Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Sigue el maquillaje verde: el FSC certifica las plantaciones de árboles industriales como bosques y la RSPO las plantaciones de palma aceitera como sostenibles

Desde hace más de 20 años, sistemas de certificación como el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) y la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) (1) han ayudado a las empresas de plantaciones a asegurar sus beneficios y proteger su reputación. ¿Cómo lo logran, cuando los impactos de las grandes plantaciones industriales de eucalipto, pino, acacia y palma aceitera son tan evidentes?

Cuando salen a la luz informes de empresas de plantaciones que han violado las normas del FSC y la RSPO, los sistemas de certificación derivan el caso a sus procesos internos de resolución de demandas y controversias, creados para manejar este tipo de situaciones. La referencia a estos procesos crea la falsa impresión de que sus sellos son confiables. El FSC y la RSPO venden el mensaje de que sus sellos reflejan exhaustivas evaluaciones en el terreno de las prácticas aplicadas en las plantaciones; de que los procesos de ‘múltiples partes interesadas’ a partir de los cuales surgieron las normas de certificación estaban abiertos a todas las partes interesadas; de que los productos que llevan su sello dan fe de que existieron condiciones de trabajo dignas en las plantaciones; y de que la expansión y el manejo de estas plantaciones de monocultivos a gran escala minimizan el daño a las comunidades y sus culturas y costumbres, así como al suelo, al agua, a la tierra y al paisaje. Este ‘mundo feliz’ de las plantaciones que se quiere vender está lejos de la realidad en la que viven las comunidades cercadas por plantaciones industriales de árboles a gran escala. La suya es una experiencia de un modelo de plantación industrial intrínsecamente insustentable y dañino que acapara tierras agrícolas de primera calidad, convierte bosques diversos en monocultivos, destruye y contamina fuentes de agua y causa graves daños a las comunidades locales, sus economías, culturas y costumbres. (2)

Sin embargo, la promesa de un ‘consumo verde’ es muy poderosa y atractiva en los mercados europeos, estadounidenses y urbanos de las llamadas economías emergentes, con un número creciente de compradores con conciencia ambiental. De hecho, la promesa de un “consumo verde” que hacen  los sellos de certificación de plantaciones del FSC y la RSPO es crucial para mantener el apoyo del consumidor a un modelo de producción y consumo excesivo y destructivo del que forman parte estas empresas de plantaciones. Estos sellos enmascaran la realidad de que las plantaciones que llevan el sello verde son parte de un modelo que es una de las causas estructurales de las crisis actuales, incluidas la del cambio climático, la degradación de los suelos y la mayor ola de extinción de la diversidad biológica (ver también el artículo “Por qué la RSPO facilita el acaparamiento de tierras para el aceite de palma” en el Boletín 219 del WRM, 2015).

Más mensajes propagandísticos engañosos

Si bien las páginas web y el material propagandístico tanto del FSC como de la RSPO presentan imágenes de pequeños productores, ambos sellos han demostrado ser particularmente útil para las grandes empresas. En agosto de 2017, la RSPO había certificado 2,46 millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera, con una producción de más de 11,7 millones de toneladas de aceite de palma certificado por la RSPO (alrededor del 19 por ciento del aceite de palma comercializado a nivel mundial). (3) Sólo el 12 por ciento de los volúmenes de aceite certificado por la RSPO en 2016 fue cultivado por pequeños productores que forman parte de sistemas de subcontratación de una empresa, o que están obligados a vender a alguna planta procesadora empresarial. Menos del 0,4 por ciento del aceite de palma certificado por la RSPO fue cultivado en plantaciones de pequeños agricultores independientes. (4) Las cifras de 2015 muestran la extrema concentración de la producción de aceite de palma certificado por la RSPO en manos de unos cuantos productores muy grandes: el 65 por ciento del suministro mundial de aceite de palma certificado por la RSPO fue producido por sólo 10 empresas. La gigante de plantaciones de palma aceitera, Sime Darby, produjo por sí sola el 25 por ciento del aceite de palma certificado por la RSPO en sus aproximadamente un millón de hectáreas de plantaciones certificadas (5).

