La creación de “áreas protegidas” en todo el mundo se basa principalmente en una filosofía que tuvo su origen en Estados Unidos a finales de 1800, la cual dio origen a un movimiento que planteaba la creación de parques nacionales con el propósito de conservar zonas de gran belleza paisajística y maravillas naturales sin intervención humana. Esta visión estadounidense de “lo salvaje” - con elementos racistas y que a menudo ignora el papel fundamental que han cumplido los pueblos originarios en el cuidado de los bosques - se ha aplicado en muchas partes del mundo, con frecuentes efectos devastadores para las poblaciones locales que viven en los bosques. A pesar de estas realidades locales, la norma sigue siendo la protección verticalista de la flora y la fauna a punta de “armas y guardias”, separando vastas zonas donde se le prohíbe a las poblaciones locales el acceso y/o uso de los recursos naturales de los que han dependido durante largo tiempo. La planificación de la conservación sigue estando dominada por biólogos y ONGs conservacionistas internacionales, que suelen ignorar por completo las historias, el conocimiento y los medios de vida locales, así como los derechos sobre la tierra y su usufructo de las comunidades del lugar. En todo el mundo abundan testimonios que dan cuenta de la intolerancia y la coerción con las que los encargados de los parques tratan a los pueblos indígenas que viven dentro de las zonas de parque.
Áreas protegidas en la Cuenca del Congo
Las zonas amparadas con el estatus de Áreas Protegidas en la Cuenca del Congo han aumentado considerablemente en la última década, y todo indica que seguirán haciéndolo a medida que los gobiernos se apresuran a cumplir con los objetivos establecidos internacionalmente. Gabón y la República Democrática del Congo (RDC), por ejemplo, integraron estos objetivos a sus políticas nacionales, y en Camerún, la República Centroafricana (RCA) y la RDC, las zonas de bosque tropical bajo protección ya superan la meta internacional del 17 por ciento. Sin embargo, la separación de vastas zonas para la conservación en realidad representa una amenaza directa a los territorios tradicionales de las poblaciones indígenas y de otras comunidades que dependen de los bosques, amenazando así también su principal medio de subsistencia.
Ninguno de estos países reconoce de manera efectiva los derechos de propiedad comunitaria de la tierra (aunque todos ellos reconocen algún tipo de derechos de uso, que en la práctica se aplica muy mal). La mayoría de las Áreas Protegidas de la Cuenca del Congo formalmente son de propiedad del estado, aún cuando en la realidad su manejo depende casi totalmente de las comunidades locales y sus prácticas consuetudinarias. La designación de espacios para conservación implica, en los hechos, despojar de alguna forma a quienes dependen de los bosques, siendo lo más común el desplazamiento y la expulsión absoluta, así como la imposición de restricciones en los medios de vida y las actividades culturales.
Desde una perspectiva política, la creación de Áreas Protegidas en la Cuenca del Congo ha sido un instrumento de control territorial que comenzó en la época colonial, cuando se crearon zonas de caza para beneficio de las élites. Las poblaciones locales o bien fueron expulsadas o bien vieron severamente restringido el uso que podían hacer de esas tierras. Esa tendencia se mantuvo durante los gobiernos nacionales posteriores a la independencia, cuando gran parte de estas zonas de caza fueron reconocidas oficialmente como Áreas Protegidas. Varias de dichas áreas han sido designadas ahora como Parques Nacionales, estableciendo restricciones en materia de acceso y uso de los recursos, mientras que son muy pocas las reservas comunitarias o zonas indígenas de conservación.
Colonialismo, donantes y ONG conservacionistas
Los organismos gubernamentales a cargo de las Áreas Protegidas dependen en gran medida de los donantes internacionales y de las grandes organizaciones conservacionistas para la orientación estratégica y la contribución técnica, por no hablar de la financiación. Dos ejemplos de la RDC ilustran bien este punto. Uno de ellos es Virunga, un antiguo parque nacional africano establecido por el rey belga en 1925, “en gran medida como resultado de la incansable presión de un biólogo estadounidense”, según anuncia la página web oficial del parque. El segundo es el Parque Nacional Lomami, una zona actualmente en proceso de ser clasificada, también como resultado de la exitosa presión ejercida por científicos estadounidenses. El reciente ejemplo de Lomami - muy similar a la forma en que se ha designado más recientemente a la mayoría de las Áreas Protegidas de la región - muestra la persistencia de este modelo básico: los conservacionistas “occidentales” jugando un papel enormemente influyente en el establecimiento de Áreas Protegidas.
