Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

La pandemia en los bosques en India: escalada de ataques a las comunidades

Fondos del sistema de Forestación Compensatoria han sido alocados para las medidas de apoyo frente al Covid-19. Este Fondo ha financiado plantaciones que invaden tierras comunitarias y ha provocado desalojos donde se han declarado “Áreas Protegidas”. Nada de esto cesó durante la cuarentena. Ahora todo indica que habrá una escalada de ataques.

Agricultor Bewar. Foto: Ossi Kakko

Alrededor de mediados de mayo de 2020, el Ministro de Finanzas de la India anunció que se asignarían 6000 crores (alrededor de mil millones de dólares) del Fondo de Forestación Compensatoria (CAF, por su sigla en inglés), mejor conocido como CAMPA (la sigla en inglés de Autoridad de planificación administrativa de la forestación compensatoria), como parte del muy esperado paquete de ayuda gubernamental por el Covid-19. Es importante señalar que desde 2014, cuando asumió el poder, este gobierno ha provocado que la abrumadora mayoría de los ciudadanos en la India, particularmente los Adivasis (Pueblos Indígenas), los dalits (miembros de los “intocables”, la casta más oprimida), las minorías religiosas, los campesinos, los trabajadores y los pobres urbanos, estén en una situación de mayor vulnerabilidad e inseguridad. Políticas económicas insensatas como la desmonetización de 2016 (el gobierno decidió repentinamente retirar de circulación ciertos billetes del mercado, sumiendo a la gente en una angustia impensable) y las desvergonzadas devociones a ciertos intereses empresariales ya han frenado la economía. Sistemáticamente, el pueblo indio sufre acoso y hostigamiento en nombre del desarrollo, la seguridad nacional y la religión. Los pobres y los trabajadores del país quedaron literalmente bajo asedio cuando a fines de marzo el Primer Ministro definió el Covid-19 como “desastre nacional” y puso al país en una estricta y abrupta cuarentena.

Enfoquémonos en los bosques y las comunidades de los bosques. Ignorando todas las objeciones y protestas de los movimientos sociales y de activistas de los derechos humanos, el gobierno indio siguió adelante con su agenda de mercantilizar los bosques de la India. En 2014 se anunció el Proyecto de Política Nacional REDD Plus (ya finalizado), seguido de las Directrices de 2015 para entregar bosques “degradados” a actores privados principalmente para el establecimiento de plantaciones (1); la Ley del Fondo de Forestación Compensatoria de 2016; el Proyecto de Política Forestal Nacional de 2018 (2); y, por último, el Proyecto de Enmiendas a la Ley sobre los Bosques, de 2019, aún vigentes en la agenda política. En conjunto, constituyen la arquitectura de políticas para clausurar, mercantilizar y vender los todavía vastos bosques comunales de la India. La pandemia del Covid-19 y las medidas adoptadas por el gobierno constituyen otra amenaza, y son el siguiente escalón que conduce a un escenario generalmente sombrío. Lamentablemente, esta nueva amenaza apareció en un momento en que la privación generalizada que persiste en las zonas tribales no ha sido siquiera abordada: una paralizante falta de atención médica pública que limita gravemente las capacidades para frenar la propagación del virus, decenas de miles de trabajadores migrantes varados en las ciudades, falta de mecanismos institucionales y de acceso a la adquisición y distribución de productos forestales no maderables (PFNM, por su sigla en inglés) (3), deforestación desenfrenada de tierras boscosas sin el consentimiento de las comunidades, violaciones y no implementación de legislaciones progresistas como la Ley de los Derechos sobre los Bosques (FRA, por su sigla en inglés) de 2006 y la Ley de Panchayats (Extensión a zonas programadas) de 1996 (PESA, por su sigla en inglés).

