“Gestión participativa: situación en la cual al menos dos actores sociales negocian, definen y garantizan entre ellos un reparto equitativo de las funciones, los derechos y las responsabilidades de gestión de un territorio, una zona o un conjunto dado de recursos naturales.” (Borrini-Feyerabend et al., 2000)
En los países de África Central, se constata desde 1990 la implementación de programas cuyo fin es demostrar que las áreas protegidas pueden ser manejadas de modo más eficaz si se aplica un enfoque participativo. Esta preocupación tiene tres motivaciones principales:
– la certeza de las limitaciones, si no del fracaso, de las políticas para la gestión de espacios protegidos que implican la exclusión de ciertos actores, los cuales figuran sin embargo entre los más importantes;
– la búsqueda de políticas alternativas;
– la voluntad de promover la adopción de “normas de gestión” de las áreas protegidas formuladas con la participación efectiva del conjunto de los actores concernidos. Se supone que la participación garantizará el respeto de dichas normas y la “durabilidad” de dichos espacios.
Enfoques idealizados
Hoy en día, casi todas las políticas, legislaciones, decisiones y actividades de África Central relacionadas con el manejo de las áreas protegidas mencionan la gestión participativa. Se diría que el hecho de adjuntar el calificativo “participativo” a los procesos decisorios indica que los administradores de las áreas protegidas poseen los conocimientos, la pericia y la “modernidad” requeridos para resolver los problemas.
Este concepto llegó a los responsables de las áreas protegidas cuando fue publicada la Serie de análisis medioambientales preparatorios del programa ECOFAC [1], y se propagó luego como reguero de pólvora entre los investigadores teóricos y los de campo, tales como Grazia Borrini-Feyerabend, Alain Karsenty, Jean Claude Nguinguiri, Vincent Ndangang, Norbert Gami, Michael B. Vabi, Tchala Abina, Aurélien Mofouma y Zéphirin Mogba, que recorren las áreas protegidas cargando al hombro herramientas y procedimientos para facilitar el proceso de cogestión. Los productos intelectuales y técnicos (informes, publicaciones, métodos, intervenciones en conferencias y seminarios, etc.) que resultan de sus actividades pasan a integrar los programas de las administraciones de áreas protegidas.
Contenido de los productos
¿Pero qué decir del contenido de esos productos? En primer lugar, hay que aclarar que, como antes, las poblaciones que viven en las áreas protegidas y sus alrededores son examinadas, explicadas, presentadas, representadas e interpretadas en una multitud de discursos y bajo diferentes ángulos: histórico, demográfico, antropológico, sociocultural, socioeconómico, etc. Esos estudios, si bien son necesarios porque aportan datos básicos para las actividades de desarrollo y de conservación de la diversidad biológica [2], no siempre son directamente aplicables al desarrollo o a la conservación. La simple descripción de hechos, que es lo que son en su mayoría, no basta para hacer tomar conciencia de la necesidad de los cambios previstos (las realidades de la conservación de la diversidad biológica, de la mejora del nivel de vida de las poblaciones, de la cogestión de los recursos naturales).
En segundo lugar, los programas de conservación de áreas protegidas pretenden ser los artífices de la participación de los pueblos en la gestión de dichos espacios. El ECOFAC, por ejemplo, un programa regional financiado por la Comisión Europea, declara su intención de distanciarse de las orientaciones anteriores centradas en la protección de islotes boscosos frente a las poblaciones locales y, por consiguiente, “pretende implementar una política que asocie dichas poblaciones al manejo racional de los recursos con el fin de demostrarles que es de su interés salvaguardar esos ambientes a largo plazo”. Desde esta perspectiva, plantea que la redistribución de los beneficios derivados de la conservación de los ecosistemas boscosos (salarios de los empleados del proyecto, ganancias generadas por el turismo o el turismo cinegético, empleos en el sector turístico o de apoyo al desarrollo rural) induce a las poblaciones a participar en la conservación de los recursos de las áreas protegidas. Y, en efecto, el programa ECOFAC paga mensualmente unos 10 millones de francos CFA por concepto de salarios en el Dja (Camerún) y 14 millones en el Parque Nacional de Odzala, apoya actividades económicas que supuestamente alivian la presión sobre los recursos de las áreas protegidas (pesca, agricultura, horticultura, agrosilvicultura, artesanía local, escultura en madera, carpintería, etc.), aplica técnicas con alta intensidad de mano de obra, promueve el empleo de materiales locales, rehabilita instalaciones sanitarias, escolares y viales (Vautherin, 1996), forma recursos humanos, los organiza en grupos y, gracias a él, las comunidades de Idongo-Da de la zona Norte de la República Centroafricana y las de la reserva de Lengui-Lengui en la República del Congo reciben respectivamente el 60% y el 30% de los ingresos por concepto de turismo.