Es posible que estas cifras no resulten una sorpresa, ya que si bien la certificación de la RSPO parece abarcativa y consensuada en el papel, “cuando se aplica, en gran medida favorece a tres grupos dominantes de las partes interesadas: las empresas del agronegocio dedicadas a la transformación, las ONG conservacionistas internacionales y los mayores productores de aceite de palma”. (5). Los compradores de aceite de palma, que dominan el comercio mundial del aceite de palma a los mercados de consumidores ‘verdes’ de Europa o Estados Unidos, poseen más del 80 por ciento de los votos en la Asamblea General de la RSPO. Entre los diez primeros países con membresía en la RSPO, sólo uno es un país productor de aceite de palma (Malasia), y entre los miembros ordinarios, los productores de palma aceitera son altamente superados por los procesadores y comerciantes de aceite de palma así como por compañías mundiales de alimentos, tales como Unilever. (4) El investigador Denis Ruysschaert señala que casi todas las ONG sociales y ambientales locales han abandonado la RSPO, y que no quedan actores locales en la Junta de Gobernadores de la RSPO desde que Sawit Watch, una red de organizaciones sociales indonesias, renunció en 2012. (5)

La situación es similar para el FSC, donde, en 2015, los certificados para ‘pequeños productores’ representan sólo el 4 por ciento del total de 198,6 millones de hectáreas de bosques y plantaciones certificados por el FSC. Cabe destacar también que el FSC define a los bosques como “una extensión de tierra dominada por árboles”. Con una definición como ésa seguramente no cause sorpresa que el FSC continúe maquillando de verde las plantaciones de árboles al incluirlas en las estadísticas como ‘bosques’ certificados por el FSC. De hecho, más de 17 millones de hectáreas de lo que el FSC comercializa como ‘bosques certificados por el FSC’ en su página de internet, debería ser etiquetado correctamente como plantaciones – en su gran mayoría seguramente plantaciones de árboles industriales a gran escala, que ocupan miles de hectáreas. De acuerdo al ‘paquete de información de mercado’ del FSC 2016/17, 9 por ciento del total del área certificada y 27 por ciento de los certificados de ‘manejo forestal’ son en realidad entregados a empresas de plantaciones, pero no por realizar un manejo forestal. Este número seguramente  está en el tope más bajo, ya que muchas áreas de plantación adicionales están incluidas en lo que el FSC llama ‘plantación mixta semi-natural y bosque natural’. (6)

Una consecuencia de este excesivo desequilibrio entre pequeños productores y actividades industriales a gran escala certificadas por el FSC o la RSPO es que la certificación, de hecho, permite a los grandes productores dominar este mercado ‘verde’ y consolidar aún más su dominio en el mercado mundial. Además, el sesgo de la certificación en favor de las plantaciones de árboles industriales crea la falsa impresión de que las empresas de plantaciones industriales actúan de una manera ambiental y socialmente más benigna que los pequeños productores cuyos productos no llevan estos sellos ‘verdes’.

Primero se certifica, después se pide poner fin a las infracciones

Tanto el FSC como la RSPO han creado impresionantes – y algunos dirían, intimidantemente largas – bibliotecas en línea llenas de documentos que explican sus respectivos Principios y Criterios y las diversas adaptaciones nacionales y otras decisiones de política vinculadas a la certificación. Pero esa cantidad de documentos no puede ocultar la laxitud de criterios y contradicciones inherentes que presentan. A pesar de los impactos negativos bien documentados de las plantaciones industriales de eucalipto, por ejemplo, sobre la diversidad biológica y el agua, (2) muchas de estas plantaciones han sido certificadas por el FSC por cumplir con su Principio 6 sobre “Valores e impactos ambientales”. En el papel, este principio exige que en las plantaciones certificadas se mantenga de forma efectiva la existencia continua de las especies y genotipos nativos que se dan de forma natural e impedir pérdidas de diversidad biológica; se protejan o restauren las corrientes y cuerpos de agua naturales, y se eviten los impactos negativos en la calidad y cantidad de agua, y se mitiguen y reparen los que se produzcan. Es difícil imaginar cómo cualquier plantación industrial de eucaliptos que busque obtener el máximo rendimiento y lucro pueda cumplir tal condición. Y aún así, miles de hectáreas de plantaciones industriales de árboles en Sudáfrica, Brasil y otros países llevan el sello del FSC.

