África se está transformando rápidamente en la Tierra Prometida para los poderes emergentes – como en los casos de Brasil, China e India – que intentan sobrepasar a los viejos poderes coloniales en la carrera por la riqueza de este continente. Al mismo tiempo, otros países comparativamente menos poderosos – como Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Corea del Sur, Finlandia y otros – están apropiándose de todo cuanto pueden – tierras de cultivo, bosques, mercados de carbono, mano de obra barata – en los espacios que los primeros dejan sin ocupar.
A medida que la paz se expande sobre este continente hasta hace poco azotado por la guerra, los gobiernos nacionales y extranjeros – del Norte y el Sur – generan oportunidades de acceso a los recursos naturales de África para empresas transnacionales. Las palabras clave utilizadas para esconder sus verdaderas intenciones – ganancias y saqueo – son: alivio de la pobreza, creación de empleo, asistencia médica, educación, desarrollo.
En este contexto, el Instituto de Desarrollo Sostenible de Liberia (SDI por su nombre en inglés) realizó del 27 al 29 de abril, en Monrovia, una muy oportuna “Conferencia Internacional sobre Derechos Comunitarios y Recursos Naturales”, organizada en conjunto con la Red Africana de Derechos Comunitarios (Africa Community Rights Network) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).
La reunión congregó a 35 representantes de comunidades de 9 condados de Liberia, delegados de ONGs de 10 países africanos (Camerún, República Centroafricana, Congo Brazzaville, Gabón, Ghana, Kenia, Liberia, Nigeria, Tanzania y Togo), así como participantes de Brasil, Costa Rica, Ecuador, Países Bajos, Reino Unido y Uruguay.
Los principales temas discutidos durante la reunión tuvieron que ver con la extracción de recursos naturales y los derechos comunitarios, enfocándose particularmente en el sector forestal e incluyendo el madereo industrial, las plantaciones de árboles a gran escala y el mercado de carbono vinculado a los bosques (REDD).
En el caso de Liberia, la organización anfitriona (SDI) había alertado recientemente que “existe evidencia convincente de que las actividades de madereo a gran escala, contrariamente a las expectativas generales, no alivian la pobreza ni crean puestos de trabajo decentes y seguros para las comunidades del bosque. De hecho, se ha comprobado que estas actividades exacerban la pobreza en las comunidades forestales y que además han participado directamente en el financiamiento de actores estatales y no estatales involucrados en conflictos violentos”. (1)
A pesar de la evidencia, el gobierno de Liberia está abriendo un tercio de los bosques del país – más de 1 millón de hectáreas – a la explotación industrial, lo cual ha generado gran preocupación entre las comunidades forestales que se verán afectadas por dicha actividad.
La situación fue discutida en la reunión de Monrovia y, luego de un fructífero intercambio de experiencias, los representantes de las comunidades liberianas produjeron una declaración (2) donde explican que, si bien “la nueva ley de reforma forestal de Liberia prevé la consulta a las comunidades locales y su participación libre e informada en los procesos de toma de decisiones relativas a sus recursos forestales … los procesos encaminados a la firma de acuerdos sociales entre las comunidades y los concesionarios no tuvieron en cuenta la participación informada de las comunidades afectadas…” La declaración agrega que “las comunidades locales han sido ignoradas reiteradamente acerca de las decisiones relativas al uso de sus recursos forestales”, y que “los poseedores de contratos y quienes gestionan los recursos forestales han violado sistemáticamente los derechos comunitarios y no han cumplido con el compromiso de asegurar los beneficios para la comunidad…”
Como resultado de ello, una de sus principales demandas fue “que los acuerdos sociales firmados entre las comunidades afectadas y los concesionarios sean renegociados”.
Por su parte, los miembros de la Red Africana de Derechos Comunitarios (ACRN) también emitieron una declaración (3) en la que exigen una serie de acciones urgentes en los países de la región, entre las que se encuentran las siguientes:
- Que la administración y el manejo de los recursos naturales deben estar centrados en los derechos comunitarios
- Que los gobiernos deben asegurar que existan leyes sobre derechos comunitarios y que, donde existan, sean plenamente implementadas y que el conocimiento sea accesible para las comunidades.
- Que los gobiernos deben asegurar el acceso a la información sobre manejo de los recursos naturales a las partes interesadas y sobre todo a las comunidades afectadas.
- Que el involucramiento de las comunidades debe basarse en el consentimiento libre, previo e informado.
- Que los gobiernos deben asegurar que las mujeres tengan iguales derechos y acceso, así como igual participación en el manejo de los recursos naturales.
- Que los gobiernos deben asegurar el pago de precios justos por la explotación de los recursos naturales de África.
La reunión también trató el tema de las plantaciones de árboles a gran escala – caucho, palma aceitera, eucalipto – así como el del mercado de carbono en general y REDD en particular, en lo relativo a sus posibles impactos sobre las comunidades locales africanas y sus derechos. En este sentido, la declaración comunitaria reclamó “que se hagan más consultas directas a las comunidades sobre temas emergentes como el Acuerdo de Participación Voluntaria, REDD, el comercio de carbono y las plantaciones a gran escala”.
Por su parte, la declaración de la ACRN “señaló la creciente cantidad de tierra que está siendo asignada a la plantación de monocultivos a gran escala en África durante los últimos años” y expresó que “habiendo notado los impactos negativos de las plantaciones a gran escala, apelamos a la vigilancia para proteger los medios de vida y el medio ambiente”. Al mismo tiempo, “señalaron que el comercio de carbono proporcionará la excusa perfecta para que los países industrializados del norte eludan su responsabilidad de reducir drásticamente sus emisiones de carbono” y por lo tanto rechazaron “el comercio de carbono como medio para financiar el manejo forestal sostenible”.
Tanto la declaración de las comunidades como la de ACRN muestran la diferencia abismal que existe entre el enfoque comunitario y el enfoque corporativo de la extracción de recursos naturales. Mientras el primero está centrado en los derechos de la comunidad, el segundo piensa en términos de acceso y apropiación de los recursos ajenos para generar ganancias. Mientras el primero puede asegurar beneficios a largo plazo para las comunidades forestales, el segundo resulta en pobreza creciente y en la destrucción de los recursos. Mientras el primero puede conservar los bosques, el segundo provoca su degradación y posterior substitución por monocultivos de árboles.
En tal contexto, el mensaje emitido por la Red Africana de Derechos Comunitarios es fuerte y claro: “Que la administración y el manejo de los recursos naturales deben estar centrados en los derechos comunitarios”.
(1) Liberia – The Promise Betrayed (La Promesa Traicionada), enero de 2010,
http://www.wrm.org.uy/countries/Liberia/Promise_Betrayed.pdf.
(2) http://www.wrm.org.uy/countries/Liberia/Position_statement.html.
(3) http://www.wrm.org.uy/countries/Liberia/Africa_Community_Rights.html.