El año 2003 comenzó con la tonelada de cobre a 1.800 dólares. A principios de este año, el precio subió a aproximadamente USD 3.600, el doble del valor de 12 meses antes. El déficit en el abastecimiento de ese metal llegó a más de 500 mil toneladas. El escenario, completamente diferente al predominante en los últimos años, no podía ser mejor para el inicio de las operaciones en la mayor mina de cobre que jamás haya existido en Brasil. Inclusive antes de ser inaugurada oficialmente, lo que está previsto para fines de este mes con la presencia del presidente Lula, la mina de Sossego, en Canaã dos Carajás, en el Estado de Pará, ya está vendiendo.
La Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), dueña del yacimiento (uno de los cinco que posee en la Serra dos Carajás), realizó, al comienzo del mes, el primer embarque de concentrado de cobre por el puerto de Itaqui, en el Estado de Maranhão. Se embarcaron 16.500 toneladas de concentrado para la empresa alemana Norddeutsche. De esta forma, sin dejar de ser importador, Brasil se volvió exportador de cobre. Una fecha realmente histórica, a pesar de que haya transcurrido discretamente. Dentro de tres años, con la activación de los demás proyectos en Carajás, Brasil se encontrará entre los principales productores y exportadores mundiales.
La hazaña realizada por la CVRD, de producir y comercializar cobre inclusive antes de la inauguración del emprendimiento, quedó empañada por otro hecho: la constatación de que la empresa cometió el primer delito ambiental en el área. Agentes del IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) constataron, el día 26 de mayo, el lanzamiento de gran cantidad de deshechos, producidos durante la concentración del mineral, en el área de la Floresta Nacional de Carajás. Los residuos, sin ningún tratamiento previo para reducir su composición agresiva, contaminaron el suelo, que tampoco tenía ningún tipo de impermeabilización.
Una vez caracterizada la agresión ecológica, la empresa fue multada por dos millones de reales (USD 700.000), sanción agravada por el hecho de que la CVRD no haya cumplido con las condiciones impuestas por el IBAMA cuando le concedió autorización para deforestar el área utilizada por la minería. En el comienzo, representantes de la CVRD trataron inclusive de impugnar la sanción, pero la empresa terminó reconociendo el error cuando decidió no presentar recurso contra la decisión del IBAMA.
La empresa admitió haber subestimado el volumen de deshechos resultantes del procesamiento del mineral, que terminó superando el límite previsto. Pero alegó que el área de bosque contaminado estaba incluido en el área que el IBAMA la autorizara a deforestar en el año 2002, pero que ella no llegó a talar completamente (y que se dejó para este año porque la primera autorización ya había vencido).
Un alegato que no reduce el grado de la agresión: se causó menos impacto por un error de previsión del área de deforestación efectivamente necesaria para las actividades del proyecto; la CVRD provocó un daño mucho mayor cuando se equivocó en la previsión del volumen de deshechos. Aún más, por no haber cumplido los compromisos establecidos en la primera autorización de deforestación (lo que probablemente va a requerir una segunda autorización, ya en otra coyuntura).
Este doble error, con efectos positivos (involuntarios) o negativos (conscientes) revela un margen preocupante de imprecisión y falta de pericia en la operativa de la empresa, tal vez provocada por la prisa en dar inicio al emprendimiento para aprovechar las excelentes condiciones del mercado, abreviando el retorno de la inversión hecha en Sossego, de 423 millones de dólares.
Es preciso aclarar si el accidente fue una fatalidad o un imprevisto, o si la CVRD decidió asumir el riesgo en función de sus compromisos comerciales, que tal vez compensen varias veces la multa, que además puede ser transformada mediante un documento de ajuste de comportamiento, en convenio para la inversión del dinero en obras y servicios de interés del IBAMA o de la acción del gobierno en el sector. Además de la sanción a la empresa, el IBAMA tiene que hacer una rigurosa reconstrucción del episodio para que no vuelva a repetirse. La inacción, la connivencia o un examen limitado puede ser interpretado como complicidad con la actividad minera más agresiva que se haya implantado hasta este momento en la Amazonia, que es la beneficiación del cobre, tan o más grave que la minería del oro.
Esa gravedad no se expresó en la “Nota aclaratoria” que la CVRD divulgó cuatro días después del anuncio de la multa. Escondiendo más que revelando, la nota se limitaba a decir que los deshechos habían alcanzado un área que, aún no habiendo sido deforestada, “forma parte del área útil de la represa” y que “por lo tanto, no existió ningún daño ambiental en esa región”. Agregaba que la compañía estaba “realizando el nuevo relevamiento topográfico que servirá de base para la renovación del permiso de deforestación”.
La evaluación de la existencia o no del daño ambiental es el paso siguiente al hecho ya caracterizado: el delito ambiental. Puede ser que las inspecciones terminen llegando a la misma conclusión que la CVRD: que el área contaminada por los deshechos tendrá que ser deforestada porque la minería precisa de la misma. Pero hasta ese momento, el dato incuestionable es que la empresa previó mal el volumen de deshechos y los depositó en un lugar que no estaba autorizado legalmente con ese fin.
Tal vez en el futuro también se llegue a otra constatación: que el Bosque Nacional de Carajás es inconciliable con el uso económico que le fue dado. El bosque fue creado como un cinturón de protección de emergencia (y de oportunidad) contra los invasores de Carajás, que deforestaron casi todas las áreas del entorno de la provincia mineral, la mayor del planeta. Ahora la criatura puede volverse contra el creador: el bosque nacional, como unidad de conservación, ¿estará siempre amenazado por la minería de cobre, por una inadecuación originaria? Es la pregunta que cabe responder. Preferentemente, en forma urgente.
Por: Lúcio Flávio Pinto, junio 2004, correo electrónico: jornal@amazon.com.br