Ambos sistemas de certificación han otorgado sellos a pesar de que los auditores hayan señalado la presencia de violaciones (‘incumplimiento’ en el lenguaje de los sistemas de certificación) de las normas de certificación. Esto es posible por el uso de una herramienta llamada “solicitud de acción correctiva”. Estas “solicitudes de acción correctiva” se emiten cuando el manejo de una plantación no cumple con los requisitos de certificación, pero que ya se ha emitido un certificado – o se haría en la brevedad -, independientemente de la violación. Dependiendo de la gravedad que dicha violación tuviera, los auditores podrían realizar otra visita para evaluar si se han adoptado algunas medidas para poner fin a la infracción de la norma. No obstante, un auditor eventualmente rebajará la calificación de la infracción de ‘importante’ a ‘menor’, posibilitando así que se emitiera o renovara la certificación a pesar de que se pudiera estar lejos de haber resuelto la violación.

Las “solicitudes de acción correctiva” son una herramienta conveniente para quienes reciben los sellos porque les permiten violar principios y criterios sin riesgo de perder fácilmente el certificado una vez que lo han recibido. Por lo tanto, pueden continuar publicitando sus actividades como si estuvieran cumpliendo con las normas internacionales de certificación cuando, de hecho, las están violando. Por ejemplo, un reciente informe de la ONG Mighty Earth, con sede en Estados Unidos, en colaboración con la ONG gabonesa Brainforest, revela que Olam, una empresa certificada por la RSPO, ha deforestado cerca de 20 mil hectáreas de bosques en Gabón en sus cuatro zonas de concesión desde 2012. (7) Podrían citarse muchos más ejemplos. (8)

En un artículo publicado en 2016, Marcus Colchester, Asesor Principal de Política de la ONG Forest Peoples Program, con sede en el Reino Unido, describe cómo a través del uso de las “solicitudes de acción correctiva” del sistema de la RSPO en Indonesia, “el acaparamiento de tierras a partir de concesiones impuestas sigue siendo la norma”. (4) Esto ocurre cuando, por ejemplo, las empresas se certifican según las normas de la RSPO antes de haber demostrado que cumplieron con el requisito de consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Además de violar el requisito de consentimiento previo, esta práctica también coloca a las comunidades en una posición muy débil para negar su consentimiento, porque la empresa ya tiene lo que quiere: el sello del FSC o la RSPO, que le asegura el acceso a los principales mercados de consumo. Aunque tanto el FSC como la RSPO han establecido mecanismos de reclamaciones que podrían ser utilizados en tales casos, las comunidades tendrían que hacer frente a un proceso complicado, agotador y en la mayoría de los casos insatisfactorio en cuanto a ver sus reclamaciones tomadas en cuenta una vez que se ha emitido un certificado. (9) En casi todos los casos en que las comunidades han presentado reclamaciones, han tenido que depender del apoyo externo de ONGs familiarizadas con el sistema de certificación que fueran capaces de proporcionarles recursos para acceder al sistema de reclamaciones y presentar las pruebas en la forma requerida por el sistema de certificación.

Después de enlentecer los mecanismos de resolución de conflictos por el mayor tiempo posible, las empresas renuncian a los certificados en lugar de resolver las violaciones

