Uruguay

La tradicional siesta veraniega del enero uruguayo se ha visto interrumpida no sólo por las constantes lluvias sino también porque el avance de las empresas celulósicas no tiene tregua. Continúa su campaña propagandística, a base de falsedades, que luego son repetidas como verdades. Promesas y espejismos a una población con un gran índice de desempleo, que necesita desesperadamente soluciones.

Los impactos negativos de las plantaciones de árboles sobre los bosques y sus habitantes fueron señalados por el WRM desde su creación en 1986. La “Declaración de Penang” de 1989, que enunció la visión compartida por los miembros del WRM, identificaba las plantaciones como “parte de las políticas y prácticas que, en nombre del desarrollo, conducen a la deforestación en todo el mundo”.

El connotado proyecto de instalación de dos fábricas de celulosa en Uruguay, sobre el río del mismo nombre, ha provocado una firme oposición tanto dentro del país como entre la sociedad civil de la vecina provincia argentina de Entre Ríos, la cual está situada río de por medio, a escasos kilómetros de donde se instalarían las fábricas de la española Ence y la finlandesa Botnia.

Uruguay está bajo la mira de la industria de la celulosa. La multinacional finlandesa Metsa Botnia y la española Ence se proponen instalar dos fábricas para la producción de celulosa de eucalipto (“al sulfato”) blanqueada con dióxido de cloro (proceso ECF), con un volumen máximo de producción de 1 millón de toneladas anuales Botnia, y 500.000 toneladas Ence, para exportación. Las fábricas se instalarían sobre las márgenes del río Uruguay, el cual es compartido con Argentina, a la altura de la localidad de Fray Bentos.

Uruguay, territorio beneficiado por una profusa red hídrica y cuyos suelos se extienden sobre parte del acuífero Guaraní -uno de los mayores del mundo- tiene el logo de “país natural”. Podría serlo, con sus extensas praderas de ricos suelos productivos, con la abundancia de agua, el escaso desarrollo industrial y la baja densidad de población.

Consumismo y pobreza son las dos puntas del actual mercado mundial del papel. Manipulación de los mercados, acuerdos de cártel, fijación de precios y otras prácticas similares les dan a un grupo de empresas el poder necesario para controlarlo. En el medio, contaminación del aire, el agua y el suelo, acumulación y extranjerización de la tierra, aumento de la escala, profundización de una forma de producción que requiere cada vez menos trabajadores.

Uruguay ha sido uno de los países de la región que mejor y más pronto ha cumplido los deberes que otros le dictaron. Ya en 1951, una misión conjunta de la FAO y el Banco Mundial hizo una serie de recomendaciones sobre el desarrollo forestal del país, que constituyeron la base de las leyes forestales aprobadas en 1968 y 1987. Su visión implicaba la promoción de plantaciones de especies aptas para la industria de la madera en el marco de un modelo exportador para el cual el manejo forestal es una actividad empresarial o fabril más.

En el marco de la Red de Plantas Medicinales de América del Sur, el Centro de Estudios Uruguayo de Tecnologías Apropiadas está coordinando en Uruguay un trabajo colectivo de recuperación de saberes populares y tradicionales en torno al uso de plantas como medicina y alimento.

Como tantos otros países del Sur, Uruguay fue convencido (por la FAO, el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón entre otros) de que debía promover la plantación de árboles a gran escala. Desde el principio fue muy claro que el objetivo era producir suficiente materia prima para la producción de celulosa y por ello se promovió fundamentalmente la plantación de eucaliptos.

La forestación --impulsada con la ley forestal de 1987 y referida a la plantación en gran escala de monocultivos exóticos-- prometió traer infinidad de beneficios para el país: exportación, industria, miles de nuevos puestos de empleo.

El plan forestal promovido por el Gobierno --basado en la plantación de grandes monocultivos forestales de eucaliptos y pinos-- prometía grandes beneficios para el país. Entre ellos, la generación de empleo. No sólo no cumplió con este objetivo, sino que además se ha constatado que el escaso empleo generado es mayormente temporario y con condiciones laborales que en general dejan mucho que desear. Los hechos ocurridos a principios de este mes, son una clara muestra de lo que hace mucho tiempo organizaciones ambientalistas vienen denunciando.

El plan de promoción forestal lanzado en 1988 por el gobierno --basado en la promoción de monocultivos forestales a gran escala--prometió la generación de empleos y el ingreso de divisas por un aumento de las exportaciones. Para lograr esos objetivos, el estado uruguayo realizó una fuerte inversión, incluyendo subsidios directos, exoneraciones impositivas, créditos blandos e inversiones en infraestructura. Al año 2000, el estado había destinado al sector US$ 69,4 millones bajo la forma de subsidios directos.