, río compartido con Argentina, dio origen a un conflicto, una de cuyas expresiones más radicales fue el prolongado corte de ruta al puente internacional San Martín por parte de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú (que implicó la movilización de miles de ciudadanos argentinos). Esta medida llegó a involucrar al gobierno argentino en los reclamos contra la instalación de estos emprendimientos, quien al no llegar a un acuerdo con el gobierno uruguayo llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Con el tiempo Ence optó por re-localizarse más al sur sobre el Río de la Plata y tras la crisis financiera internacional vendió en 2009 sus activos a Montes del Plata (consorcio sueco-finlandés-chileno). A pesar de la gran oposición manifestada desde Argentina contra la instalación de la fábrica, Botnia igual siguió adelante con su proyecto y la fábrica comenzó a funcionar en noviembre del 2007.
Según un comunicado del grupo uruguayo Guayubira “a partir del corte del puente internacional, la conflictividad adquirió un nivel tal que se perdió el foco real de atención y de necesario debate. Pasamos de analizar si la instalación de una fábrica de estas características era beneficiosa o no para el país a un duro enfrentamiento uruguayos vs argentinos donde el nacionalismo exacerbado no dejó paso al análisis y quedó muy poco espacio para hacernos preguntas fundamentales para nuestro futuro como país, tales como: ¿fue bueno para Uruguay abrirse a una inversión extranjera como ésta, que implica seguir exportando materia prima y además en condiciones de zona franca? ¿Los beneficios recibidos justifican la mega-fábrica que hoy funciona en Fray Bentos y los cientos de miles de hectáreas de eucaliptos que hoy ocupan nuestros campos?”
Para Guayubira “este emprendimiento implica no solo el funcionamiento de una fábrica de celulosa de dimensiones nunca vistas en nuestro país hasta ahora --que según la propia empresa consume a diario 86 millones de litros de agua y utiliza 400 toneladas diarias de productos químicos-- sino además la utilización de miles de hectáreas de tierra destinadas a plantar monocultivos de eucaliptos a gran escala”.
Además de todos los conflictos provocados por esta empresa trasnacional hay que sumar que tras dos años de funcionamiento no se ven los beneficios prometidos. Guayubira recuerda que “las entrevistas y foros de presentación realizados por la empresa Botnia se centraron en publicitar los beneficios que significarían para el país y su gente si se aprobaba su instalación. Una de las principales promesas --buscando el apoyo social y político-- fue que generaría miles de puestos de trabajo”. A dos años de funcionamiento de la fábrica, el departamento de Río Negro, donde está ubicada la fábrica de celulosa y uno de los más forestados de Uruguay, es el departamento con mayor desocupación del país y el que tiene los niveles más altos de violencia doméstica.
En marzo de 2010 José Mujica asume como presidente de los uruguayos y tiene varios encuentros con sus pares argentinos tratando de recomponer los vínculos; esto generó las condiciones para que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decidiera levantar el corte de ruta a cambio de un monitoreo compartido de la fábrica y de la calidad del agua del río Uruguay.
Es a partir de este gesto --y sin la presión de un conflicto internacional y con la fábrica de celulosa ya instalada-- que el Grupo Guayubira sale a la opinión pública a reclamar que “antes de seguir dando por hecho la instalación de nuevas y cada vez más grandes fábricas de celulosa nos detengamos a analizar si la primera y por ahora única fábrica que tenemos en nuestro país ha resultado beneficiosa para la vida de uruguayos y uruguayas, desde el punto de vista económico, social y ambiental”.
Artículo basado en nota del Grupo Guayubira del 24 de junio del 2010, ver texto completo en: http://www.guayubira.org.uy/celulosa/evaluemos.html