En su mayoría, los conflictos entre empresas y comunidades locales no están registrados como reclamaciones en los sistemas de certificación y continúan afectando la vida y los medios de subsistencia de las comunidades, a pesar de que la empresa tiene un sello “verde”. De las reclamaciones recogidas por los sistemas de certificación de la RSPO y el FSC, pocas son resueltas a satisfacción de las comunidades. Comparativamente, son muy pocos los casos en los que las empresas no logran que les rebajen la calificación de sus infracciones de ‘importante’ a ‘menor’ y que de esta forma la acción correctiva no interfiera con sus ganancias, o que una comunidad recupere el acceso a la tierra perdida por las plantaciones de una empresa. Cuando se ha dado esa situación, las empresas han preferido simplemente renunciar a su membresía del FSC o de la RSPO en lugar de cambiar sus prácticas. Un ejemplo reciente es la decisión de salir de la RSPO, adoptada a fines de 2016 por la compañía Plantaciones de Pucallpa, filial del Grupo Melka en Perú. La compañía fue sancionada por el panel de reclamaciones de la RSPO como consecuencia de la destrucción de más de 5 mil hectáreas de bosque, lo cual supone una violación de las normas de la RSPO. La organización Forest Peoples Programme emitió un comunicado de prensa con relación al anuncio de la empresa Plantaciones de Pucallpa de terminar con su membresía de la RSPO,  en el cual reflexiona: “Qué esperanza de justicia o reparación puede haber para las comunidades si las empresas pueden neutralizar una queja simplemente retirándose del RSPO.” Y pregunta: “¿Cuál es el valor real de este estándar de la industria si los miembros pueden simplemente retirarse cuando temen que el Panel de Denuncias pueda fallar en su contra?” (10)

Otro ejemplo es el de PT Asiatic Persada, una compañía indonesia propiedad de dos filiales de Wilmar – una de las mayores empresas del agronegocio en el mundo, con sede en Singapur. PT Asiatic Persada se había apoderado de tierras indígenas en Jambi, Indonesia, sin que mediara consentimiento o compensación alguna. Después de una disputa aparentemente interminable y de los esfuerzos de un panel de mediación para negociar una solución, la compañía llamó a la brigada local de la policía móvil, que expulsó a los pueblos indígenas de sus tierras, mientras que sus casas fueron destruidas con el equipo de los contratistas de la empresa. (11) Las reclamaciones continuaron, frente a lo cual Wilmar vendió su parte de PT Asiatic Persada en 2013, sin haber dado respuesta a ninguna de las violaciones de las normas de certificación ni al daño causado por la destrucción de casas en la aldea indígena. A pesar de haberse negado a asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios causados ​​por PT Asiatic Persada cuando sus filiales tenían una propiedad sustancial de la compañía, hasta el día de hoy Wilmar sigue siendo miembro certificado de la RSPO.

Nada nuevo, pero vale la pena reiterarlo

Actualmente existe un modelo de producción altamente concentrado y desigual que suministra tanto aceite vegetal como fibra barata para las industrias mundiales de la alimentación, la energía o la celulosa y el papel. La RSPO y el FSC no están trabajando para transformarlo en un modelo de producción local y a pequeña escala basado en principios de justicia agroecológica y social. Su práctica de certificación tampoco pretende poner fin a la expansión continua de ese modelo de monocultivos industriales a gran escala con sus innumerables impactos negativos para las comunidades locales y su entorno sino más bien facilitarlo. Lo que buscan es aumentar la cuota de aceite de palma certificado por la RSPO y los productos madereros certificados por el FSC, y proteger los beneficios de las empresas ofreciéndoles un sello ‘verde’ para maquillar sus plantaciones de monocultivos industriales que son intrínsecamente insustentables.

En el pasado, numerosas ONGs sociales y ambientales, especialmente de los países industrializados, se enfocaron en denunciar la destrucción de los bosques por el establecimiento de plantaciones industriales de árboles, y en hacer visible, a través de acciones públicas, cómo estas empresas han contribuido a la deforestación tropical. Actualmente, esas acciones públicas han sido en gran parte reemplazadas por negociaciones con las empresas de la agroindustria y de la celulosa y el papel. En lugar de cuestionar el modelo subyacente de las plantaciones a gran escala controladas por un pequeño número de empresas transnacionales, legitiman esta concentración del control sobre las tierras comunitarias al discutir principios y criterios voluntarios de certificación con estas empresas. Pero, como hemos visto, si a las empresas no les gustan las sanciones impuestas por haber violado estas normas de certificación, pueden abandonarlas sin consecuencias. Esta participación conjunta de ONGs y empresas en los sistemas de certificación a menudo debilita las luchas de las comunidades locales, por ejemplo cuando las empresas dicen que “tenemos el apoyo de las ONG”. Por su parte, los bancos pueden seguir financiando la expansión del modelo de plantaciones destructivas aduciendo que financian solamente la expansión de las empresas que adhieren a la RSPO o al FSC (12). Sin embargo, la destrucción de los bosques y la violación de los derechos de las comunidades continúa allí donde hay plantaciones industriales de árboles, estén certificadas o no.