En lugar de respetar la autonomía y la dignidad de las comunidades tribales y de otras comunidades de los bosques de la India, los fondos de ayuda del Covid-19 fueron aprobados bajo el antiguo sistema de Forestación Compensatoria (4). Este sistema ha sido impugnado por activistas defensores de los derechos de los bosques y por organizaciones tribales de la India, e internacionalmente desde que la controvertida Ley del Fondo de Forestación Compensatoria fue levantada por primera vez en 2015. Se ha señalado que la Forestación Compensatoria es en gran medida una estafa y, en el mejor de los casos, un intento de maquillar de verde el rastro de la deforestación organizada y autorizada en la India. Además, canalizar dinero ilimitadamente a la burocracia forestal colonial puede implicar darle el poder para destruir los medios de vida y sustento de millones de habitantes de los bosques, causando grandes daños ecológicos y agravando aún más el desplazamiento y la explotación de las comunidades de los bosques.

El Fondo también ha sido cuestionado por el Ministerio de Asuntos Tribales del Gobierno indio (MoTA por su sigla en inglés). En una carta dirigida al Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático (MoEFCC por su sigla en inglés) en marzo de 2018, el Ministerio de Asuntos Tribales argumentó que la normativa del Fondo de Forestación Compensatoria diluye las disposiciones de la Ley de los Derechos sobre los Bosques.

El anuncio de la liberación de fondos de la Forestación Compensatoria a los estados para la “generación de empleo” ignora las preocupaciones planteadas por los movimientos y grupos de activistas acerca de las constantes violaciones de los derechos de los bosques por parte de las plantaciones del Fondo de Forestación Compensatoria, por un lado, y por la deforestación a gran escala por el otro. Los movimientos y grupos que se oponen a la ley y a las normas del Fondo de Forestación Compensatoria, también se oponen a la medida actual. La Forestación Compensatoria permite la deforestación organizada mediante el desvío de tierras de bosques a fines no forestales, sin el consentimiento de la comunidad. Se supone que dicho consentimiento es jurídicamente obligatorio en el marco de la Ley de los Derechos sobre los Bosques. Así que el resultado es una pérdida general del acceso a los bosques comunales que tradicionalmente han usado y conservado las comunidades, cuyas vidas dependen del sustento físico y cultural que les proporcionan los bosques. Además, a pesar de que las actividades de Forestación Compensatoria originalmente estaban destinadas a llevarse a cabo en tierras no registradas como bosques, es habitual que se realicen en bosques comunales, zonas de pastoreo de las aldeas y tierras comunales. Entre estas últimas figuran tierras de diversas categorías de tenencia, como bosques de la aldea y bienes comunales de la aldea (ambos ampliamente conocidos como nistar), viejos bosques zamindari (bosques de propiedad de terratenientes durante la era colonial) y tierras gubernamentales, todos los cuales contienen una amplia gama de derechos al acceso y uso, registrado o no registrado, jurídico o consuetudinario, para recolectar leña, poner animales en pastoreo, etc. Según la Ley de los Derechos sobre los Bosques, se suponía que tales derechos estaban debidamente registrados, y los derechos debidamente otorgados a los habitantes de los bosques. El establecimiento de plantaciones en el marco de la Forestación Compensatoria en bosques y tierras comunales no hace más que socavar la Ley de los Derechos sobre los Bosques y, en última instancia, ayuda a perpetuar la injusticia histórica que esta ley promete revertir.

Desde que se presentó el proyecto de ley de Forestación Compensatoria en 2015, los movimientos sociales y los activistas de derechos han exigido sistemáticamente la transferencia de fondos de la Forestación Compensatoria a las Gram Sabhas (asambleas de las aldeas) y que se garantice que las actividades se realicen solo con el consentimiento libre y previo de las Gram Sabhas, tal como lo dispone la Ley por los Derechos de los Bosques y la Ley de Panchayats (Extensión a zonas programadas). Este reclamo ha resurgido a raíz de la pandemia del Covid-19, para que las Gram Sabhas puedan utilizar los fondos que actualmente ascienden a la abultada cifra de unos 7.300 millones de dólares estadounidenses (5). Esto garantizaría que los fondos respondan a las diversas necesidades geográficas y específicas de las comunidades de los bosques de la India.

