A lo largo de la historia, las zonas rurales han sido ocupadas de dos formas diferentes en Brasil. Una de ellas es la forma empresarial, capitalista y colonialista, que no es una forma nueva, pero que ha adquirido un nuevo impulso y nuevos métodos recientemente. La otra forma de ocupación del espacio agrario, anterior al modelo de producción capitalista, ha sido la agricultura campesina, que se basa en el modo de vida de los pueblos originarios y las poblaciones tradicionales.
La empresa capitalista ve a la propiedad de la tierra como un medio de producción para la reproducción y la acumulación de capital, o sea, se enfoca en las ganancias, y así, desarrolla las actividades productivas que generan más ingresos. Dicho modelo ha sido fuertemente amparado por los Estados, a través de programas públicos de compra de la producción, seguros, garantía de precios, créditos, infraestructura, etc. Para poder usufructuar de esas políticas de Estado, en algunos casos, la sola propiedad de la tierra ya garantiza ganancias, o sea, ni siquiera es necesario ponerla a producir.
Por otra parte, en la agricultura campesina, los pueblos originarios y las comunidades tradicionales centran la producción en la reproducción social de la comunidad. El trabajo lo desarrollan los propios miembros de la familia, que buscan la mayor diversidad posible de alimentos y desarrollan una agricultura que se integra al medio ambiente local. En este modelo de producción, que no cuenta con el apoyo de los Estados, las comunidades viven en condiciones precarias y no tienen acceso a los servicios básicos, debiendo enfrentar numerosas dificultades. Sin embargo, este es el modelo de producción que continúa alimentando al mundo y representa, hoy, a alrededor de 3 mil millones de personas.
Hasta hace poco, los grandes grupos económicos internacionales, las multinacionales y las transnacionales buscaban establecer el control de las cadenas de producción a través de insumos, como semillas, agrotóxicos, abonos, y a través del beneficio de la producción y su comercialización. Dicho proceso fue fuertemente incentivado por el aparato estatal, mediante universidades, centros de investigación, empresas estatales de asistencia técnica, subsidios, incentivos fiscales, etc., lo que demostró que el Estado trabaja para esos grandes grupos económicos. Sin embargo, la saturación de los mercados de capitales en los países llamados “centrales” y la inminencia de una crisis debida al carácter especulativo de esos capitales han llevado a nuevas inversiones masivas en el espacio agrario, sobretodo, de los países llamados “periféricos”.
Las empresas vienen a comprar tierras, a invertir en la producción de commodities, acumular ganancia, y vuelcan el capital invertido y las ganancias generadas a sus países de origen. Es un nuevo proceso de colonización y saqueo de los países del llamado Tercer Mundo, pero el discurso usado por las empresas es el de “producción sustentable”. Se trata de la última frontera de avance del modo de producción capitalista, por parte de la economía verde y las inversiones en la producción de energía para los países industrializados a través de la biomasa, caña, eucalipto, soja, palma africana, etc. El objetivo es acumular ganancias al continuar alimentando un modelo de consumo insustentable. Lo asombroso es que tales empresas son recibidas con alegría y entusiasmo por el Estado, que, en el caso de Brasil, incluso llega a lanzar un segundo plan de continuidad del llamado Programa de Aceleración del Crecimiento- PAC, con una previsión de inversiones de R$ 955 mil millones (cerca de US$ 530 mil millones), que incluyen R$ 465 mil millones para la producción de energía (en 104 proyectos) y R$104,5 mil millones en transportes (3.157 km. de vías férreas, puertos y aeropuertos), que son inversiones destinadas a mejorar la infraestructura a favor de la producción de esas empresas.
En el centro de esta situación en la que el aparato estatal está al servicio de ese modelo de producción y desarrollo, está en marcha, en el Congreso Nacional brasileño, con la omisión y/o la connivencia del ejecutivo, la reforma del código forestal, que tiene como telón de fondo la amnistía de delitos ambientales y la expansión de la frontera agrícola. También está en proceso acelerado la flexibilización de las leyes laborales en el campo mientras el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) que determina la inmediata expropiación de haciendas que tienen trabajo esclavo desde hace 10 años, no se vota en el Congreso.
