En México, la deforestación avanza a un ritmo acelerado, al compás de diversos megaproyectos: la rápida expansión de monocultivos industriales de palma aceitera y plantaciones de jatrofa para la producción de biocombustible; la construcción de represas; las concesiones mineras; la creación de centros de reasentamiento de complejos prefabricados en los sitios estratégicos de extracción de recursos y reconversión de la tierra; el turismo en gran escala; las carreteras, que viabilizan los proyectos.
El llamado “desarrollo” se interna no solamente en la selva sino en territorios indígenas autónomos y comunidades campesinas cuya resistencia a la expulsión, que definen como “cultural y física”, ha sido violentamente reprimida, dejando un saldo dramático de presos, heridos y muertos.
La expansión de los negocios aprovecha ahora el grave problema del cambio climático, una de cuyas causas – aunque no la primera – es la deforestación.
Los intereses que luchan a brazo partido para no cambiar un sistema económico que ha confluido en esta amenaza mundial, le han buscado la vuelta al problema y han creado – entre varios otros subterfugios – el mecanismo denominado REDD (reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques). Esta estrategia, que atribuye un valor financiero al carbono – expresado en “créditos de carbono” - contenido en los árboles, aduce ser un incentivo económico para que a los países en desarrollo les resulte más rentable proteger los bosques que cortarlos.
La otra cara de la moneda es que, por un lado, los países ricos que compran los créditos de carbono pueden seguir contaminando, y por otro lado, las comunidades que dependen de los bosques son expulsadas y se les niega el acceso a lo que hasta ahora consideraban sus tierras.
El gobierno mexicano está alineado a la concepción mercantil de los bosques, considerados como meros reservorios de carbono, y ha abrazado con entusiasmo la estrategia REDD. Como documenta Gustavo Castro Soto (1), el Estado de Chiapas “se lanza a la delantera en la carrera por el negocio del Cambio Climático, poniendo a sus bosques, selvas y plantaciones de monocultivos al servicio del mercado de carbono. Nuevamente, el subsidio del estado a las empresas se plasma en el negocio de la crisis climática con la participación de ONGs conservacionistas empresariales, trasnacionales, al servicio del lucro ambiental. … Así, desde 2009, el Gobierno de Chiapas inició la construcción del Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas (PACCCH) financiado por la Embajada Británica, y Conservación Internacional (CI) como actor clave en su conducción”.
El informe da cuenta de que los proyectos piloto que tiene Conservación Internacional para 2011 en Chiapas – donde existen un millón 300 mil hectáreas consideradas reservas naturales, de las cuales casi el 50 por ciento están en la selva Lacandona – entran dentro del esquema del acuerdo firmado en noviembre de 2010 entre los gobernadores de California, Arnold Schwarzenegger; de Chiapas, Juan Sabines Guerrero; y de Acre, Brasil, Arnobio Marques de Almeida Junior, en el contexto de la Tercera Cumbre Global de Gobernadores ante el Cambio Climático llevada a cabo en California, Estados Unidos. Ese acuerdo establece las bases para iniciar un mercado de compraventa de bonos de carbono, integrando REDD y otras actividades de carbono forestal a los marcos regulatorios de Estados Unidos y otras partes.
Esto implica que las autoridades de Chiapas deben generar las condiciones para la compra de bonos de carbono.
De ahí el convenio que en diciembre de 2010 suscribió el gobernador de Chiapas con las comunidades de la Selva Lacandona, que, como anuncia el referido informe, serán usadas por el gobierno “para confrontarse con otras organizaciones y comunidades indígenas y campesinas al promover su expulsión incluso con violencia”. En tal sentido, el gobernador de Chiapas arengó a los comuneros con estas palabras: “ustedes se van a comprometer a cuidar las reservas, que nadie se meta, a cuidar que nadie quite los árboles, a cuidar que nadie se meta a cazar, la van a cuidar para todo el planeta, para todo Chiapas, para todo México, para toda la humanidad la van a cuidar.” Sin embargo, inmediatamente fuera de la zona destinada para la venta de carbono, el gobierno aseguró que continuará la expansión de las agroindustrias, de los centros turísticos, de las plantaciones industriales de palma aceitera, entre otros emprendimientos.
El proyecto REDD tiene como escenario una región donde las comunidades campesinas, como describe Jeff Conant en un exhaustivo informe del recorrido que realizó recientemente por la zona (2), han convivido con la selva abriendo espacios productivos para plantar maíz y frijoles, pero resistiendo los emprendimientos destructivos de la agroindustria: ganadería, tala ilegal de maderas preciosas, explotación petrolera.
