Todo lo que sucede en Brasil en relación con los bosques puede ser considerado de importancia, teniendo en cuenta su enorme superficie, la diversidad de bosques presentes en su territorio y los opuestos intereses que están en juego.
El 29 de marzo ppdo. la CONAMA (Comisión Nacional para el Medio Ambiente) aprobó una propuesta de Ley Forestal elaborada por su Comité Técnico y envió el proyecto al Ministro de Medio Ambiente, quien lo presentará en el Congreso Nacional. El documento final es el resultado de una ronda de 30 encuentros, de la que tomaron parte un total de 370 organizaciones de la sociedad civil y del sector industrial, así como delegaciones de los gobiernos federal y municipales. El proyecto de ley cuenta con el apoyo de organizaciones brasileñas de pequeños campesinos, sociales y ambientalistas, dado que el mismo incorpora algunos de sus principales reclamos y constituye un paso adelante hacia la democratización de la planificación y el uso de los recursos naturales en este país rico, paradójicamente lleno de pobres.
La propuesta ley forestal tiene una visión holística y establece vínculos con la Ley de Conservación Nr. 07/99 y con el Sistema Nacional de Recursos Hídricos aprobado por la Ley Nr. 9433/97, así como con la propia Constitución brasileña, haciendo posible que el estado cumpla con una serie de principios ambientales allí presentes. Asimismo, el proyecto incluye principios de tratados internacionales, como la convención CITES para la conservación de especies en peligro y la Convención de Diversidad Biológica.
No obstante, poderosos intereses están intentando minar esta iniciativa. El Consejo Nacional Agrícola (CNA), que representa los intereses de los grandes terratenientes, ha anunciado su oposición, aun cuando un miembro de dicha organización forma parte de la CONAMA y participó del entero proceso de discusión. Ya en noviembre de 1999 el CNA había influido sobre el gobierno para que éste presentara al parlamento un proyecto de Ley Forestal que, de haberse aprobado, habría colaborado a incrementar el proceso de destrucción y degradación que afecta a los bosques del país y a su gente. Afortunadamente este proyecto no fue considerado por el parlamento gracias a la movilización llevada a cabo por ONGs nacionales e internacionales y a la actitud asumida por la oposición, que se negó a tratar el tema (ver Boletín 29 del WRM).
Una comisión de la Cámara de Diputados ha presentado su propio proyecto al Ministro de Medio Ambiente, el cual difiere en varios puntos del propuesto por la CONAMA. Por ejemplo, las reservas legales en la región amazónica y el Cerrado ocuparían 50% y 20% de sus respectivos territorios, en tanto en el proyecto de la CONAMA estos porcentajes alcanzan 80% y 35% respectivamente. Además, este nuevo proyecto agrega algunas propuestas que favorecen los intereses de los grandes terratenientes, tales como la idea de que los dueños de predios cuyas reservas legales sobrepasen el límite establecido por la ley pueden "vender" esta porción a algún otro propietario, que no haya alcanzado el mínimo obligatorio. El absurdo de esta racionalidad basada en porcentajes permitiría, por ejemplo, que un terrateniente compre terrenos con bosque en una zona apartada y mantenga el mismo intocado, al tiempo que destruye completamente otros bosques localizados cerca de un centro de consumo. Por otra parte, el ponerle precios a la naturaleza y pensar que el mercado puede solucionar este tipo de situaciones no es sino un enfoque simplista e inútil.
Ahora están enfrentadas dos posiciones: por un lado, la del proyecto de la CONAMA que resultó de una negociación mediante un proceso abierto y participativo; por otro, el proyecto presentado por algunos diputados, influenciados por los grandes terratenientes y elaborado en un círculo pequeño y cerrado. Siendo así las cosas, Greenpeace Brasil ha lanzado una campaña internacional de apoyo al primero de los proyectos mencionados. L@s interesad@s en sumarse a esta campaña de apoyo al proyecto de la CONAMA pueden visitar la página.
Observatorio Ambiental Agropecuario MERCOSUR Nro. 10, 3/5/2000.