También avanza en el Congreso Nacional el PEC-215 que le retira al ejecutivo la atribución de demarcar áreas de pueblos indígenas y comunidades quilombolas- una población tradicional de raíz africana-, y la pasa al legislativo. La aprobación significaría un enorme retroceso para la demarcación de las tierras indígenas y quilombolas, si se considera el carácter conservador del Congreso en el que la mayoría de los parlamentarios o son latifundistas o tienen relación directa con ellos. Y por último, las comunidades quilombolas, con derechos territoriales garantizados en la Constitución, luchan contra una acción en la Suprema Corte del país que pretende anular el decreto de 4.887/2003, que regula el proceso de demarcación de sus territorios.
La nueva fase del proceso de concentración de tierras tiene impactos directos en toda la humanidad, pero las consecuencias de ese proceso sobre las campesinas y campesinos, comunidades tradicionales y pueblos originarios son brutales, porque la expansión está ocurriendo en sus territorios. El aumento del precio de la tierra impide, por una parte, que las familias campesinas adquieran tierras y, por otro lado, las incentiva a vender sus parcelas, expulsándolas del campo, ya sea por obras de infraestructura o por la expansión de la empresa capitalista.
El crecimiento de la producción de comodities, de agrocombustibles, de uso de agrotóxicos amenaza gravemente la soberanía alimentaria y la salud de la población. Además, se aplican agrotóxicos en detrimento de la producción de alimentos saludables, con agricultura de base agroecológica. Y cabe destacar que actualmente cerca de mil millones de personas tienen hambre crónica, 800 millones viven en situación de inseguridad alimentaria y cada 5 minutos muere un niño por desnutrición. ¿Quién producirá alimentos para todas esas personas si la empresa capitalista sigue avanzando sobre las tierras de los campesinos? El resultado lógico es la disminución de la producción de alimentos, y, como consecuencia, el aumento de precios y aumento del hambre.
Otro grave riesgo que corremos debido a una agricultura de gran escala y especializada es la reducción y concentración de la alimentación humana en pocos productos: “… en la actualidad, de las 50 mil plantas usadas como alimento mundialmente, se utilizan de forma importante 200, se comercializan 100, pero el 80% de los alimentos provienen de 20 cultivos, y de esos el trigo, el arroz, el maíz y la soja representan más del 85% del consumo de granos; (Guterres, 2006)”. ¿Cuáles son las consecuencias de esa alimentación concentrada para la salud humana?
Y, por último, las producciones en gran escala en países tropicales, que tienen alta diversidad, implican disfunciones en el ambiente convirtiendo simples insectos en potentes plagas, creando hongos y bacterias que provocan enfermedades graves. La solución usada es el uso intensivo de agrotóxicos que ha causado desastres ambientales, contaminación de los alimentos y generado una serie de enfermedades neurológicas, cáncer, malformación de fetos, etc.
La sociedad necesita adoptar una posición antes que sea tarde. Las comunidades rurales, que son guardianas de la vida, están amenazadas, y traban luchas de resistencia, de enfrentamiento. En cada punto de avance del capital hay resistencia, pero el enfrentamiento a ese modelo de producción necesita adquirir carácter global. Esta es una lucha de todos, no es solo de las poblaciones que viven en el campo. Contamos con todos y todas en la lucha y en la construcción de otro mundo posible.
¡¡¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!!!
Por: Raul Krauser, Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), miembro de La Vía Campesina, Brasil
Guterres, Ivani, “Agroecologia militante: contribuciones de Enio Guterres”, Ivani Guterres, 1. Ed – São Paulo: Expreción popular 2006.
Participa en la acción contra la aprobación de la PEC215, citada en este artigo, a través de la solicitud on-line http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N22454 y otra petición on-line contra la revocación del decreto que regulamente la demarcación de las tierras quilombolas,http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2012N23370