Jutta Kill, jutta [at] wrm.org.uy

Miembro de la secretaría internacional del WRM

(1) El FSC fue fundado en 1993 con la misión de “promover un manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo”. El FSC define por “ambientalmente apropiado” el manejo forestal que “garantiza que la forma en que se realice la recolección de madera y productos no maderables contribuya a mantener la biodiversidad, la productividad y los procesos ecológicos del bosque”. La RSPO fue fundada en 2001 como una iniciativa conjunta entre la industria del aceite de palma y algunas ONG internacionales, siendo WWF uno de los principales actores. De los más de 750 miembros que tiene actualmente la RSPO, sólo 13 son ONGs y el resto son empresas relacionadas con el comercio internacional del aceite de palma. La RSPO otorga certificados a productores de aceite de palma basándose en un conjunto de principios y criterios aprobados por los miembros de la RSPO y verificados en el terreno por auditores externos pagados por las empresas que solicitan la certificación.

(2) Ver, por ejemplo, la colección de materiales en http://wrm.org.uy/es/todas-las-campanas/dia-internacional-de-lucha-contra-los-monocultivos-de-arboles-2017/  y en http://wrm.org.uy/es/listado-por-temas/plantaciones-de-arboles/certificacion-3/

(3) Página web de la RSPO: Impacts. http://www.rspo.org/about/impacts

(4) M. Colchester, 2016. Do commodity certification systems uphold indigenous peoples’ rights? Lessons from the Round Table on Sustainable Palm Oil and Forest Stewardship Council. En: Pavel Castka et al. Certification and Biodiversity – How Voluntary Certification Standards impact biodiversity and human livelihoods. Policy Matters, Edición 21. http://bit.ly/2kH1H95

(5) D. Ruysschaert, 2016. The Impact of Global Palm Oil Certification on Transnational Governance, Human Livelihoods and Biodiversity Conservation. En: Pavel Castka et al. Certification and Biodiversity – How Voluntary Certification Standards impact biodiversity and human livelihoods. Policy Matters, Edición 21. http://bit.ly/2zfl7VS

(6) Paquete de información de mercado del FSC. An overview of the Forest Stewardship Council market developments, statistics, and trends. https://ic.fsc.org/en/for-business/fsc-tools/local-market-successes/fsc-market-info-pack

(7) Mighty Earth, 2016.  Palm Oil’s Black Box. How agribusiness giant Olam’s emergence as a major palm oil trader is putting forests in Southeast Asia and Gabon at risk. http://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/2016/07/Olam-technical-report_Dec-9_with-images_lowres1-002.pdf
Ver también el artículo en el Boletín 230 del WRM  “La estafa de las plantaciones de palma “verdes”: el caso de OLAM”, http://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/la-estafa-de-las-plantaciones-de-palma-verdes-el-caso-de-olam/

(8) Por más ejemplos ver la página web de FSC Watch: https://fsc-watch.com/

(9) WRM, 2013. “FSC: procedimientos de consulta y reclamación. El caso de Veracel Celulose en Brasil”. http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/procedimientos-de-consulta-y-reclamacion-del-fsc-el-caso-de-veracel-celulose-en-brasil/

(10) Condenan a Plantaciones de Pucallpa por destruir 5000 ha de bosques. https://www.servindi.org/24/05/2017/rspo-condena-plantaciones-de-pucallpa-por-su-destruccion-de-mas-de-5000ha-de-la-amazonia

(11) M. Colchester et al. 2011. Human rights abuses and land conflicts in the PT Asiatic Persada concession in Jambi: report of an independent investigation into land disputes and forced evictions in a palm oil estate. http://www.forestpeoples.org/en/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/human-rights-abuses-and-land-conflicts-pt-asiatic-persada-conc

(12) Greenpeace, 2017. Dirty bank’ cleaning up its act? http://geographical.co.uk/places/forests/item/2326-dirty-bank-cleaning-up-its-act