Aunque los Estados Unidos y la Unión Europea son los donantes más importantes en materia de conservación en la Cuenca del Congo, hay otros actores destacados, entre ellos la Iniciativa Noruega Internacional de Clima y Bosques (NICFI, por su sigla en inglés) - que presiona para que se pongan en práctica programas REDD+ en la región - y los gobiernos alemán y francés, así como el Banco Mundial. Las ONG conservacionistas internacionales son importantes receptoras de estos fondos (más allá de la financiación a la que acceden a través de otros medios, en particular del apoyo individual y empresarial). El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés) y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS, por su sigla en inglés) son, sin duda alguna, las dos organizaciones con mayor presencia en la región, aunque no son las únicas. Estas ONG tienen un enorme control sobre los flujos de información y son capaces de influir en las estrategias nacionales y regionales de conservación. A pesar de los cientos de millones de dólares asignados a los proyectos de conservación en la región en la última década, todavía hay pocas pruebas de que el conservacionismo haya tenido logros tangibles. Las Áreas Protegidas no logran ni siquiera llegar a sus propios objetivos de conservación, lo cual plantea dudas sobre la sustentabilidad del modelo actual de conservación en la región.
La participación de los gobiernos nacionales y las ONG locales en el diseño y la ejecución de los proyectos de conservación controlados por las grandes ONG conservacionistas extranjeras ha sido limitada. En consecuencia, la participación de las comunidades locales ha sido más limitada aún. Las comunidades locales de estas zonas son conscientes de esa influencia, y su relación con estos actores suele estar teñida por la desconfianza y el conflicto. Según el testimonio de un indígena del sur de Camerún: “La gente de ‘Dobi-dobi’ [WWF] tiene más dinero que nadie aquí. Trabajan con los más importantes de aquí: los évolués [las elites/los ricos], las industrias extractivas, los safaris e incluso con ministros de Yaoundé. Y los blancos están detrás de ellos, incluso el príncipe de Inglaterra (sic) y el Banco Mundial”.
Las Áreas Protegidas y las industrias extractivas
El modelo de conservación coexiste con un modelo de desarrollo basado en la extracción de los recursos, con evidentes efectos devastadores. Los programas de conservación a menudo han sido concebidos expresamente para no cuestionar estas actividades extractivas - en particular la explotación forestal, las concesiones mineras y petroleras, y la agroindustria, que cada vez más convierte áreas de bosque en plantaciones de palma aceitera y de caucho.
El estudio “Áreas Protegidas en la Cuenca del Congo: ¿Un fracaso para las comunidades y la biodiversidad?” (“Protected Areas in the Congo Basin: Failing both people and biodiversity?”), recientemente publicado por Rainforest Foundation UK, muestra cómo de las 34 Áreas Protegidas examinadas en la región, más de la mitad tiene concesiones mineras, cerca de la mitad tiene concesiones petroleras, y una reserva cuenta con tres concesiones madereras dentro de sus límites.
Áreas Protegidas y actividades extractivas en la Cuenca del Congo. Fuente: WRI / RFUK
Los actuales enfoques de conservación muestran importantes deficiencias en el abordaje de los impactos directos e indirectos de las actividades extractivas en los confines de las áreas protegidas. Por ejemplo, generalmente se percibe que la presencia de trabajadores migrantes conlleva un aumento importante de la presión sobre la caza y la pesca, así como la construcción de carreteras implica un aumento de la tala ilegal. Aún así, las ONG internacionales más importantes defienden públicamente su asociación con grandes empresas comerciales, y en lugar de ver esto como una contradicción (ya que también reconocen ampliamente sus impactos), lo describen como un medio de alcanzar sus propios objetivos. Tanto WWF como WCS, por ejemplo, se han “asociado” con algunas de las mayores empresas madereras de la región.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los pueblos y comunidades que dependen de los bosques cuando se establecen Áreas Protegidas en sus territorios?
Las Áreas Protegidas amenazan los medios de vida y el bienestar local: sin excepción, todas las comunidades que viven donde se llevó a cabo la investigación de campo del estudio de Rainforest Foundation UK asocian las Áreas Protegidas con un aumento de las adversidades. El menor acceso a los alimentos (que en algunos casos graves incluso ha provocado desnutrición) como a los productos del bosque está afectando directamente el bienestar de la población local. No se conoce (o no se ha reportado) que en algún caso se haya ofrecido algún tipo de compensación, ya sea por los desplazamientos o por la pérdida de los medios de vida y sustento.
Violación de los derechos humanos en las iniciativas de conservación: existe un enorme desfasaje entre las obligaciones, los principios y los compromisos de los gobiernos nacionales, los donantes y las ONG en materia de derechos humanos, y lo que ocurre realmente en los hechos. La negligencia es constante y en algunos casos hay una rotunda violación de los instrumentos que ofrecen a las comunidades locales e indígenas derechos sobre la tierra y los medios de vida y sustento, participación y consulta.