Estos hechos asociados al programa ECOFAC suscitaron, principalmente en el PROGECAP, el reclutamiento de “ecoguardias” entre los cazadores comerciales, una medida de conservación brillante pero necesariamente precaria, dado que los proyectos son de corta duración y que nada impide que los ecoguardias retomen luego su anterior actividad (la caza comercial). También en estos casos existe la idea de que las poblaciones locales participan en la gestión de las áreas protegidas. Pero, si bien las comunidades participan en la gestión de las áreas protegidas por el hecho de sacar provecho de la conservación forestal, sólo negocian, definen y garantizan un reparto equitativo de las funciones, los derechos y las responsabilidades con las empresas forestales en la medida en que reciban parte de los beneficios de esta actividad (cánones de explotación, salarios de los empleados, etc.), lo cual no sucede. Como dice Shiva, no se puede calificar de gestión participativa un procedimiento que busca obtener el consentimiento de las poblaciones para la ejecución de programas de conservación pero que deja el control de todas las actividades en manos de agentes externos (los cuales pueden ser “expertos”, ONG, funcionarios estatales o todos ellos a la vez).
Conclusión
Debemos reconocer que los modelos anteriormente mencionados tienen ciertos méritos y que su difusión comenzó hace mucho tiempo. La reflexión debe centrarse en el presente y el futuro. A este respecto, no sería ni legítimo ni científicamente aceptable difundirlos inmediatamente en toda África Central. No sería legítimo porque en los últimos cincuenta años (por no remontarnos hasta la época colonial) han sido aplicadas varias estrategias, varias teorías, varias técnicas, etc., cuyos resultados no han sido los previstos. Al contrario, el sistema de áreas protegidas tiende a volverse entrópico: hoy en día, su principal característica es la desagregación, por la multiplicación de paradigmas y de organismos de gestión y por la falta de coherencia interna. Tampoco sería científicamente aceptable, porque con frecuencia se ha olvidado prever la etapa de transición entre el lugar de origen y el lugar de aplicación de las ideas, y poner a prueba su eficacia en un terreno limitado para conocer, entre otras cosas:
– la capacidad de las poblaciones de absorber nuevas actividades;
– el interés que dichas actividades despiertan en las poblaciones;
– la posibilidad de asociar las nuevas actividades a los conocimientos y saberes existentes, con el fin de disminuir la resistencia al cambio y aumentar el índice de aceptabilidad en materia de conservación de los ecosistemas;
– el aumento del esfuerzo que puede representar una nueva actividad con relación a las actividades habituales de recolección de recursos naturales;
– la rentabilidad de las nuevas actividades, desde el punto de vista primero campesino y luego nacional, así como el costo de las nuevas medidas de conservación o de desarrollo en cuanto a perturbaciones sociales o fracturas culturales, como sucedió, por ejemplo, con la implementación del proyecto Conkouati en la República del Congo.
Assitou Ndinga,
consultor independiente, BP 2298, Brazzaville, Congo, correo electrónico: ndinga_assitou@yahoo.fr. El artículo completo -en francés- está disponible en:
http://www.wrm.org.uy/countries/Africaspeaks/Gestion_Aires_Protegees_En_Afrique.pdf
[1] UICN, Documento de análisis medioambientales, África Central, 1988-1990-
[2] Información sobre las relaciones entre el medio humano y el medio natural: razones materiales para el empleo de recursos de la diversidad biológica (consumo humano o comercialización); frecuencia de la extracción de dichos recursos; razones de la elección tradicional de actividades, de las técnicas empleadas, de la composición actual de los pueblos y de las migraciones; tradiciones, usos, crecimiento demográfico, visión interna de la conservación, creencias, prohibiciones, percepción del proyecto por parte de las poblaciones, etc.