La respuesta de las autoridades ha sido la aplicación de programas arbitrarios de “protección forestal”. Crearon reservas excluyentes, como la Biosfera Montes Azules, y expropiaron diversas áreas aledañas. No obstante, el movimiento campesino en defensa de su territorio, recursos y cultura indígena iniciado por las comunidades de Amador Hernández, zona núcleo de la Reserva de Montes Azules, y decenas más en las zonas vecinas, logró detener en 2008 la ejecución de la expropiación.
Pero las presiones han sido fuertes. Los inversionistas del proyecto REDD+ impulsado por el gobierno estatal y federal para presentarlo en Cancún en la COP16, exigían la certeza jurídica sobre el territorio. Frente a ello, según denuncia el COMPITSCCH (Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas) (3), en abril de 2010, sin mediar aviso ni explicación, el gobierno retiró el personal médico y suspendió el suministro de medicamentos y los traslados aéreos para los casos urgentes en la región Amador Hernández, seguramente con el objetivo de castigar y doblegar a una región con historia de resistencia. Esta medida, en un contexto de histórica medicalización indiscriminada y falta de acciones de promoción y educación para la salud, provocó un disparo en la morbilidad. Y fue por este resquicio de dependencia – la salud regional medicalizada – donde se intentó doblegar, por muerte y enfermedad, a los rebeldes, los niños y ancianos primero.
Según informa el COMPITSCCH, “Los infantes, carentes de vacunas, han enfermado por cientos y decenas de ellos han tenido que ser trasladados de emergencia a centros hospitalarios, como el hospital San Carlos en el municipio vecino de Altamirano. Las fiebres no ceden y mantienen elevados picos febriles durante semanas; varios presentan cuadros de asfixia y azulamiento en los dedos de las manos, y otros más cursan una persistente tos seca típica de la tosferina. Los hay también que se convulsionan por dificultades respiratorias, produciéndose a veces desmayos, pero en estos casos, al parecer, la causa estaría en un mar de parásitos que colman las vías altas”.
A principios de este mes, la asamblea comunitaria de Amador Hernández envió una carta abierta (4) a autoridades del gobierno federal reclamando que restablezcan el servicio de salud y exigiendo al gobierno de Chiapas, entre otras cosas, “Que suspenda el proyecto REDD+ estatal en la Comunidad Zona Lacandona por constituir un plan de contrainsurgencia que promueve el enfrentamiento con las comunidades vecinas” y “Que deje de estar engañando a los pueblos indígenas sobre el objetivo climático del proyecto REDD+ en Chiapas y declare su verdadero propósito: conservar y recuperar la biodiversidad de las áreas más ricas para entregarlas al control y explotación trasnacionales”.
Esta carta fue apoyada y circulada como alerta de acción internacional por varias organizaciones sociales de distintos países del mundo, quienes invitan a firmarla y enviar nombre, afiliación institucional (si tiene), país, y dirección de correo electrónico a: contact@globaljusticeecology.org
La asamblea de la comunidad Amador Hernández de Chiapas tiene claro lo que significa el proyecto REDD+:“Para los pueblos indígenas que libre y valientemente han decidido caminar su destino en camino distinto al del régimen político y sistema económico que todo vuelve mercancía y despojo, el mal gobierno manda enfermedad y muerte lentas, y proyectos que potencien su confrontación intercomunitaria, hoy pagada con los recursos de REDD+. Y todo esto instrumentado en nombre y servicio de la humanidad.”
Artículo elaborado en base a la información obtenida de:
(1) “EnREDDar a Chiapas”, El Escaramujo, Gustavo Castro Soto, Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México, http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/article/118-el-escaramujo/897-el-escaramujo-enreddar-a-chiapas.html
(2) A Broken Bridge to the Jungle: The California-Chiapas Climate Agreement Opens Old Wounds”, by Jeff Conant, Communications Director at Global Justice Ecology Project, correo electrónico: jefeconant@gmail.com, http://climate-connections.org/2011/04/07/a-broken-bridge-to-the-jungle-the-california-chiapas-climate-agreement-opens-old-wounds/ ,
(3) “La salud como instrumento de represión y exterminio: El caso de la región Amador Hernández, Reserva de la Biosfera de Montes Azules”, pronunciamiento del Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales por la Salud Comunitaria en Chiapas (COMPITSCCH),http://wrm.org.uy/paises/Mexico/COMPITSCCH.pdf
(4) “Alerta de acción: Retiro de Servicios de Salud en Amador Hernández, Chiapas, en avance del REDD +”; http://www.globaljusticeecology.org/connections.php?ID=544