Desde 1998 ONGs ambientalistas y sociales bolivianas e internacionales, así como representantes del sector académico, se han venido oponiendo al proyecto de construcción del gasoducto San Miguel-Cuiabá por parte de Enron-Shell. El mismo atravesará los territorios de Bolivia y Brasil, provocando un impacto ambiental negativo sobre el bosque tropical seco de Chiquitano en Bolivia. El mismo es el último remanente significativo en el mundo de bosque tropical seco primario. A pesar de la señalada oposición, en junio de 1999 OPIC (Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero) -una institución financiera descentralizada del gobierno de Estados Unidos - decidió dar su apoyo financiero al proyecto. Tal decisión fue tomada, según aduce OPIC, debido a que algunas organizaciones conservacionistas bolivianas, estadounidenses e internacionales habían negociado con los promotores del proyecto su apoyo al mismo si se implementaba un Plan de Conservación. Esta sorprendente actitud fue severamente cuestionada por varias ONGs bolivianas de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos (ver Boletín 24 del WRM).
Por fortuna, algunas de esas ONGs parecen haberse dado cuenta del error y recientemente WWF anunció que no seguiría apoyando el mencionado Plan de Conservación. Tal decisión es el resultado directo del trabajo de las ONGs que han mostrado su preocupación por el asunto, y que se oponen al "maquillaje verde" con que se estaba intentando disimular este insustentable proyecto de infraestructura. Es de esperar que el nuevo enfoque de WWF respecto del tema colabore a convencer a la OPIC para que cambie su posición sobre el financiamiento del proyecto.
Fuente: Drillbits & Tailings (versión en castellano), 4-15, 25/9/99.