Los conflictos y abusos contra los derechos humanos en torno a las Áreas Protegidas están muy extendidos: en numerosos casos, las comunidades que viven en torno a las Áreas Protegidas de la región informan de abusos y otro tipo de violaciones de los derechos humanos, sobre todo por parte de los guardaparques o “eco-guardias”, lo que se suma a los impactos de la militarización de la zona. Los abusos están asociados generalmente con los métodos agresivos de persecución de la caza furtiva, que pone en la mira a las comunidades locales, aunque el impacto de la caza para subsistencia es insignificante comparado con la caza para abastecer los centros urbanos locales o los mercados internacionales. Las relaciones conflictivas con los “eco-guardias” se relacionan no solamente con las restricciones impuestas sino también con el frecuente comportamiento brutal que tienen con las comunidades locales, que incluye tortura, castigos crueles, detención arbitraria y confiscación de bienes, ingreso forzado, intimidación y violación sexual. Abundan las denuncias de abusos referidos a violencia física y destrucción de propiedades vinculado a los desalojos ocurridos para el establecimiento de parques.
Mientras las comunidades locales enfrentan severas restricciones a sus medios de vida, se toleran las actividades de las industrias extractivas: mientras los conservacionistas suelen percibir a las poblaciones locales como la mayor amenaza inmediata para las Áreas Protegidas, los gobiernos nacionales y ONGs internacionales toleran las actividades a gran escala mucho más perjudiciales de las industrias extractivas.
Los pueblos indígenas sufren de manera desproporcionada: todo indica que quienes más han sufrido son los pueblos indígenas, probablemente debido a su dependencia de la caza y de la extensión de sus territorios. Las zonas habitadas por pueblos indígenas suelen ser justamente las que los conservacionistas extranjeros actualmente perciben como aquéllas que tienen el mayor “valor en materia de biodiversidad”. Esta situación de vulnerabilidad significa que también están particularmente expuestas a los impactos del modelo de conservación. La mayor parte de los casos de desplazamiento registrados para el estudio involucraron a pueblos indígenas.
Participación y consulta a las comunidades locales casi inexistente: en sólo aproximadamente un tercio de las Áreas Protegidas analizadas en el estudio se consultó a las comunidades locales, y de esos casos, en sólo unos pocos se les dio participación en las decisiones de gestión. En su mayor parte el enfoque ha sido predominantemente el de imponer verticalmente estrictas restricciones en materia de acceso y uso de los recursos forestales, sin integrar las prácticas de conservación tradicionales o los conocimientos tradicionales. En la República del Congo y en la República Democrática del Congo se planea la realización de proyectos REDD+ a gran escala que abarcan parcialmente como mínimo el Parque Nacional Odzala-Kokoua y la reserva Tumba Lediima, respectivamente. Sin embargo, en ambos casos se han planteado serios temores de que estos planes avancen sin realizar las previas consultas adecuadas a las comunidades locales. Aparentemente ambos proyectos contienen disposiciones que en realidad podrían terminar despojando aún más a estos pueblos.
Conclusiones
En gran medida los esfuerzos de conservación en la Cuenca del Congo están fracasando en la protección de los bosques y la biodiversidad y tienen graves impactos negativos en las poblaciones locales. Por lo tanto, distan mucho de lo que podría considerarse justo o sustentable. Es necesario que exista un cambio fundamental en la forma de concebir e instrumentar la conservación en la Cuenca del Congo. La prioridad debería ser un fuerte compromiso con los pueblos locales para que mantengan su propia capacidad de conservar la naturaleza. Las comunidades locales e indígenas de la Cuenca del Congo tienen un conocimiento ecológico profundo y prácticas tradicionales de conservación, así como fuertes vínculos con la selva. Debería reconocerse el papel crucial de las instituciones de los gobiernos locales, y propiciar - no descartar - los múltiples lazos que conectan a dichas instituciones (es decir, los medios de vida, la cultura, la espiritualidad, la identidad) con sus entornos.
Simon Counsell, simonc@rainforestuk.org y Aili Pyhälä, aili.pyhala@helsinki.fi
Rainforest Foundation UK, http://www.rainforestfoundationuk.org
Este artículo se basa en el informe “Áreas Protegidas en la Cuenca del Congo: ¿Un fracaso para las comunidades y la biodiversidad?” (“Protected Areas in the Congo Basin: Failing both people and biodiversity?”), publicado por Rainforest Foundation UK, que presenta un estudio de 34 áreas protegidas en Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Gabón y la República del Congo, evaluando sus impactos en las comunidades y la biodiversidad. Para leer el informe completo (en inglés), ir a http://www.mappingforrights.org/files/38342-Rainforest-Foundation-Conservation-Study-Web-ready.pdf