Sin embargo, reiterando pasadas experiencias, las autoridades forestales han seguido utilizando los fondos de la Forestación Compensatoria para establecer plantaciones (principalmente de monocultivos y especies comerciales) en tierras cultivadas por comunidades del bosques e incluso dentro de bosques comunitarios, lo que implica transgresiones a la autonomía y los derechos de las comunidades. Los monocultivos también han destruido biodiversidad, productos forestales no maderables y alimentos del bosque utilizados por las comunidades. También se están utilizando fondos de la Forestación Compensatoria para desalojar ilegalmente a tribus y otras comunidades del bosque de áreas protegidas como Reservas de Tigres, Parques Nacionales y Santuarios de vida salvaje.

Aunque bien se sabe que los fondos de la Forestación Compensatoria en manos de los funcionarios forestales solo pueden exacerbar la situación de angustia en la que están sumidas las comunidades del bosque, aún así el gobierno indio anuncia el dinero de la Forestación Compensatoria como una medida “amigable para las tribus”. Esto no solo es irónico sino que también deja de manifiesto el total desprecio del gobierno actual tanto por las realidades que se viven así como por la dignidad humana de las comunidades. A eso se agrega que el uso de fondos de la Forestación Compensatoria es legalmente obligatorio, y la asignación de dinero de ese fondo no puede tratarse bajo ninguna circunstancia como parte de un paquete económico destinado explícitamente al alivio de la pandemia del Covid-19.

Además de todo esto, se ha informado que en momentos de cuarentena el departamento forestal igualmente está llevando a cabo actividades de plantación así como desalojos de las comunidades. Hasta la fecha, estas denuncias incluyen: funcionarios forestales que talan bosques en Odisha, supuestamente para dar lugar al establecimiento de plantaciones (6); avisos de desalojo enviados a los habitantes de los bosques de Sikkim (7); en Madhya Pradesh (8), Gujrat (9), Manipur (10) y Odisha (11) las comunidades fueron desalojadas por la fuerza y sus casas fueron incendiadas y demolidas durante la cuarentena. Con esta nueva liberación de fondos, estos ataques seguramente se intensificarán.

Soumitra Ghosh
All India Forum of Forest Movements (AIFFM)

(Este artículo se basa en gran medida en un comunicado de prensa emitido conjuntamente por movimientos sociales y activistas indios el 17 de mayo y en un comunicado de prensa de la organización All India Forum of Forest Movements (AIFFFM) del 25 de marzo de 2020)

(1) Our Forests are not for Sale! Stop Privatizing India’s Forests!, comunicado de prensa de la organización All India Forum of Forest Movements (AIFFFM), 21 de septiembre de 2015
(2) Ghosh. S., Attack on India’s Forests and Forest Communities: Draft National Forest Policy 2018, Ground Xero, abril de 2018
(3) Down to Earth, Silence grips forest, mayo de 2020
(4) Departamento de información a la prensa, India, 14 mayo de 2020, Rs6000 crore employment push using CAMPA funds
(5) Business Standard, A Rs 56,000-cr afforestation fund threatens India’s indigenous communities, junio de 2019
(6) Sabrang, Odisha Forest Department cuts down traditional trees, destroys livelihoods of forest workers, mayo de 2020
(7) United News of India, Dzuluk forest dwellers served with eviction notice amid lockdown, seek justice from government, abril de 2020
(8) The Hindu, Tribals in M.P.’s Burhanpur say foresters burnt hut, junio de 2020
(9) Down to Earth, Covid-19: Gujarat forest department officials allegedly torched huts, fields, abril de 2020
(10) The People’s Chronicle, Eviction drive turns ugly as cops and locals clash, April 2020
(11) GroundXero, Odisha government’s relentless persecution of Adivasis continues even during the Lockdown, abril de 2020